grupos armados - minas Apure
Daniel Martínez / AFP

Los grupos armados ilegales que están enfrentados en el departamento colombiano de Arauca y en el estado Apure han cometido «múltiples abusos» contra los pobladores de la zona, incluso con la complicidad de militares venezolanos, reveló un informe publicado este lunes por Human Rights Watch, HRW.

Los enfrentamientos por el control territorial entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Comando Conjunto de Oriente, una coalición de grupos disidentes de las antiguas FARC, comenzaron el pasado 1 de enero y han dejado decenas de muertos, al menos 3.860 desplazados internos en Arauca y más de 3.300 personas han huido de Venezuela a Colombia, señala el informe.

Al parecer, «el ELN acusó al Frente 10 (de las disidencias) de cometer abusos contra la población -lo que también hace el ELN-, de dedicarse al narcotráfico y de expandir su presencia a zonas controladas» por ellos, según el informe.

Estos dos grupos armados, que en el pasado fueron aliados en Arauca, han cometido en su guerra no solo asesinatos sino también otras violaciones de los derechos humanos, como reclutamiento forzado -incluso de menores de edad-, y desplazamiento forzado en los que han estado implicados miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Testimonios escalofriantes

La investigación recoge numerosos testimonios, como el de Santiago Urrutia (seudónimo), quien dijo que el 1 de enero miembros del ELN se llevaron, atado de manos, a su hermano Javier (seudónimo), de 26 años, de su casa en una zona rural de Tame (Arauca), acusándolo de «colaborar con el Comando Conjunto de Oriente».

«Horas después, Santiago recibió un mensaje de un amigo con una foto del cuerpo de su hermano. La foto, a la que tuvo acceso Human Rights Watch, muestra que tenía una herida de bala en el cuello», señala el informe, y agrega que el hermano de la víctima relató que su amigo le dijo «que era mejor que fuera y lo recogiera rápido antes de que lo lanzaran al río».

Santiago recogió el cadáver de su hermano, lo enterró y esa misma noche se fue del pueblo sin denunciar el crimen por miedo. «En ese lugar había más cuerpos», dijo a HWR.

Otro testigo, Darío Salcedo (seudónimo) relató cómo en la madrugada del 2 de enero dos miembros del ELN y un soldado de la FANB llegaron a su casa en la localidad de El Ripial (Apure) en busca de su vecino Fernando Murillo (seudónimo).

El soldado venezolano acusó a Salcedo y a Murillo de ser «informantes» del Comando Conjunto de Oriente y luego de que los miembros del ELN lo amenazaran de muerte, otro miembro de esa guerrilla dijo que habían encontrado a su vecino, a quien ataron de pies y manos y lanzaron al piso donde un miembro de ELN lo asesinó con dos disparos.

El 25 de enero, presuntos miembros del Comando Conjunto de Oriente asesinaron al campesino Álvaro Peña Barragán y al día siguiente, durante su funeral, mataron a su esposa Rosalba Tarazona Ortega, «alegando que habían cooperado con el ELN», dijeron testigos y funcionarios locales a HRW.

Pedido de protección

El organismo señala que las autoridades colombianas han intentado disminuir el poder de los grupos armados en Arauca con el envío de refuerzos militares pero dichas operaciones «no han protegido suficientemente a la población».

«Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas», agregó Taraciuk.


El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!