Enfrentamientos en Apure: denuncian falso positivo en asesinato de una familia en El Ripial
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Funcionarios de seguridad del Estado asesinaron a una familia en el sector El Ripial, en la ciudad La Victoria del estado Apure, en medio de los enfrentamientos con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Familiares y vecinos de las víctimas denunciaron que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana crearon un falso positivo para justificar que los ultimados eran supuestos guerrilleros.

El periodista Junior Parra informó sobre la situación en su cuenta de Twitter. Señaló que los allegados le aseguraron que los ciudadanos no eran terroristas, como dijeron los organismos de seguridad en una minuta, en la que se indicó que el procedimiento formó parte del Escudo Bolivariano Laceros de Apure.

Las fuentes afirmaron que no formaban parte de grupos armados irregulares. Los fallecidos quedaron identificados como Luz Dey Remolina, ama de casa; Emilio Ramírez, quien se dedicaba al campo; y los jóvenes Ehiner Yafran Anzola Villamizar y Jeferson Uriel Ramírez, de acuerdo con las descripciones.

«Me dicen que militares venezolanos llegaban a las casas, revisaban y sacaban a las familias, se las llevaban y las regresaban. Sin embargo, a esta familia no, se la llevaron del barrio 5 de julio, en pleno pueblo de La Victoria (donde vivían), y aparecieron muertos en El Ripial», indicó Parra.

Las fotografías de los cadáveres de esas personas fueron las primeras en circular en redes sociales. Se observan los cuerpos de la mujer y los tres hombres, y cerca de ellos había armas pequeñas y una granada cuyas ubicaciones en el sitio resultaron cuestionadas.

«Nunca fueron guerrilleros»

El periodista publicó también el audio de una persona que se identificó como Fabiola Álvarez, presunta familiar de las víctimas de El Ripial. Aseguró que Remolina y Ramírez eran sus suegros y que los jóvenes eran sus cuñados. Sería pareja de un último hijo del matrimonio.

«Claramente lo que ellos hicieron es una masacre, un falso positivo porque jamás ni nunca mis suegros fueron guerrilleros. Eran personas honradas. Mi suegro era hasta trabajador del campo, mi cuñado era un niño, que aún con 20 años él no salía a las calles de su barrio, mi suegra era una señora de casa que jamás nadie veía en la calle mientras no estuviese su marido, una señora que siempre estaba atendiendo su hogar», dijo.

Álvarez expresó que espera justicia para las víctimas, que cesen los enfrentamientos y que se respeten los derechos humanos.

En las fotografías se señalaron algunos elementos que confirmarían la versión de los familiares. Los cadáveres de los jóvenes tenían puestas unas botas que lucían limpias, al igual que pantalones presuntamente militares.

Se observó que uno tenía el pantalón, notablemente grande, amarrado con un mecate. Asimismo, se aseguró que las armas cerca de los cuerpos fueron puestas por los organismos de seguridad para las fotos que entregaron como parte de la minuta del procedimiento.

«Armas y granadas fueron colocadas estratégicamente para las fotos y justificar sus muertes. Los uniformes lucen limpios y planchados, las botas lucen nuevas. La cabuya para amarrar el pantalón hacen pensar que no eran del cuerpo», dijo Parra.

Supuestamente a las víctimas les incautaron dos armas, fosforitos, un teléfono celular, cables, un presunto uniforme de la Guardia Nacional Bolivariana, dos radios portátiles de comunicación, entre otros objetos pequeños.

La masacre de El Amparo

Marino Alvarado, coordinador de Investigación de la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, comparó esta presunta masacre con la de El Amparo, ocurrida en 1988, cuando policías y militares asesinaron a 14 pescadores y los presentaron como guerrilleros.

«A los pescadores les pusieron uniformes y les sembraron armas. Generales y oficiales de las policías involucradas insistieron en que eran guerrilleros, pero la mentira se desmoronó. Años después el Estado venezolano asumió la responsabilidad», señaló.

Alvarado cuestionó el silencio que hasta ahora ha mantenido la Defensoría del Pueblo sobre los hechos ocurridos en Apure. «Así lo hizo con la masacre de La Vega. ¿Callarán nuevamente? Las omisiones también generan responsabilidad ante los crímenes de lesa humanidad», dijo.

«Esta denuncia de El Ripial es muy grave, recordemos que trasladaron contingentes de la FAES con amplio prontuario de ejecuciones extrajudiciales. Hay denuncias de robos a viviendas, donde también tienen un récord considerable», manifestó.

Robos, detenciones y desapariciones

Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, que le ha hecho seguimiento a las actuaciones de grupos armados irregulares en el país, denunció en las últimas horas robos en las viviendas abandonadas en La Victoria, además de detenciones arbitrarias y desapariciones de pobladores.

«La opacidad que impera en el conflicto de Apure facilita que hechos como este que han ocurrido permanentemente como patrón en Venezuela se repitan. Exigimos investigaciones serias y con resultados públicos. Pareciera reeditarse la masacre de El Amparo, una ejecución de un falso positivo», publicó en Twitter el defensor de derechos humanos.

 


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