Saab Ulloa CPI detenidos conspiraciones
Tarek William Saab | Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó este viernes que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) desestimara la apelación contra la reanudación de las investigaciones al país por crímenes de lesa humanidad.

Saab reprochó que la CPI insista en «el camino de la instrumentalización» de la justicia «con fines políticos». En su opinión, es fruto de una «estrategia» coordinada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y por el extinto Grupo de Lima, instancia internacional conformada por países que rechazaban el sistema de gobierno de Nicolás Maduro.

Aseguró que para promover el caso y «construir una realidad paralela» se utilizaron medios de comunicación, redes sociales, organizaciones y figuras. Insistió en que en Venezuela «no se han cometido delitos de lesa humanidad», y que la Fiscalía y otros órganos de justicia han investigado «y siguen investigando» las presuntas violaciones de derechos humanos de las que han tenido conocimiento.

Rechaza investigación de la CPI

Recordó que desde que comenzó el proceso, el Estado venezolano ha consignado «14 extensos informes» ante la Fiscalía de la CPI y «toda la información de casos objeto de estudio y avances estadísticos», así como otra documentación relevante.

Según el fiscal, la CPI «apenas revisó 20% de la información suministrada».

El funcionario repudió que «mientras la CPI se pronuncia contra Venezuela, el mundo mira horrorizado cómo se ejecuta el holocausto del siglo XXI, a la vista de todos, en la Franja de Gaza, sin que haya pronunciamientos acordes a tales crímenes» por parte del fiscal del alto tribunal.

 

Reiteró que «resulta indignante» que hayan sido «asesinados» 30.000 palestinos, de los cuales -dijo- 92% eran civiles y más de 40% niños «e incluso bebés recién nacidos».

La Sala de Apelaciones de la CPI rechazó este viernes, por unanimidad, los argumentos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro, que aseguró en noviembre que «nunca han ocurrido» crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino «un puñado de incidentes» que Caracas ya investiga, por lo que pedía ponerle fin a este proceso en el tribunal internacional.

El alto tribunal, que considera que en los procesos penales que lleva adelante Venezuela hay «periodos de inactividad inexplicables», autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a seguir las pesquisas como parte del caso abierto en noviembre de 2021.

En respuesta, Venezuela emitió un comunicado en el que insiste en que se trata de una «manipulación de un reducido conjunto de delitos» que «han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano».


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