Nueva Casarapa
Imagen del urbanismo Nueva Casarapa, en Guarenas. Foto: José Gregorio Meza

En varias parcelas del urbanismo Nueva Casarapa, en Guarenas, municipio Plaza del estado Miranda, la junta administradora está cobrando por los servicios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). La denuncia, hecha por los vecinos, fue divulgada por el periodista Martín Lobatón, del diario La Voz.

“Destacan en su denuncia que el cobro es inconsulto, por cuanto no fue una decisión tomada por los vecinos en asamblea, sino que las juntas de condominio acordaron de manera unilateral este cobro que no tiene nada que ver con los acostumbrados gastos comunes”, señaló.

A la redacción de El Nacional los vecinos enviaron uno de estos recibos, de la administradora del conjunto residencial La Molienda, en donde se especifica el pago a la PNB como gastos extraordinarios. Se indica que en mayo se aportó para la comida y logística, sin especificar, y para logística de comunicación.

El monto por estos dos conceptos alcanza 57,4 millones de bolívares.

Nueva Casarapa

Por medio de la cuenta @MueveteCasarapa manifestaron asimismo que las juntas de condominio no consultaron ese pago, como lo indica la ley: “Se extralimitaron. Eso no es parte de su ámbito de competencia legal”.

Señalaron que “cualquier apoyo logístico (comida y teléfono) a la PNB, al margen de impuestos, es contrario a un proceso de reinstitucionalización y normalización del país”.

Vecinos de Nueva Casarapa denuncian movimiento

Los vecinos denuncian además al Movimiento Procasarapa, del que señalan no conocer ni los condominios que agrupa ni las intenciones que tiene.

Este movimiento señala que agrupa las juntas generales de condominio y los vecinos organizados. Algunos propietarios indican que al ser un movimiento vecinal se excede en sus funciones.

“Porcasarapa siendo un movimiento vecinal, no le corresponde la toma de decisiones generales que afectan los intereses, bienes; y menos generar compromisos en nombre de todos los copropietarios de los diferentes conjuntos residenciales, aún con participación de algunas juntas”, señaló una usuaria identificada como @mariael82041573.

“Toda decisión, documento, compromiso, que adquiera Procasarapa es nula e ilegal hasta tanto no sea autorizada por los interesados, los copropietarios”, agregó.


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