La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro ordenó este viernes a la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A (Directv Venezuela) continuar de manera inmediata con la prestación de servicio de televisión por suscripción.
El ente oficialista también ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones tomar posesión inmediata de todos los bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación destinada a la prestación del servicio por suscripción gestionado por dicha empresa. Para ello, Conatel contará con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La decisión N° 0064-2020 de la Sala Constitucional señala que Conatel designará una Junta Administradora Ad-Hoc de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A, la cual estará presidida por su director general, Jorge Elieser Márquez Monsalve, quien tendrá las más amplias facultades de administración.
Además, la decisión acuerda la prohibición de salida del país a los integrantes de la junta directiva de la empresa Directv Venezuela. También se acordó medida de prohibición de enajenar y gravar de los bienes de los referidos ciudadanos, así como la inmovilización de cualquier tipo de cuenta bancaria o instrumento financiero de los cuales sean titulares.
La sentencia ordena a la Junta Administradora Ad-Hoc verificar inmediatamente la posible situación de cobranza que pudiera haber generado desde la cesasión del servicio, en cuyo supuesto debe informar de inmediato a la Sala Constitucional.
El TSJ chavista ordenó, además, a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario tomar las medidas pertinentes y proceder a los trámites administrativos correspondientes que generen la suspensión de los pagos por servicios no prestados por la empresa, incluidas las retenciones por vía de pagos automáticos y o descuentos en pagos domiciliados en tarjetas de crédito, débito u otra forma de pago.
Informó que las medidas cautelares acordadas se harán extensivas a todas aquellas operadoras de televisión por suscripción que de manera intempestiva suspendan la prestación de sus servicios.