Allegados de los asesinados de El Junquito denunciaron la desaparición de 6 personas, 12 allanamientos ilegales en Zulia, Táchira y Distrito Capital, y también amenazas de muerte.
La diputada Delsa Solórzano, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional y quien está a cargo de la comisión especial que investiga la masacre de El Junquito, informó que seis personas, entre parientes y cercanos del ex inspector del Cicpc Oscar Pérez y de su grupo, están desaparecidos desde que fueron detenidos el 13 de enero por “fuerzas paramilitares” del Estado.
La parlamentaria y otros integrantes de la comisión recibieron ayer a un grupo de allegados a las siete víctimas de la operación policial, denominada Gedeón, realizada en el sector El Araguaney, en el kilómetro 16 de El Junquito, para instruir la investigación cuyo informe presentarán el lunes 22. Los visitantes se abstuvieron de declarar a los periodistas.
Solórzano advirtió que los desaparecidos pueden estar sufriendo torturas por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno para sacarles falsos testimonios. “Los parientes de quienes fueron asesinados en El Junquito son personas de pocos recursos económicos, no son de la burguesía criolla que está en contra el gobierno obrero de Maduro, son gente pobre, del pueblo”, manifestó Solórzano. La diputada dijo que requieren ayuda para costear los gastos funerarios.
El 16 de enero el ministro de Interior, Néstor Reverol, informó acerca de la detención de seis personas señaladas de prestar supuesto apoyo al ex funcionario policial. Entre ellas se encontraba José Antonio Pérez Cisneros, familiar de una de las víctimas, de quien nada se sabe desde el 13 enero, dos días antes de la masacre, cuando se encontraba en Barquisimeto para acudir a la celebración de la Divina Pastora. Por ello Solórzano citó el caso. Allanaron su residencia ubicada en Santa Rosalía, municipio El Hatillo, en busca de dólares y fusiles militares que estaban en presunto resguardo en la vivienda.
Durante el hecho, aseguró la diputada, los funcionarios del Estado golpearon a un familiar frente a su pequeño de 3 años de edad. No conforme con la agresión, indicó, uno de los atacantes le introdujo al niño un arma de fuego en la boca mientras amenazaba a su padre. El relato de lo sucedido lo dio a conocer Zoraida Cisneros, madre de Pérez Cisneros, a la comisión de diputados a cargo de las averiguaciones del caso.
Las otras cinco personas detenidas son las siguientes: Jonaldy Deyón González, Juan Carlos Urdaneta Marcano, Eva María Lugo, Laura Vanessa Ruiz (mujeres que presuntamente fueron detenidas por violar la Ley contra el odio por mensajes publicados en redes sociales, informó la diputada) y Antonio José Aguado Sequera. Familiares también denunciaron a la comisión especial que han recibido amenazas telefónicas contra su integridad.
Al concluir la reunión que se extendió por más de tres horas, en Pajaritos, Solórzano se dirigió junto con los otros diputados a la morgue de Bello Monte para acompañar a los familiares a “retirar los cuerpos”, dijo. También confirmó que el jueves en la noche los parientes pudieron finalmente identificar los cadáveres, pero no se les permitió tocarlos ni a abrazarlos para despedirlos.