La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional escuchará los testimonios de las víctimas en el caso de Venezuela. Esa instancia le pidió a la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas recopilar y transmitirle las representaciones de las personas que sufrieron violaciones de sus derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro.
“La Sección de Participación y Reparación de las Víctimas tiene instrucciones de recopilar y transmitir a la Sala de Apelaciones las representaciones de cualquier víctima y grupo de víctimas interesadas”, dice una decisión de la Sala de Apelaciones, con fecha del 24 de agosto, que publicó en la plataforma X el abogado venezolano Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal.
La sección deberá, asimismo, preparar y presentar un informe al respecto y presentarlo antes del martes 17 de octubre de este año. Deberá seguir las indicaciones establecidas.
#24Ago La Sala de Apelaciones de la @IntlCrimCourt ordena a la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas de la Fiscalía que “recopile y transmita a la Sala representaciones de cualquier víctima o grupo de víctimas interesado” y presente informe al respecto el #17Oct pic.twitter.com/83ERju5BTr
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) August 24, 2023
“Buenas noticias: la Corte Penal Internacional escuchará a las víctimas en el proceso de apelación interpuesto por el gobierno”, celebró en la red social el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, dijo: “Continúa el trabajo de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela”.
“Seguimos avanzando, camino a la justicia”, expresó Marino Alvarado, excoordinador de esa misma organización.
El régimen de Nicolás Maduro ha intentado retrasar la investigación en varias ocasiones, pero el proceso ha continuado. A finales de julio, la CPI rechazó la solicitud del gobierno socialista de ordenarle al fiscal Karim Khan paralizar la investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Debía decidirse, según el gobierno, si las averiguaciones están ajustadas a lo establecido en el Estatuto de Roma. Además, el chavismo advirtió que no frenar el proceso provocaría «consecuencias irreversibles».