El incendio ocurrido en un centro de detención en Ciudad Juárez, por el que murieron 40 migrantes hace dos semanas, entre ellos 7 venezolanos, fue consecuencia de las políticas de control inhumanas de México, enfocadas en la captura sistemática y en la imposición de barreras para evitar que las personas lleguen a Estados Unidos.
La investigadora venezolana Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para América Latina, y el abogado Carlos Lusverti, coordinador general de Amnistía Internacional en Venezuela lo advienten: otra tragedia puede ocurrir si el gobierno mexicano no implementa cambios estructurales y apegados a la defensa de los derechos humanos.
«Este terrible evento no es una casualidad sino el resultado de políticas migratorias reñidas con los derechos humanos y plagadas de corrupción en impunidad. Las autoridades mexicanas tienen la obligación de prevenir tragedias como esta y de actuar diligentemente para evitar consecuencias fatales», manifestó Lusverti.
Los expertos coincidieron en que las políticas de los gobiernos de México y Estados Unidos —y, en algunos casos, Canadá— están basadas en la militarización. También, en el uso generalizado de la detención por motivos de inmigración, expulsiones aceleradas y criminalización de defensores de los derechos de las personas migrantes.
«Por una parte, tenemos a Estados Unidos, que es el destino para la mayoría. Allí cerraron la puerta al derecho de solicitar asilo y han tomado medidas contra las personas de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. Por otra parte, está México, que acepta terminar implementando el muro que soñaba Donald Trump», dijo Jiménez.
¿Los dejaron morir?
La tragedia en Ciudad Juárez se pudo haber evitado.
Un video difundido en las redes sociales evidenció que hubo negligencia por parte de los custodios. Mientras se propagaban las llamas —que se iniciaron luego de que un migrante prendió fuego a unos colchones durante una posible protesta contra la deportación, según la información oficial—, los oficiales no abrieron las rejas para que pudieran salir las personas detenidas, que estaban recluidas en condiciones precarias y de hacinamiento.
Tanto WOLA como Amnistía Internacional exigen que se determinen las responsabilidades.
La presidenta del centro de estudios recordó que en México han ocurrido hechos graves y que por años migrantes y refugiados así como organismos internacionales y de la sociedad civil han denunciado la violación reiterada de los derechos humanos, tanto de quienes cruzan hacia Estados Unidos como de quienes deciden quedarse en México.
Amnistía Internacional, subrayó Lusverti, ha denunciado abusos policiales, tortura y otros malos tratos infligidos en los centros de detención de extranjeros en México y países de la región, como una muestra de que las autoridades aplican políticas regresivas que menoscababan los derechos de los refugiados y migrantes, en contravención de sus obligaciones conforme al derecho internacional.
«Pedimos a los gobiernos de la región que pongan fin a la detención arbitraria de personas refugiadas y migrantes por razón de su situación migratoria, y deben protegerlas frente a la devolución y las expulsiones masivas, y garantizar la atención de las necesidades básicas de protección de las personas migrantes y refugiadas», instó Lusverti.
Más de 280.000 detenidos en un año
En el último año, indicó el abogado, en México fueron recluidas cerca de 281.149 personas en los centros de detención de migrantes y expulsadas, al menos, 98.299, incluidos niños no acompañados. En 2022, el gobierno mexicano incorporó a la Guardia Nacional a las labores de control migratorio y profundizó la tendencia a la militarización de la seguridad, que la sociedad civil había denunciado desde hace años, agregó.
Jiménez señaló que en 2010 el mundo se sorprendió por el hallazgo de 72 cadáveres de migrantes en la ciudad de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, y que a pesar de que han pasado casi 13 años todavía no hay una sentencia.
«Ocurren crímenes muy graves sin que haya una resolución; ocurren y se perpetúan en una situación de impunidad. Después, ocurrió San Fernando II, 193 cuerpos; luego vino la Cadereyta, 49 torsos de personas migrantes encontradas, y así contamos masacres, tragedias, denuncias de violencia sexual, de secuestro, de desaparición de migrantes», manifestó.
