En tres años y un mes, José Gregorio Álvarez y su familia han visto pasar el tiempo sin que se haya hecho justicia en la muerte del mayor de los dos hijos, Giovanny José Álvarez Carruyo, de 17 años de edad, estudiante de tercer año de bachillerato. Al adolescente lo ultimaron funcionarios de Polimaturín el 19 de noviembre de 2015, en la zona industrial de la capital monaguense junto con el ganadero y agricultor Carlos Eduardo Gamardo Marcano, de 25 años de edad.
Gamardo Marcano le había pedido al joven que lo acompañara a comprar en una charcutería. Ambos fueron ultimados a tiros en un área boscosa, detrás de Embutidos de Oriente, en la zona industrial de Maturín.
La narración de lo ocurrido ese día que hace Álvarez indica que fueron atacados por una comisión policial que los despojó de sus pertenencias y de la suma de 150.000 bolívares fuertes que llevaba Gamardo Marcano para hacer la compra. Presuntamente los policías exigían otros 150.000 bolívares para dejarlos en libertad.
La decisión de eliminarlos surgió cuando los funcionarios se dieron cuenta de que el adolescente había burlado el control que les tenían y con su celular se comunicó con un tío, hermano de su padre y funcionario de Polimaturín, para notificarle lo que ocurría. El tío de Álvarez Carruyo, aún al teléfono, escuchó los disparos con los que ejecutaron el doble homicidio. El adolescente fue impactado por cinco tiros y murió en el hospital de la localidad, mientras que Gamardo Marcano falleció en el sitio al ser alcanzado por tres balazos.
Tres años sin justicia
Debido a que han transcurrido tres años luego del doble homicidio sin que haya indicios de que los responsables de ese hecho serán sancionados por los tribunales, José Gregorio Álvarez pide la destitución del juez 1° de control, Larry Zuleta, y de la presidente del Circuito Judicial de Monagas, Wendy Figuerela.
“Ellos dicen que Maturín es Maturín y Caracas es Caracas; que son autónomos”, explicó Álvarez, quien ha acudido reiteradas veces a la capital para denunciar las irregularidades en el proceso.
Hasta ahora la audiencia preliminar ha sido suspendida 20 veces. La última fue el pasado 13 de noviembre cuando el Juzgado 1º de Control no dio a conocer el motivo de la suspensión y hasta ahora se desconoce la fecha cuando se realizará. “El juez no da la cara”, indicó Álvarez.
El padre del adolescente relató que ese día el abogado Frank García, defensor de los tres policías implicados en el doble homicidio, ofendió verbalmente a la madre del adolescente a las puertas del Palacio de Justicia, además de provocar a Álvarez, quien hizo caso omiso a los ataques. Esa acción fue denunciada ante el Consejo Legislativo de Maturín, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Para Álvarez la fiscal 11, Indira Boada, que tiene el caso, “ha cumplido con su deber”.
La prueba anticipada fue diferida 15 veces hasta que se llevó a cabo y el testigo presencial pudo informar lo que presenció el 19 de noviembre de 2015 en la zona industrial de Maturín.
Ahora Álvarez reclama que, de acuerdo con lo que contiene el expediente, aún falta por detener a un funcionario de Polimaturín que presuntamente dirigió el operativo en el que ocurrió el doble homicidio. Sería Alberto Escorihuela, quien habría sido mencionado por una de las personas que presentó su testimonio.
Una vez más José Gregorio Álvarez le pide al presidente del TSJ, Maikel Moreno, que vea lo que está ocurriendo con este caso y ordene los correctivos para que finalmente se imparta justicia.
Otra vez a Caracas
A pesar del retardo procesal y de la impunidad, José Gregorio Álvarez, padre del adolescente, no se ha cruzado de brazos y ha viajado reiteradas veces a Caracas para denunciar lo que viene ocurriendo en el sistema judicial de Monagas. Tiene previsto acudir a la capital el próximo martes para insistir en sus peticiones ante las diferentes instancias judiciales.
Entre tantas diligencias que ha realizado el padre de Álvarez Carruyo, acudió ante el Consejo Legislativo de Monagas donde los diputados de diferentes tendencias políticas le prometieron que investigarán el caso y determinarán las causas por las cuales no ha habido una decisión.