El gobierno autoritario del presidente Nicolás Maduro tomó la sede de El Nacional, uno de los últimos periódicos independientes que quedan en el país, en una medida que podría poner en peligro los esfuerzos del régimen por mejorar las relaciones con Washington, informó The Wall Street Journal.
Un juez acompañado por guardias nacionales venezolanos vestidos con chalecos antibalas y boinas granate allanaron la propiedad de 162.000 pies cuadrados de El Nacional el viernes por la noche en una parte industrial del este de Caracas. Actuaron en virtud de una orden de la Corte Suprema de tomar la propiedad como parte de una sentencia de 13 millones de dólares contra el medio de comunicación.
La sede ya estaba en gran parte vacante ya que los trabajadores han estado desde casa en medio de la pandemia , y el periódico ha sido publicado exclusivamente en línea desde 2018. Dejó su edición impresa después de que el gobierno, que tenía el monopolio de las importaciones, cortó el acceso de la empresa a papel de periódico importado. El sitio web del periódico también ha sido restringido por el regulador de telecomunicaciones de Venezuela en numerosas ocasiones desde entonces.
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- Miguel Henrique Otero a Diosdado Cabello
El Nacional y Estados Unidos
Pero la incautación del periódico podría tener mayores implicaciones para los intentos del régimen de Maduro de pasar una nueva página con la administración Biden. Bajo el expresidente Donald Trump , Estados Unidos impuso una serie de sanciones contra el gobierno y los principales colaboradores de Maduro por presuntas violaciones de derechos humanos, fraude electoral y corrupción. Las acciones punitivas no lograron derrocar a Maduro, pero han aislado al país de sus socios petroleros tradicionales y han golpeado una economía que alguna vez fue la más rica de América Latina.
Grupos de defensa de los derechos humanos y de la prensa calificaron el fallo como la última acción destinada a sofocar a los medios críticos en un país donde los disidentes se han enfrentado a la cárcel e intimidación y se han visto obligados a huir. Diosdado Cabello, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que había presentado la demanda civil por difamación contra el medio de comunicación, ha dicho que quiere convertir la sede de la publicación en una escuela de comunicaciones a favor del régimen.
“El saqueo de un importante periódico, utilizando jueces para beneficio personal, el desprecio por el debido proceso, es la prueba de que nos enfrentamos a una terrible dictadura”, dijo Otero en una entrevista telefónica desde el exilio en España.
Libertad de prensa
Fundado en 1943 por el abuelo de Otero, El Nacional ha estado entre las compañías de medios más prominentes de la nación, atravesando la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en la década de 1950 y convirtiéndose en un faro de la democracia, que lo sobrevivió. Sus informes sobre corrupción y abusos de poder lo habían convertido en una espina clavada en el costado del difunto líder Hugo Chávez.
Con Maduro, los grupos de inversionistas vinculados al régimen compraron otros importantes medios de comunicación y los convirtieron en medios progubernamentales, lo que ha convertido a El Nacional en una voz aún más solitaria.
En las últimas semanas, el gobierno de Maduro había ofrecido señales de que quería aliviar las tensiones con Washington. Trasladó a seis ejecutivos de Citgo detenidos de la cárcel a arresto domiciliario en Caracas y permitió que dos políticos opositores formen parte del Consejo Nacional Electoral, de cinco personas, que ha sido acusado de manipular votos a favor del partido gobernante.
James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela, sugirió el viernes por la noche que la toma de El Nacional era un paso atrás. La acción «no es contra un edificio o su instalación, sino contra la libertad de prensa», dijo Story en una publicación de Twitter . “No puede haber elecciones libres y justas en Venezuela sin libertad de expresión”, señaló.
El caso contra El Nacional
El caso contra El Nacional se remonta a 2015, cuando el periódico volvió a publicar artículos de The Wall Street Journal y ABC de España que indicaban que los fiscales estadounidenses estaban investigando a Cabello por presunto lavado de dinero y vínculos con organizaciones de tráfico de cocaína. El informe se basó en parte en el testimonio de Leamsy Salazar, un exguardaespaldas de Cabello. Enfrentó al régimen y huyó a Estados Unidos, donde dijo a los fiscales que había sido testigo de las interacciones del destacado político con los narcotraficantes.
Cabello niega las acusaciones y las califica de difamación. En 2018, un juez federal en Manhattan desestimó una demanda por difamación que Cabello había presentado contra Dow Jones & Co., el editor de The Wall Street Journal, y dictaminó que no demostró que el artículo contenía falsedades sobre él. Pero los tribunales de Venezuela ordenaron el mes pasado a El Nacional que pagara a Cabello por el «daño moral grave» causado por los informes.
Cabello celebró el viernes por la noche la orden judicial contra El Nacional, publicando una foto de la orden judicial en su cuenta de Twitter. “Vamos a ganar”, dijo en el post.
El edificio de El Nacional cubre un poco más de la mitad de la sentencia de 13 millones de dólares. Los gerentes de la publicación que permanecen en el país dijeron que les preocupaba que el régimen pudiera tomar más acciones contra los trabajadores y la propiedad de la empresa.
“Este es un vil abuso de poder”, dijo Jorge Makriniotis, quien se desempeña como gerente general, mientras la familia Otero permanece en el exilio. «Pero queremos ser claros, este ataque no va a romper nuestra línea editorial, que siempre será fundamental para el gobierno en funciones», aseguró.