La Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) presentó este miércoles 17 de enero una propuesta con cinco líneas de trabajo que tiene como objetivo recuperar el sistema educativo venezolano, destruido tras años de poca inversión por parte del Estado.
La iniciativa, desarrollada por profesores, investigadores, egresados y estudiantes de la Escuela de Educación de la UCAB durante el segundo semestre de 2023, contempla un plan de emergencia para enfrentar la deserción y el rezago pedagógico, construir más de 24.000 escuelas, atender socioeconómicamente a los maestros y preparar a más de 250.000 docentes para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad.
«Es hora de salir del diagnóstico y pasar a la acción. La educación venezolana no aguanta más demagogia», señaló el director de la Escuela de Educación de la universidad, Carlos Calatrava, durante una rueda de prensa en la que advirtió que el sistema educativo del país se encuentra en una fase de crisis terminal.
Explicó que la propuesta se enmarca en la necesidad de establecer un nuevo contrato social en materia educativa que involucre a la sociedad educadora y no solo al Estado, de forma que el país adapte la educación a las dinámicas y demandas propias del siglo XXI, tal como ha sugerido la Unesco.
«Este nuevo contrato por la educación supone la construcción de una pedagogía organizada a partir de los principios de cooperación, colaboración y solidaridad; procesos formativos centrados en aprendizajes vinculados con lo ecológico, lo intercultural y lo interdisciplinario; mayor profesionalización de la tarea de educar; escuelas como espacios de mayor inclusión, equidad y bienestar; así como el fortalecimiento de oportunidades que permitan el verdadero desarrollo del principio de educación a lo largo de la vida», comentó en referencia a los planteamientos de Naciones Unidas.
¿Cuáles son las cinco líneas de trabajo de la propuesta?
La propuesta supone una lista de políticas públicas con soluciones económicas, sociales y curriculares, para enfrentar problemas como la salida del sistema educativo de unos 4 millones de niños y adolescentes menores de 18 años; la deserción y emigración de casi 200.000 docentes; las deficiencias de los planteles y el deterioro del nivel de aprendizaje de los alumnos.
«El objetivo es lograr avances concretos para el año 2030, con la posibilidad de prorrogarse hasta 2050», mencionó Calatrava.
En ese sentido, los expertos han propuesto cinco acciones concretas, medibles y ejecutables a corto y mediano plazo, para que Venezuela pueda garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos:
- Asegurar que los venezolanos entre 0 y 18 años se integren a la escuela y culminen los niveles obligatorios en un sistema educativo público pertinente, de calidad, en democracia y libertad para el año 2050.
- Mejorar la actual planta física escolar y construir 24.513 nuevas escuelas correspondientes a los niveles obligatorios para 2030, prorrogable hasta 2050, a fin de garantizar el ejercicio del derecho humano a la educación.
- Cumplir con una acción colaborativa de formación de educadores con las universidades e institutos pedagógicos del país, que permita el logro para 2030 de 255.374 nuevos profesionales.
- Ejecutar planes curriculares de formación para el trabajo de calidad integrados en la dinámica propia de la Educación Media venezolana, como vía para la vinculación pronta de hombres y mujeres al mundo productivo de acuerdo con las necesidades del país en 2050.
- Alcanzar para 2050 la plena integración escolar e inserción laboral de las personas con discapacidad sin más limitaciones que las asociadas al desarrollo de su potencial y las oportunidades presentes del entorno, con miras a la construcción de una cultura y políticas inclusivas.
¿Cómo alcanzar los objetivos de la propuesta?
Con respecto a la primera línea de acción, y siendo el sistema educativo venezolano uno de los grandes afectados directamente por la crisis económica del país, la propuesta plantea, a corto plazo, destinar 30% de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto de Sucesiones al sector educativo. Esto se lograría mediante una reforma del Código Orgánico Tributario y el establecimiento de previsiones en la Ley Orgánica de Presupuesto.
Calatrava indicó que la estrategia tributaria, además de garantizar una mayor autonomía en la captación de recursos, permitiría apuntalar el financiamiento de un programa nacional para abordar la emergencia educativa, con el objetivo de enfrentar la deserción escolar y el rezago pedagógico, así como la crisis salarial de los maestros.