Observó una variación de los flujos migratorios en la última década —en la masacre de San Fernando I, por ejemplo, las víctimas en su mayoría provenían de Centroamérica, pero desde 2021 buena parte sale desde Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití—. Pero criticó que la política mexicana de restricción, contención e impunidad no ha cambiado.
Cinco detenidos por el incendio
En el caso del incendio en Ciudad Juárez, cinco personas están detenidas por el incendio, según las autoridades mexicanas. Entre ellos está el migrante acusado de provocar el fuego, tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración y un vigilante privado.
Pero ¿se trata de una justicia genuina? Jiménez considera que esas acciones podrían terminar siendo solo «una curita en una herida».
Mientras que el representante de Amnistía Internacional señaló que las organizaciones de la sociedad civil han señalado que el incendio no es un hecho aislado sino el resultado de la impunidad, la corrupción y políticas migratorias violatorias de los derechos humanos.
Indicó que más de 300 migrantes han muerto en los últimos años y han pedido, como también lo ha recomendado Naciones Unidas, la creación de una comisión especial independiente para la investigación de estos hechos.
Lusverti mencionó la necesidad evitar las prácticas que conducen a la impunidad en un contexto como el de México, donde la Fiscalía de ese país tiene la responsabilidad de adelantar las investigaciones con la debida diligencia.
«Amnistía ha pedido que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva y transparente sobre las violaciones de derechos humanos, que se regularice la situación migratoria, se garantice plena reparación a las víctimas y sus familias y se identifiquen los cadáveres garantizando su repatriación de manera digna y sin costo», dijo.
Título 42 contra migrantes
Donald Trump aprovechó la emergencia causada por la pandemia de covid para aplicar el Título 42 para controlar la migración bajo la excusa de que se trataba de una norma pública de salud para prevenir la propagación, afirmó Jiménez. El expresidente estadounidense tenía una política xenófoba, pero la sorpresa ocurrió cuando el actual mandatario Joe Biden la extendió, aun cuando había prometido dejarlo sin efecto.
«Biden había prometido eliminar el Título 42, que le permite al gobierno expulsar personas cuando lleguen a la frontera sin necesidad de ofrecerles la posibilidad de solicitar asilo, que es lo que dice la ley en Estados Unidos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que Biden no solo deja el Título 42, a pesar de que en algún momento intentó quitarlo, las Cortes hicieron que lo restaurara, sino que Biden extendió para que se aplique a personas de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. Esto es verdaderamente decepcionante», expuso la activista.
México hace “el trabajo sucio”
Jiménez destacó que, pese a que se han tomado medidas, no se han enfocado en las raíces del problema: que México tiene como política la detención automática y acepta además hacer parte del trabajo sucio de Estados Unidos al recibir a las personas que deberían de tener la oportunidad de solicitar asilo y que, en cambio, son expulsadas.
«México colaboró con Estados Unidos en la aplicación de políticas que menoscababan el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución, así como con la expulsión sumaria de las personas migrantes. Esto incluso a pesar de sentencias de la Corte Suprema de México, que declaró la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias y la necesidad de publicar protocolos oficiales claros para proteger a las personas que regresaban a territorio mexicano conforme al plan Quédate en México», añadió Lusverti.
Buena parte de la migración, afirmó Jiménez, se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo que requiere de una política que le ofrezca atención.
«Si bien aplaudimos las investigaciones rápidas y que se emitan órdenes de detención, el tema es que el Instituto Nacional de Migración es un órgano corrupto, que se está volviendo más represivo, que no rinde cuentas y que además coordina la custodia y el resguardo de la frontera con instancias militares. En los centros de detención se han hecho protestas, no solo por muertos, sino por otras razones. Este es un sistema diseñado para obstaculizar los derechos humanos», alertó.
