Para hacer la Constitución de Venezuela de 1999, considerada en su momento la más avanzada del mundo, bastaron 9 meses. 18 años después, la asamblea se instauró a la fuerza con la promesa de redactar una nueva carta magna. Una meta que no cumplió luego de 40 meses de mandato incontestable.
La asamblea nacional constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas, comenzó a operar el 4 de agosto de 2017. Su instauración se dio pese al rechazo de buena parte de la comunidad internacional, que la acusa de ilegítima o fraudulenta. Sus más de 500 miembros no vacilaron para actuar de manera monolítica en defensa del régime y contra la oposición.
Ahora que la ANC se disolverá. En Venezuela, los venezolanos no tendrán la Constitución que les prometieron. Pero sí una estela de leyes, designaciones y decisiones que quitaron los estorbos a la llamada revolución bolivariana, y dejaron al país aun más hundido en la crisis.
Sin Constitución
Los jefes de la constituyente afirmaron que el 28 de agosto de 2017 comenzaba la redacción de la nueva carta magna, una tarea especial. Para ello, los constituyentes decidieron, unilateralmente, alargarse el mandato de uno a 2 años, aunque terminaron ejerciendo su poder por más de 1.200 días.
Sin periodicidad fija, la ANC realizó decenas de sesiones formales y reuniones privadas en las que se marcó el rumbo político del país. Mientras, quedaba fuera de la agenda cualquier aspecto relacionado con la redacción de una nueva Constitución, el propósito central para el que se convocó este cuerpo.
Al responder preguntas sobre este particular, los integrantes de la ANC insistían en que ese proceso iba avanzando, aunque nunca se ventilaron en el pleno detalles del proyecto.
Hoy es un hecho que no habrá un nuevo texto fundacional, pues así lo afirmó la ANC, que ahora ofrece solo un «patrimonio». Lo ofrecen en alusión a un supuesto «perfeccionamiento» de la Constitución que sigue sin conocerse pero que se usará cuando tenga que ocurrir, o así lo dijo el constituyente Herman Escarrá.
Así, la cuestionada ANC, que se instauró sin referendo consultivo previo, tampoco llamará a referendo aprobatorio. Luego de 3 años y 4 meses en los que hizo lo que le dio la gana y sin resistencia no tiene nada que consultarle al país.
Cortar cabezas
Entre lo que sí hizo la Constituyente destaca su empeño por cortar las cabezas que eran incómodas para la revolución. La primera de ellas fue la de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, que se volvió una férrea crítica del régimen quien la destituyó en la segunda sesión de la ANC.
Aunque para llevar a cabo esta operación se requiere el apoyo de varias instituciones, la ANC aseguró entonces que podía removerla de su cargo. Afirmó que podía hacer prácticamente cualquier cosa sin consultarle a nadie porque sus decisiones emanan de un cuerpo plenipotenciario y en el que reside, como ningún otro, la «soberanía popular».
Bajo esa premisa, esta asamblea levantó la inmunidad parlamentaria de una treintena de diputados opositores y les negó a todos el derecho al correspondiente antejuicio de mérito. Afirmaron que, en consonancia con el Poder Judicial, todos estos legisladores incurrieron en delitos comunes.
El líder opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, fue uno de los desaforados por la ANC. La institución lo señaló de varios delitos y pidió a la Justicia actuar en su contra, algo que no se tradujo en prisión hasta ahora.
Un segundo Parlamento
Los constituyentes llegaron para anular el trabajo de los diputados. Las tareas que la Constitución consagra como exclusivas del Parlamento de Venezuela las confiscaron la ANC.
Entonces, este órgano completamente fiel al chavismo, se encargó de elaborar los presupuestos del Estado. También se encargó de hacer una aparente contraloría al Ejecutivo que no reveló ninguna irregularidad y de redactar leyes, ninguna de las tareas para las que se convocó esta asamblea.
El último balance de gestión indica que la ANC promulgó 14 leyes, 98 decretos, 84 acuerdos y 40 «actos de otra naturaleza». Es decir, 236 acciones que no eran su objetivo principal con la Constitución nueva y que arrebataron las competencias de otras instituciones públicas en Venezuela.
Por ejemplo, la constituyente, que obligó a los poderes del Estado a subordinársele, convocó a cuatro procesos electorales en menos de tres años y medio. Entre ellas, votaciones presidenciales, regionales, municipales y legislativas que la oposición y una parte de la comunidad internacional cuestionaron.
Leyes chavistas
Sin ánimo de atenuar la confrontación política, las leyes aprobadas por el oficialismo constituyente atizaron las denuncias de autoritarismo por parte de la oposición. Este sector ve al Ejecutivo de Nicolás Maduro como una dictadura y a la ANC como el «adefesio» jurídico que le respalda.
Llamada entonces a blindar legalmente a la revolución bolivariana, la ANC aprobó una arbitraria ley contra el odio. El mandato establece penas de hasta 20 años de cárcel para quienes promuevan «delitos de odio», principalmente a través de las redes sociales.
La constituyente le dio a Maduro su ansiada reforma a la ley de la Fuerza Armada. Con el mandato la Milicia, un cuerpo de civiles fieles al chavismo y sin entrenamiento militar formal, pasó a formar parte de la institución, o mejor, a ser el mayor de los ejércitos del país.
Y más recientemente dio luz verde a la Ley Antibloqueo, un esquema propuesto por Maduro que le permite, teóricamente, desoír leyes y normas vigentes para burlar las sanciones económicas impuestas. El objetivo es atraer inversiones, algo plasmado en un papel, pero imposible en la práctica.
Todo este blindaje se aprobó sin discusión pues, además de la «paz» que pregona incesantemente, la ANC tenía prohibido dudar en su fidelidad a Maduro, el que le dio la vida.