La directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, envió una carta abierta al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en apoyo al trabajo que la Fiscalía realiza en el caso Venezuela I.
«Celebramos la decisión tomada el 3 de noviembre de 2021 de avanzar en el proceso y dar inicio a la fase investigativa, así como el anuncio de la instalación de una oficina de su fiscalía en el país, más allá de cualquier ‘cooperación que pudiera obtener de las autoridades’, dice parte del texto.
Considera de suma relevancia que los representantes de la CPI puedan conocer de cerca la realidad y el contexto histórico venezolano, el contacto directo con las víctimas, sus familiares, sus representantes legales y organizaciones denunciantes, «siempre que pueda establecer un mecanismo real que asegure la protección y no persecución de dichas personas».
- Fiscalía de la CPI desestima solicitud de aplazamiento de Maduro
- Organizaciones de la sociedad civil preocupadas por instalación de la oficina de la CPI en Caracas
La misiva también hace referencia a la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de desestimar la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de aplazar su investigación.
«Venezuela no proporcionó materiales adicionales aducidos a su solicitud de aplazamiento sino que se refirió a materiales previamente presentados ante la fiscalía que usted presenta», aseguró Suju en la carta.
Agregó que esta acción del régimen demuestra, una vez más, que los representantes del Estado venezolano «no tienen intención seria de realizar investigaciones independientes, imparciales y creíbles que determinen la culpabilidad de los responsables» de dichos crímenes, incluyendo a las altas autoridades implicadas.
Finalmente, pidió que, una vez reanudado el proceso de investigación, se acelere la determinación de la responsabilidad penal individual de aquello que han sido señalados ante la CPI como presuntos altos responsables de estos crímenes; y asegurar, en virtud del art 58 .a y b (ii; iii) la posible obstrucción, investigación y actuaciones de la Corte y que los crímenes investigados sigan sucediendo.
#Venezuela #CPI. Dirigimos hoy @caslainstitute una Carta al Fiscal @KarimKhanQC en apoyo al trabajo que la Fiscalía realiza en el caso Venezuela I, describiendo actualidad y pidiendo una vez Sala de Jueces autorice reanudar la Investigación, se acelere la determinación de la pic.twitter.com/oIb5DWWlSZ
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) May 2, 2022
El 20 de abril, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desestimó la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de aplazar su investigación y solicitará que víctimas de crímenes de lesa humanidad o sus representantes legales formulen sus observaciones.
Así lo indica una comunicación del fiscal Khan a los jueces de la Sala de Asuntos Preliminares I del Tribunal de La Haya, donde destaca que se ha tratado de “mantener un diálogo significativo con Venezuela, en línea con el principio de complementariedad, durante el examen preliminar y más allá”.
El texto señala que el gobierno no adjuntó ningún material de respaldo en su solicitud de aplazamiento y, en cambio, “se refiere a los nueve informes que había presentado previamente a la Fiscalía desde 2020”.
La Fiscalía, continúa el comunicado, dio a conocer a las autoridades venezolanas su entendimiento de que una evaluación debe hacerse “sobre la base de los hechos tal y como están actualmente”.
Añade: “La evaluación de la complementariedad de la Fiscalía no puede ser prospectiva y especulativa, sobre la base de hechos que pueden ocurrir en el futuro”.
«No hace falta que investigue la CPI»
A principios de abril, el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, aseguró que en el país “no hace falta” una investigación de la CPI, lo cual, subrayó, va a ser demostrado.
“Sinceramente, no hace falta que investigue la Corte Penal Internacional y lo vamos a demostrar. Lo hemos venido demostrando, nos hemos ido reuniendo, se han firmado los memorándum, pero en la práctica lo vamos a demostrar”, expresó el funcionario en la presentación de su memoria y cuenta ante el Parlamento.
“En Venezuela las violaciones de derechos humanos se sancionan, se persiguen, se juzgan sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico que tutele lo que ya aquí, en buena lid y con todos los sacrificios, está haciendo el Ministerio Público y el sistema de justicia”, insistió.