Tarek William Saab y Maikel Moreno serán los primeros
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Los primeros funcionarios de Nicolás Maduro a los que supuestamente interpelará el Parlamento chavista serán Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, y Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia que responde a los intereses del régimen.

José Brito, diputado disidente de la oposición electo en el proceso del 6 de diciembre, dio a conocer la información en una entrevista que concedió a Venezolana de Televisión. Este parlamentario está a cargo de una comisión especial que supuestamente investigará los presuntos crímenes cometidos por la Asamblea Nacional electa en 2015.

«Tenemos que conocer el estatus de las investigaciones. Queremos la mayor transparencia posible, aquí no va a haber absolutamente nada tras bastidores, escondido. Pediremos la mayor colaboración de todas esas comparecencias e interpelaciones», señaló.

Brito, un diputado señalado de abogar ante varios países por el empresario colombiano Alex Saab, preso en Cabo Verde, y de recibir sobornos del régimen, también está al frente de la vicepresidencia de la Comisión Permanente de Contraloría.

«Investigaremos no solo lo que ocurrió en Monómeros, también lo de Citgo y la fundación Simón Bolívar. Lo de Alcasa y Alunasa. Cosas recientes como la Operación Gedeón, el contrato que se firmó con unos sicarios. Hay una situación que va al contexto social. ¿Cuál fue el destino final de los recursos que tuvieron como propósito una ayuda humanitaria?», agregó el parlamentario.

La Comisión Especial de Investigación de Acciones Perpetradas contra la República será instalada formalmente el martes 19 de enero a las 11:00 am en la sede de la Asamblea Nacional.

Pese a las agresiones que ha sufrido la prensa venezolana por parte del régimen chavista, el diputado aseguró que quiere que estén presentes en los procesos de comparecencia los distintos canales de televisión y medios digitales, públicos y privados, del país.

«Concierto de delincuentes»

Brito acusó a los diputados de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 de apropiarse de 18 millones de dólares. Supuestamente esto fue para pagar a los abogados que han contratado para los litigios de la recuperación de activos en el exterior.

«El año pasado, de un presunto interinato, aprobó un Estatuto de la Transición para darle viabilidad al mantra del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y democráticas. Pero eso terminó siendo el camino y el argumento perfecto para saquear y expoliar los recursos de la República», dijo.

«Es duro lo que voy a decir, pero tengo que decirlo: son una partida de malandros. Aprobaron en ese concierto de malandro, porque eso no es asamblea, eso no es nada, girar instrucciones para apropiarse de 18 millones de dólares para financiar bufetes de abogados que han reclamado y han trabajado en la recuperación de activos de la República. Cobrándose y dándose el vuelto», agregó.

 

 

 


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