Hasta ayer, en horas de la tarde, familiares de Oscar Pérez y del resto de sus acompañantes se mantuvieron en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, situado en Bello Monte, a la espera de la entrega de los cadáveres luego de haber cumplido con el protocolo administrativo del reconocimiento post mórtem el jueves, que duró tres horas: desde las 7:30 pm hasta las 10:30 pm.

Los motivos: la ausencia de los fiscales militares a quienes les compete la entrega formal de los cuerpos, según instrucciones de los tribunales castrenses.

Se pudo conocer que el acta de defunción de Pérez señala que murió de “traumatismo cráneo encefálico severo por herida de arma de fuego en la cabeza”, lo cual apunta a que recibió un tiro después de la explosión por el lanzamisil.

María Fernanda Torres, abogado del Foro Penal, dijo que “el procedimiento se cumplió sin irregularidades”, en presencia de una fiscal del Ministerio Público, a quien no quiso identificar, y el viceministro de investigación penal, comisario José Humberto Ramírez Márquez.

Agregó además que “a los familiares se les permitió ver el rostro de sus parientes. El proceso se retrasó porque la fiscal del Ministerio Público demoró en llegar. Este protocolo se realizó con el propósito de garantizar que todos los familiares tuvieran acceso a realizar el debido reconocimiento. La entrega de los cuerpos depende de los fiscales militares”, dijo.

Al término del protocolo de identificación de cadáveres, el jueves en la noche, familiares del ex inspector del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Oscar Pérez y su grupo llenaron los formularios para la emisión de certificados de defunción que luego serían revisados al día siguiente.

Sobre una posible orden de cremación de los siete cuerpos, la abogado reiteró: “Queda descartado que los cuerpos serán cremados. Ningún familiar firmó esa petición ni les han presentado alguna orden que así lo indique. Hasta ahora el escenario planteado es la inhumación de los cuerpos”, explicó.

Aseguró que los siete familiares que hicieron el reconocimiento facial de los cadáveres manifestaron que no presentan ningún grado de descomposición y que los mismos están resguardados en cavas especiales con un precinto de seguridad para evitar que se filtren videos o fotografías.

Finalmente Torres mencionó que Margaret Baduel, hija del general Isaías Baduel, e Irene Olazo, esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano, fueron retenidas el jueves por una hora por la policía nacional. “Ellas vinieron a brindar apoyo a los familiares de Pérez y su grupo. No serán presentadas en tribunales”, concretó.


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