Una venezolana murió el martes 23 de marzo mientras cruzaba a pie la abrupta frontera entre Chile y Bolivia, convirtiéndose así en la quinta migrante fallecida en un paso no habilitado en lo que va de año.
La víctima de 33 años de edad viajaba con su familia y había cruzado recientemente el paso fronterizo entre la pequeña localidad de Colchane (Chile) y Pisiga (Bolivia), en una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar.
Pese a las extremas temperaturas y a la pandemia del covid-19, esta parte de la frontera se ha convertido en los últimos meses en ruta para que extranjeros lleguen a Chile de manera irregular.
«Es la tercera muerte consecutiva en tres semanas y ya es la quinta víctima fatal en lo que va de año», dijo en declaraciones a la prensa local el alcalde de Colchane, Elías Mollo.
En febrero ingresaron más de un millar de extranjeros, principalmente venezolanos, lo que provocó desabastecimientos y enfrentamientos, además del colapso del sistema sanitario, que obligó a instalar campamentos de cuarentena preventiva para los migrantes.
«Se reitera el llamado a las autoridades de Chile y de Latinoamérica para poder redoblar los esfuerzos a esta situación de migración irregular», agregó el funcionario.
El gobierno chileno autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en ese punto de la frontera, donde son habituales los coyotes que cobran a los interesados por guiarlos para cruzar de un país a otro, mientras busca aprobar una nueva ley para facilitar las deportaciones.
En Chile, un país que hasta el inicio de las protestas de 2019 era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más de 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Chile tiene una de las leyes migratorias más antiguas de Latinoamérica, diseñada en 1975 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando apenas recibía migrantes.
En 2018, el actual mandatario, Sebastián Piñera, puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran establecerse legalmente, pero se han aprobado solo cerca de 27% de las solicitudes.