Juan Pablo Pernalete
Foto: Archivo

José Gregorio y Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, expresaron que siguen esperando justicia por el asesinato de su hijo a manos de la Guardia Nacional Bolivariana durante una protesta antigubernamental el 26 de abril de 2017, hace cuatro años.

«Hoy, 4 años después, seguimos esperando que sean juzgados y condenados, no solo quien accionó la carabina Narinco Narg 38 con la que dispararon la bomba lacrimógena NF01 38MM que mató a Juan Pablo, sino también a quienes idearon y ordenaron la ejecución de las políticas antes señaladas, es decir, el autor material y los máximos responsables en la cadena de mando«, manifestaron.

«No han respetado nuestro dolor, ni nuestra condición de víctimas, pues nos han sometido a expectativas de justicia como la que tuvimos tras las declaraciones de Luisa Ortega Díaz el 24 de mayo de 2017, en la que dejaba claro que el resultado técnico de la investigación adelantada por el Ministerio Público era que a nuestro hijo lo asesinó un guardia y que en pocos días nos indicarían quién era el responsable», agregaron.

Señalaron, en un comunicado, que en estos 4 años han tenido 15 fiscales encargados de la causa, algunos con más o menos interés, y en la que incluso una de las funcionarias se refirió al joven como guarimbero. Aseguraron que ninguno ha buscado hacer justicia.

«Nuestra revictimización es evidente. Recientemente, el fiscal 62°, actuando con la anuencia, según su propio dicho, de quien dirige la Dirección General de Protección de Derechos Humanos y de Tareck William Saab, imputó a 9 guardias nacionales por el delito de homicidio preterintencional en grado de responsabilidad correspectiva», continuaron.

Para los padres, esta decisión, lejos de ser un avance, constituye o bien una burla con la que se pretende engañar al mundo o el resultado de una investigación negligente. Recordaron que a Pernalete le dispararon directo al pecho.

«Ello se desprende de los múltiples elementos que cursan en el expediente: el dicho de testigos, videos recogidos, la herida de impacto en su pecho así como de diversas experticias, de las cuales también se evidencia que la distancia no era mayor a 30 metros, lo que permitió que la bomba lacrimógena actuara como un proyectil, sin bascular, tal y como nos lo han asegurado numerosos expertos», señalaron.

Agregaron que el manual de uso de esas bombas expresamente indica que no pueden ser disparadas de manera directa contra las personas porque puede resultar letal. Los padres del joven asesinado manifestaron preocupación por la calificación del Ministerio Público.

«¿No seguirá realizando experticias que permitan individualizar al guardia que disparó? Porque al hablar de complicidad correspectiva, pretendiendo utilizar esa calificación de manera incorrecta ya que a Juan Pablo no lo mató un tumulto, lo mató un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana siguiendo lo establecido en los ya nombrados planes, parece que el Ministerio Público sugiere que no lo puede individualizar por lo que imputa a varios de ellos sin saber quién es el verdadero responsable», indicaron en el texto.


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