El centro de pensamiento Laboratorio de Paz denunció que la propuesta de ley en Venezuela, bajo el pretexto de combatir el fascismo y el neofascismo, parece tener como objetivo principal la penalización y represión de la oposición política y la disidencia.
Según un análisis de la organización, la norma, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional de 2020, podría representar un retroceso en materia de derechos humanos y un deterioro del espacio cívico en el país.
El proyecto de ley, presentado el martes por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, incluye 4 capítulos y 30 artículos. Establece «medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a agresiones de orden fascista».
Criminalizar cualquier forma de oposición política
El Laboratorio de Paz alerta acerca de definiciones amplias y arbitrarias de fascismo y neofascismo, lo que podría permitir la criminalización de cualquier forma de oposición. Además, critica las medidas que restringen la libertad de expresión y la actividad política, como la prohibición de mensajes considerados fascistas y la disolución de organizaciones que promuevan ciertas ideologías.
También advierte sobre la retroactividad de la ley, que busca penalizar conductas pasadas, lo que podría utilizarse para perseguir a personas y grupos que hayan participado en protestas opositoras.
El Laboratorio de Paz destacó la preocupación por el impacto negativo que esta ley tendría en los derechos humanos y en el espacio cívico en Venezuela.
Hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que intervengan y eviten la promulgación de esta propuesta de ley.
«La comunidad internacional, especialmente los organismos con mandato en protección a los derechos humanos, deben realizar todas las gestiones diplomáticas necesarias para evitar la promulgación definitiva de la propuesta», señaló.
Instó asimismo a garantizar el respeto a la libertad de expresión, reunión y asociación en el país, así como a proteger los derechos de la oposición política y de la sociedad civil.