“Hace falta un nuevo enfoque”
Geoff Ramsey, miembro senior del Atlantic Council y exdirector de WOLA para Venezuela, dijo que la situación de los migrantes en México demuestra la importancia de una respuesta comprensiva internacional y de la necesidad de que se les otorguen documentos a los extranjeros.
«Vimos en Bruselas hace unas semanas unas promesas muy grandes de darle fondos a los países que responden a los venezolanos que siguen huyendo, pero hace falta un nuevo enfoque en las necesidades consulares en esa población. Ahora que el gobierno interno ya no existe, hay la necesidad de explorar nuevos mecanismos para darles documentación y atender las necesidades de esta población, que son 7 millones», señaló.
El analista manifestó que se debe apostar a la regularización venezolana y que considera que la ola masiva de la migración debe verse como una oportunidad para los países de la región y del mundo. Sin embargo, Ramsey ha observado que cada vez los gobiernos restringen el acceso a documentos y a recursos para entrar a la economía formal.
«Hay que pensar en la llegada masiva de migrantes y refugiados como una oportunidad económica para Estados Unidos y otros países de la región. Hay que abordar el tema de la migración desde una óptica hemisférica, que priorice los derechos de los migrantes y refugiados y que aproveche sus experiencias para brindarles el acceso a la economía formal», expuso.
La región tiene responsabilidad
La presidenta de WOLA considera que los países de la región tienen responsabilidad por el desplazamiento de su población, obligada a buscar mejores oportunidades en otros territorios. «Si una persona, familia, mujer, hombre o jóvenes tuviesen la posibilidad de hacer un proyecto de vida en sus países de origen, probablemente no cruzarían una frontera internacional para buscar una vida mejor en otro lugar», explicó.
«Son diferentes factores los que van impulsando a las personas a tomar decisiones que no hubiesen querido tomar porque cuando uno habla con cualquier migrante en una frontera, en un centro de detención, nos dice que no se hubiese querido ir de su país, pero no tenían opción. Por esa falta de opción tienen que responsabilizarse los países, por no haber generado condiciones para que esas familias o personas tuviesen derecho a quedarse en su país y hacer un proyecto de vida», enfatizó.
Migrantes, ciudadanos fantasmas
Jiménez, exdirectora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional en la Ciudad de México, afirmó que la migración de Venezuela es forzada. Y señaló que cuando entre 15% y 18% de la población sale de un país se evidencia que hay factores que se han profundizado y que son tan grandes que existe una emergencia de refugiados sin que se viva un conflicto armado interno, una guerra o una situación de hostilidad.
No cabe duda, manifestó la activista, de que la combinación de una emergencia humanitaria compleja y una crisis de derechos humanos —que también ha cobrado víctimas— hacen el caldo de cultivo para que se registre una migración de magnitudes como la de Venezuela. En muchos foros internacionales, agregó, las autoridades del chavismo han negado la magnitud de la situación y han insistido en que hay un proceso de retorno y no un proceso de salida.
«Es cierto que hay un proceso de retorno, pero los números son tan pocos comparados con los que salieron que termina siendo una tasa muy marginal de retorno y la explotan (desde el régimen) como si eso fuese lo importante; y pareciera que es un gobierno que considera a sus migrantes en el exterior como ciudadanos fantasmas, no existen. Hubo un incendio donde murieron varias personas, la comunidad internacional está en shock y el gobierno venezolano mantuvo silencio; hasta el de Nayib Bukele salió inmediatamente a exigir una investigación y el de Venezuela en silencio”, expresó la presidenta de WOLA.
Frialdad del régimen venezolano
Tres días después de la tragedia en Ciudad Juárez, el régimen venezolano, a través de su Embajada en México, publicó comunicado en el que omitió información importante que el país tenía derecho a conocer, como el número de fallecidos y heridos, qué tipo de apoyo brindaba a los familiares de las víctimas, qué acciones tomaría para repatriar los cuerpos, el seguimiento a las investigaciones y su exigencia.
