La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) denunció este jueves que entre el 1 y el 30 de septiembre documentó 30 feminicidios consumados y 11 intentos frustrados, lo que representa en promedio una acción de esta naturaleza contra la mujer cada 18 horas.
«63,4% de las víctimas tenían un rango de edad de 19 a 48 años y 2 de ellas estaban embarazadas. Los crímenes ocurrieron 23,3% en Miranda, 16,7% en Caracas, 10% en Aragua y 10% en Sucre», precisó en nota de prensa.
La organización señaló que como consecuencia de esos crímenes, siete niños quedaron huérfanos y en uno de los casos uno de ellos fue testigo presencial de la muerte violenta de su madre.
Cepaz indicó que en 66,7% de los casos no se estableció la edad del agresor y que 23,3% de los victimarios tienen edades comprendidas entre 36 y 51 años.
Además, en tres de los casos reportados el agresor está presuntamente vinculado con una organización criminal.
«En cuanto a la detención del agresor, 66,7% está en situación de fuga. 10% fue aprehendido a lo largo de la investigación policial y otro 10% muere en el contexto de los hechos. En tres de los casos el feminicida intentó suicidarse y uno de ellos lo intentó y no lo consiguió», añadió la organización.
Sobre los vínculos entre la víctima y el agresor, Cepaz encontró que en 30% de los casos había relación de pareja y exparejas.
Cepaz denuncia ausencia del Estado
«En lo que respecta a la aparente motivación del feminicidio, 13,3% de los casos refiere que la víctima había decidido separarse del agresor y 10% se trató de venganza por parte de organizaciones criminales. 6,7% de los hechos estuvieron precedidos de un arranque de celos o alegatos de infidelidad», señalaron.
Cepaz sostuvo que en 36,7% de las situaciones las mujeres mueren por disparos de bala, 13% asfixiadas o estranguladas y 10% acuchilladas.
La ONG se mostró preocupada por la «ausencia del Estado ante injusticias que cada vez se vuelven más atroces y que involucran niños, que, lastimosamente, han tenido que presenciar el asesinato de su progenitora, sin pensar en el daño psicológico que esto pueda causarle a futuro».
«Siguen sin existir políticas públicas que garanticen la seguridad de una mujer que se atreve a denunciar porque, en teoría, cuenta con una ley que ampara sus derechos, pero en la práctica las condiciones de desigualdad la colocan en una situación de indefensión que termina por poner fin a su vida», enfatizó.
De igual forma cuestionó que el Estado no publique cifras oficiales sobre feminicidio o violencia de género, lo que ayudaría a tomar medidas y generar políticas públicas.
«Más bien se dificulta cada vez más el acceso, tanto para la sociedad civil como para las propias víctimas», puntualizó Cepaz.