Tarek William Saab, fiscal general del régimen, dijo este jueves que inició una investigación en contra de Juan Guaidó y Clíver Alcalá. Acusó a ambos de planear un golpe de Estado.

«Cliver Alcalá declaró públicamente que, junto a Guaidó, y asesores norteamericanos, pretendían bañar de sangre a Venezuela», dijo Saab. Añadió que el intento de golpe de Estado se gestó Colombia.

Indicó que Alcalá organizó tres campamentos en el país vecino «para entrenar a grupos de asalto contra Venezuela».

«Este plan se frustró al ser incautado en Santa Marta un cargamento de armas el pasado 23 de marzo valorado en 500.000 dólares, el cual estaba destinado a ingresar ilegalmente a Venezuela por el estado Zulia», señaló.

Alcalá buscado por Estados Unidos

La Administración para el Control de Drogas publicó la oferta de recompensa por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los otros 12 funcionarios del régimen socialista que fueron acusados este jueves por los presuntos delitos de narcoterrorismo.

«Maduro y otros funcionarios venezolanos de alto rango supuestamente se asociaron con las FARC para usar la cocaína como arma para inundar a Estados Unidos«. Así se lee en el encabezado de la oferta, en la que también aparecen las fotografías de los señalados.

Maduro, Cabello, Carvajal, Alcalá, Marín y Hernández Solarte fueron acusados ​​de:

– Participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua.

– Conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Conlleva sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua

– Usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de la vida en prisión

– Conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.

Las posibles sentencias mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan a través de la DEA solo con fines informativos, pues cualquier sentencia de los acusados ​​será determinada por el juez.


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