Para Jiménez y Lusverti la respuesta oficial fue vergonzosa y lamentable.
«Se trata de venezolanos fallecidos, ese comunicado no refería sobre el estado de salud de los heridos, no indicaba cómo apoyará a los familiares que se encuentran en Venezuela, no refería a la repatriación de cuerpos y guardó silencio sobre la necesaria investigación que debería exigir a las autoridades mexicanas», consideró Lusverti.
«¿Por qué importan tan poco los venezolanos en el exterior?», preguntó Jiménez.
«Mi teoría es que importan poco porque la gran cantidad de refugiados fuera de Venezuela son el espejo de la crisis que hay dentro. Y como el gobierno intenta por todos los medios posibles limpiar su imagen e insistir en que el país está en una situación de total normalidad, necesita negar el reconocimiento a esas personas para evitar que sean el espejo de la verdadera realidad de Venezuela», agregó.
Más barreras, más riesgos
La defensora de derechos humanos recordó que la detención de personas migrantes que están en un contexto de movilidad humana debería ser el último recurso, como lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos. Esa política, advirtió, puede tener consecuencias lamentables, como lo demostró el incendio en Ciudad Juárez.
«Cuando le niegas su derecho a pedir asilo, que es lo que está haciendo Estados Unidos, las ponen en una situación de mayor riesgo porque intentan hacer cruce por zonas que son más peligrosas y porque continuarán buscando la manera de seguir su destino. Mientras más impongan barreras y menos implementen políticas migratorias basadas en los derechos humanos, mayor riesgo tendrá esa población que debería recibir protección», dijo Jiménez.
Venezuela en una crisis muy profunda
La presidenta de WOLA afirmó que Venezuela vive una crisis económica muy profunda, tanto en lo económico como en lo social. Y afirmó que si no hay un cambio de rumbo y si el país no se convierte en un lugar donde la gente pueda vivir, la migración continuará siendo una realidad porque se convierte en la única opción que tienen las personas para que sus familias se alimenten y tengan salud.
Para Amnistía Internacional, manifestó Lusverti, las crisis humanitarias y de derechos humanos que atraviesa la región han provocado aumentos bruscos en el número de personas que abandonaban su país en búsqueda de protección.
«En el caso venezolano, 7,2 millones de personas según la información más reciente, pero el número de quienes se marchan de Cuba y Haití también se ha incrementado, así como quienes huyen de Centroamérica, de la violación de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, de la erosión del Estado de derecho por gobiernos autoritarios», mencionó Lusverti.
Los gobiernos deben tomar medidas
Si esas condiciones no cambian, advirtió el abogado, las personas seguirán huyendo para buscar seguridad y protección. Dijo que los gobiernos deben tomar medidas —sin la detención arbitraria por motivos migratorios, la devolución y las expulsiones masivas, reiteró— para garantizar la atención de las necesidades básicas de protección, evitando establecer restricciones arbitrarias a la migración, combatiendo la impunidad, definiendo políticas contra la xenofobia y cooperando en conjunto para la atención de esas personas.
«Pero también, en su conjunto, cooperando en el restablecimiento del Estado de derecho y los derechos humanos en los países de origen, apoyando a los mecanismos internacionales de rendición de cuentas y exigiendo a los gobiernos de los países de origen el cumplimiento de todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», concluyó coordinador general de Amnistía Internacional en Venezuela.
Ramsey sugirió que Venezuela, si quiere reinsertarse en el escenario internacional, tiene que comportarse como un verdadero gobierno. Eso, indicó, empieza por brindar servicios consulares y diplomáticos a sus ciudadanos en el exterior. «Los hechos de los últimos días son una oportunidad para que el gobierno venezolano declare sobre los derechos de los venezolanos detenidos en México y otros países de la región», dijo.