Más de 36 horas han permanecido los cadáveres del ex funcionario del Cicpc Óscar Pérez y sus acompañantes en las cavas de la morgue de Bello Monte. Los motivos: la falta de fiscales castrenses ha impedido constituir formalmente el Tribunal Militar 2° de Control designado para la investigación y además la aplicación del código 62 referido a muertes por enfrentamiento con cuerpos policiales ahora es competencia castrense, informó un funcionario del organismo.
“El gobierno les imputó actos terroristas y el procedimiento le compete ahora a esa jurisdicción, pero no se ha integrado el equipo de fiscales militares para realizar el post mórtem”, explicó.
Confirmó que los cadáveres de Pérez y de los otros seis asesinados el lunes en una casa en El Junquito fueron ingresados el lunes en la tarde y “se les practicó la autopsia en presencia del fiscal mayor general Marval Flores, quien constató el retiro y resguardo de evidencias, entre las cuales están los proyectiles, así como la realización de exámenes toxicológicos y otros rutinarios”.
El funcionario afirmó que a la morgue solo se han presentado parientes de Lisbeth Ramírez Mantilla y de José Alejandro Díaz Pimentel. Aclaró que no les fueron entregados los cuerpos “por el incumplimiento del código 62”. Dijo que Dayana Santana, esposa de Díaz Pimentel, está detenida “ilegalmente” desde hace seis meses en el Sebin, pero no precisó la causa.
Familiares de las personas calificadas de “terroristas” por el gobierno exigieron que se les permita identificar a sus parientes y reiteraron su petición de que no sean cremados.
Aura Pérez, tía del ex inspector, pidió acelerar los procedimientos y rogó por la no cremación del cuerpo: “Exigimos que nos entreguen el cuerpo de mi sobrino, eso es lo único que queremos”, expresó.
Nicol Díaz, hija del José Alejandro Díaz Pimentel, ex funcionario de Contrainteligencia Militar, dijo: “Yo solo les pido que si ya los mataron, por favor nos den su cuerpo; no esperen a que se descomponga porque ya no lo vamos a ver más nunca».
También la madre y hermanos de Lisbeth Ramírez Mantilla, de 26 años de edad, y única mujer que estaba con el grupo de Pérez exigieron la entrega del cadáver. “Lisbeth no era ninguna terrorista, ella era estudiante de cuarto semestre de Odontología y tenía ganas de superarse en este país”, dijo una hermana que es enfermera.
Los accesos a la morgue de Bello Monte permanecen militarizados y con presencia también de la PNB. Residentes del sector manifestaron molestias porque se les dificulta la entrada y salida de la urbanización. La escuela Francisco de Miranda ordenó a los representantes retirar a los estudiantes a las 12:00 m, dada la situación que se vive en los alrededores de la morgue.