El CIVICUS Monitor ha añadido a Venezuela a su lista de vigilancia de países que experimentan un reciente y rápido deterioro de las libertades cívicas fundamentales.
En vísperas de las elecciones presidenciales de 2024, el país ha sido testigo de una preocupante tendencia de detenciones arbitrarias, acoso a activistas y se han propuesto nuevas leyes restrictivas para socavar aún más las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
Una serie de sucesos inquietantes ilustran el cierre sistemático del espacio cívico en Venezuela, entre ellos la detención arbitraria y la desaparición forzada de la destacada activista de los derechos humanos Rocío San Miguel y de miembros de su familia.
San Miguel ha sido acusada de traición, conspiración, terrorismo y asociación. Su caso constituye un ejemplo de las tácticas que emplea el Gobierno para silenciar a la disidencia por motivos políticos. Sin embargo, a pesar de que no hay pruebas contra ella, San Miguel se encuentra detenida por su presunta participación “en la trama conspirativa e intento de magnicidio” del presidente Nicolás Maduro y de otros altos cargos.
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La instrumentalización de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de corta duración por el gobierno de Maduro se ha vuelto algo habitual. Además hay otros casos preocupantes, como los de la periodista Sebastiana Barráez y la abogada de los derechos humanos Tamara Suju, contra quienes la Fiscalía General emitió sendas órdenes de detención en enero de 2024.
Al mismo tiempo, el gobierno venezolano ha intensificado la represión contra las organizaciones de la sociedad civil (OSC) mediante la aprobación de leyes restrictivas y la suspensión de las actividades de organismos internacionales críticos con su labor.
La suspensión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 15 de febrero de 2024 ilustra claramente la voluntad del gobierno de reprimir la disidencia en las más altas instancias internacionales de rendición de cuentas. Esta decisión se produjo en respuesta a la preocupación manifestada por el Alto Comisionado respecto al uso de detenciones arbitrarias y de desapariciones forzadas en el país.
“Las recientes acciones del gobierno para arrestar a periodistas, activistas y personal directivo de las OSC bajo acusaciones dudosas ponen de manifiesto el incumplimiento flagrante a las libertades cívicas y al Estado de Derecho”, señaló Andrea Santacruz, miembro de la directiva de la organización nacional Civilis Derechos Humanos.
«La estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos y los grupos de la sociedad civil agrava el clima de miedo y autocensura, sofocando la disidencia y la participación democrática”, añadió.
El lanzamiento de la última Lista de Vigilancia de CIVICUS Monitor coincide con la 55ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (que tiene lugar del 26 de febrero al 5 de abril de 2024) y pone el foco en cinco países que experimentan un notable retroceso en sus libertades cívicas. Esta evaluación se realiza a partir de datos recopilados por CIVICUS Monitor en colaboración con organizaciones socias de investigación de todo el mundo. Además de Venezuela, la última Lista de Vigilancia también incorpora a Kirguistán, Palestina, Pakistán y Senegal.
CIVICUS Monitor califica actualmente el espacio cívico de Venezuela como «cerrado», la peor calificación que puede recibir un país. Tras su descenso de «represivo» en diciembre de 2023, Venezuela tiene la calificación más baja de Suramérica.
Con el fin de restringir todavía más las actividades de la sociedad civil, se están tramitando proyectos legislativos como la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, que otorgan amplios poderes al Gobierno para supervisar y sancionar a estas organizaciones: una facultad que supone una amenaza importante para su independencia y autonomía.
La libertad de expresión y la libertad de prensa también se enfrentan a retos considerables. Periodistas como Carlos Julio Rojas y Luis López han sido objeto de actos de intimidación y de acoso por su labor periodística.
También se han dado casos de amenazas en línea, actos de vigilancia y otras violaciones perpetradas por agentes del Estado. Asimismo, se han documentado numerosas violaciones de la libertad de prensa durante las elecciones primarias, referendos y otros actos clave de participación pública, así como cierres arbitrarios de emisoras de radio por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), lo cual ha puesto de relieve los obstáculos a la libertad de los medios de comunicación en el país.