Un Mundo Sin Mordaza, organización no gubernamental presidida por Rodrigo Diamanti, presentó su Informe Anual de Libertad de Expresión en su edición 2022 que documenta, basado en registros y estudios de organizaciones aliadas, las denuncias de violaciones de la libertad de expresión ocurridas en Venezuela en 2021.
El informe tiene un complemento, el Reporte de Autocensura en Venezuela, que según averiguaciones del equipo investigador de Un Mundo Sin Mordaza revela que existe un deterioro generalizado de la libertad de expresión en América Latina, siendo Venezuela donde este retroceso supera en 2,5% el índice de los demás países.
También destaca el hecho de que 93% de la sociedad venezolana considera que no se puede ejercer plenamente la libertad de expresión en el país, y parte de la población estudiada (49,1%) afirma que en el país no existen garantías que permitan al individuo opinar libremente sobre asuntos públicos o políticos.
Las cifras del informe demuestran, según la abogada Luciana Denicio, un patrón de persecución y criminalización hacia el oficio periodístico, que solo podría ser reversible si los órganos rectores del gobierno deciden actuar a favor de los medios de comunicación, y no en detrimento de estos.
Es pertinente recordar que el año pasado Un Mundo Sin Mordaza realizó un primer informe que recopilaba 150 denuncias de violaciones durante los primeros seis meses 2021. Esta primera cifra creció en 314%, lo que se traduce en un total de al menos 471 casos de violaciones de este derecho universal en el país.
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— Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) March 8, 2022
Informe de Un Mundo Sin Mordaza
Esta nueva entrega del informe documentó 41 incidencias entre retenciones y detenciones arbitrarias tanto de periodistas como de particulares en el ejercicio de difusión y acceso libre a la información, con 20 periodistas y 21 civiles como víctimas.
Durante 2021 Un Mundo Sin Mordaza también registró un total de 87 actos de amenaza, hostigamiento, o agresiones hacia civiles y trabajadores de la prensa, ataques consistentes en amenazas por funcionarios a través de redes sociales, además de persecuciones, confiscación de equipos y material de trabajo, intimidaciones, amenazas, agresiones físicas, morales y psicológicas, entre otras.
En cuanto a los medios de comunicación tradicionales, se registró un total de 39 casos, dirigidos hacia canales de TV y estaciones de radio, en los que más de 50% de estos fueron censurados por medio de sanciones administrativas o judiciales.
En los medios digitales también se registraron 21 casos de bloqueos a páginas web y redes sociales. También se señalan seis casos directos, distribuidos así: uno hacia la sede del diario El Nacional a través de un embargo ejecutivo, dos ataques a medios televisivos (uno a la sede del canal Venevisión en Puerto Ordaz y otro a la sede de VPi en Caracas), dos a estaciones de radio (uno a la emisora de radio Rumbos 670 AM y otro a radio Selecta 102.7 FM). Por último, un incendio provocado contra la sede del Colegio Nacional de Periodistas en Cumaná, estado Sucre.
El Informe Anual de Libertad de Expresión ya está en línea, y puede ser descargado de manera gratuita para consulta y difusión.
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Con información de nota de prensa.