La plaza Morelos fue ayer escenario de una concentración de la sociedad civil contra la violencia del Estado. Más de 30 organizaciones civiles y activistas de derechos humanos que integran la ONG Acción por la Vida consignaron un manifiesto ante la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en ese lugar. En el documento exigen que cesen los ajusticiamientos extrajudiciales y la mano dura por parte de los cuerpos policiales y, además, que sean desactivadas las políticas del gobierno que incrementan la presencia de armas en manos de civiles, a través de las llamadas “milicias” y de grupos armados paraestatales.
Estos fueron dos de los siete aspectos solicitados también al Ministerio de Interior y Justicia que por mandato constitucional está obligado a garantizar el derecho a la vida de los venezolanos. “El derecho a la vida, entre muchos otros, no está garantizado en nuestro país y la vulnerabilidad de los ciudadanos se ha normalizado durante décadas, ante la ausencia de políticas efectivas de control de armas y municiones, de prevención de delitos, de reparación y acompañamiento a las víctimas, de castigo oportuno dentro del marco legal respetuosa de los derechos humanos ciudadanos”, expresó el activista Cheo Carvajal, representante de la ONG Caracas Mi Convive, vocero de la actividad. “El país se encuentra sumido en una coyuntura política con alarmantes signos de violencia, en la que las armas de fuego tienen un claro protagonismo”.
En el documento, los activistas de derechos humanos pidieron que Cavim se comprometa a reducir, al mínimo, la producción de balas y además que ejerza la función legal de control de su uso para que cada munición esté debidamente marcada, y se le dé uso a los equipos que ya adquirió el Estado para este fin.
Solicitaron también que la importación de pistolas y revólveres por parte del Estado se reduzca al mínimo y que se suspenda su venta a particulares.
Cheo Carvajal, portavoz de la actividad, expresó que en 2016 ocurrieron 21.752 homicidios, de los cuales 86% se perpetraron con armas de fuego.
Otro de los aspectos referidos en el manifiesto fue la creación de mesas de trabajo en las que la ciudadanía participe en la construcción de los protocolos de desarme, control de las armas existentes y destrucción de aquellas incautadas o entregadas voluntariamente.
Exigieron pronta justicia en casos denunciados por familiares y organizaciones, y que se cree un sistema nacional de acompañamiento y reparación para las víctimas de la violencia en general. También sugirieron desarrollar políticas, programas y acciones para la creación de oportunidades de formación, recreación y participación social para los más jóvenes.
El Dato
Acción por la Vida es una red de 33 organizaciones y de activistas de la sociedad civil que buscan prevenir y reducir la violencia en Venezuela. Está integrada por las organizaciones no gubernamentales Reacin, Caracas Mi Convive, Haciendo Ciudad, Runrunes y Efecto Cocuyo. A través de la plataforma internacional Instinto de Vida tienen el objetivo de reducir los homicidios por arma de fuego en Venezuela y en otros seis países de América Latina y El Caribe.