“La Asamblea Nacional es la que elige a los rectores del Consejo Nacional Electoral”, resaltó este jueves Súmate, ONG experta en materia electoral.
En un boletín, la asociación civil ofreció su punto de vista sobre el acuerdo firmado por un sector minoritario de la oposición y el régimen de Nicolás Maduro, que establece la designación de un nuevo Poder Electoral.
“Antes de elegir un nuevo CNE y convocar a elecciones, hay varias acciones que deben comprometerse a cumplir de inmediato todos los poderes públicos y actores políticos con el fin de restituir el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución”, se lee en el documento.
Acciones
Los miembros de Súmate consideran que los poderes constituidos y la dirigencia política deben someterse a la soberanía popular, la cual se expresa mediante el voto popular en elecciones libres y competitivas.
“Esto no ha sucedido en los últimos comicios convocados y realizados después de las parlamentarias de 2015”, agrega.
Súmate considera, además, que debe reconocerse la legitimidad del Parlamento electo por más de 14 millones de venezolanos, por lo cual tiene que cesar la medida cautelar de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en contra de los diputados electos por Amazonas y todas las sentencias emitidas en contra de la instancia legislativa.
Cese de la persecución
También debe cesar la persecución y el allanamiento de la inmunidad de los legisladores, agregó.
La asamblea nacional constituyente “ha venido usurpando las funciones de la Asamblea Nacional e inhabilitando a diputados sin tener competencia para ello, entre otras acciones inconstitucionales e ilegales”, recordó.
Súmate indicó que antes de producirse la designación de un nuevo CNE y celebrarse elecciones, deben liberarse a todos los presos políticos e iniciar acciones en contra de los funcionarios que han sido parte de la represión.
Añadió que se debe respetar la libertad de expresión, el acceso a la libre información y restituir la pluralidad política, por lo que es preciso suspender las inhabilitaciones, la ilegalización de líderes políticos y de los principales partidos de oposición.
La ONG llamó a las personas a defender el Parlamento, instancia que, considera, tiene el deber de liderar el proceso de transición hacia un sistema político realmente democrático.