Por otro lado, los expertos instan al Estado a descentralizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para una mejor interacción municipio-centro escolar, la geolocalización de necesidades nutricionales por entidad federal, y la asignación de recursos y materiales a partir de la incidencia de las necesidades de nutrición.
Pensando en los docentes, la propuesta llama a implementar un Sistema Nacional de Atención al Educador, orientado hacia la protección social de los maestros y profesores en ejercicio, con acciones como la asignación de un porcentaje fijo del presupuesto nacional del sector educación para protección del docente, la formalización de sus necesidades y demandas y la reactivación y mejoramiento de los servicios de previsión existentes. “Ello a través del redimensionamiento del actual Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación, Ipasme”, puntualizó Calatrava.
La Escuela ucabista también pide, en lo inmediato, crear un Programa de Educación Alternativa que, junto con adaptaciones curriculares y la incorporación de profesionales no docentes de áreas diversas de aprendizaje, atienda a la población de jóvenes fuera del sistema educativo, ofreciéndoles así diversas alternativas de estudio de acuerdo con sus circunstancias.
Para esta modalidad, que puede ser entendida como una evolución del parasistema, los educadores ucabistas han pensado en la creación de aulas híbridas (presencial-virtual) que alcanzarían 15% en cada municipio del país. Según lo establecido en la propuesta, el financiamiento de estas aulas se lograría a través de la creación de «fideicomisos con fondos de la banca privada y pública, que también ofrecerían a la población de estudiantes rezagados la posibilidad de contar con un programa de becas estudiantiles».
“La modalidad ya existe, se llama ‘Educación de Jóvenes y Adultos’. Lo que esperamos es dotarla de contenido, fondo y forma con el programa de Educación Alternativa”, puntualizó el profesor.
La propuesta insiste en la urgencia de reparar, actualizar y ampliar la red de planteles educativos. Para ello, instan a la incorporación en estas tareas de padres y adultos significativos de comunidades aledañas; la dotación descentralizada de servicios públicos esenciales a los centros escolares, con la participación de las propias escuelas en este proceso, y el involucramiento de la empresa privada en la construcción de nuevos locales, junto con el Ministerio de Educación, con mecanismos que garanticen la transparencia.
La Escuela de Educación de la UCAB considera necesaria la formación de 255.374 nuevos docentes, por lo que propone la actualización de las políticas nacionales de formación de educadores, mediante la identificación de la vigencia de los roles y funciones profesionales tradicionales de la carrera docente, así como los correspondientes a las nuevas realidades del país y el mundo, y la definición de nuevos lineamientos en conjunto con las universidades e instituciones relacionadas.
Como medida de emergencia, se recomienda la asignación inmediata del cargo de Docente I a todos los estudiantes de la carrera de educación del país, así como su incorporación en centros escolares en el mismo municipio donde cursan estudios universitarios.
A corto y mediano plazo, el proyecto establece la revisión y mejoramiento de los programas curriculares de la Educación Media Técnica; la consolidación de un sistema nacional de asesoramiento académico, vocacional y social para los estudiantes de bachillerato; la integración de al menos una opción de Educación Media Técnica en todos los liceos e institutos del país; el establecimiento de un sistema nacional de certificación para el trabajo, a partir de la recuperación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), y la puesta en marcha de un sistema nacional de prácticas laborales.
Respecto a la integración escolar e inserción laboral de las personas con discapacidad para el año 2050 (planteada en la quinta línea de acción), los expertos en educación inclusiva del equipo de la UCAB proponen identificar la diversidad presente en las aulas, diferenciando entre dificultades de aprendizaje y condiciones de discapacidad, con el fin de determinar las ayudas técnicas necesarias y la adecuación de las orientaciones didácticas necesarias tanto a nivel regional como a nivel nacional.
En ese sentido, la propuesta incluye la construcción de al menos 6.000 nuevos centros especialmente dedicados para la modalidad de educación especial.