Con una propuesta que apunta a resolver muchas de las exigencias de la comunidad universitaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en la que, entre otras cosas, está dispuesto a garantizar transparencia administrativa, autonomía universitaria y diálogo gubernamental, Rómulo Orta espera devolver el carácter crítico y deliberante a la nueva directiva de la UCV y a sus estudiantes, si logra hacerse con la rectoría de la casa de estudio en las elecciones del próximo 26 de mayo.
Su candidatura, más que el resultado por sus logros académicos, representa un desafío para sacar del abandono el campus y retribuir con sueldos justos el trabajo de los empleados, que por años han sido obligados a conformarse con lo poco que envía el Estado. Por ello, lejos de recibir una universidad próspera en materia financiera y administrativa, los electos obtendrán a cambio una institución asfixiada por el gobierno y que ya cumple 15 años sin ejercer el derecho de la alternancia de rectorado.
Durante la precampaña, Orta ha sido crítico con sus rivales, y con la actual rectora académica, Cecilia García Arocha, pues dice que muchos de ellos solo aseguran el continuismo de esta directiva, a quien responsabiliza de incurrir en irregularidades administrativas, de instalar un gobierno autoritario, de hostigar a los miembros del Consejo Universitario y de no llevar a buen puerto la conducción de la universidad por no saber negociar con el gobierno de Nicolás Maduro.
Sociólogo-demógrafo y doctor en Ciencias Sociales, está convencido de que la plancha Autonomistas, con la que aspira llegar a la rectoría, alcanzar la vicerrectoría académica, la vicerrectoría administrativa y la secretaría, es la mejor opción para devolver a los ucevistas la actividad universitaria que esté a la altura de la universidad y al servicio de los venezolanos.
Político universitario, aunque alejado de cualquier partido político, es, dice, el representante profesoral ante el Consejo Universitario que más proyectos ha presentado durante los 18 años que lleva representando a los docentes ante las autoridades de la casa de estudios, investigaciones de las que habla con orgullo debido al peso académico que le dan a su rango de profesor titular.
—¿Qué significan estas elecciones para la UCV?
—En primer lugar, se trata de un proceso electoral muy importante, por el impacto o la influencia que la Universidad Central de Venezuela tiene para los venezolanos como la primera universidad del país, la más antigua, que antecedió incluso al nacimiento de la República. Es importante porque además tenemos 15 años sin realizar elecciones de autoridades rectorales, decanales y de representación profesoral ante los organismos del cogobierno universitario. Es importante restituir el ejercicio pleno de la UCV porque sin democracia no hay autonomía universitaria, no hay universidad autónoma, por eso nosotros como Autonomistas consideramos crucial, muy importante, este proceso de elecciones en la UCV.
—En julio hubo las elecciones de cogobierno, ¿cómo se desenvuelven tras los resultados?
—Ellos eligieron a sus representantes de los egresados ante los Consejos de Facultad -el principal y el suplente de cada facultad- y luego tienen que reunirse los electos para consejos, por lo tanto, hay 11 principales y 11 suplentes electos para la representación de los egresados. 11 de ellos tienen que reunirse y decidir cuál va ser el representante principal y cuál va ser el de los egresados ante el Consejo Universitario. Eso no se ha podido efectuar, a pesar de que la elección se realizó el año pasado, porque hay un recurso introducido por los egresados que son militantes del gobierno de Maduro, que no se ha resuelto y se mantiene paralizada la designación. Aún no hay una nueva representación, se mantienen los egresados electos hace ya varios años. De manera tal que no ha habido renovación
—¿Cuál es su posición ante esta situación?
—El retraso en la toma de una decisión judicial al respecto causa mucho daño al proceso de democratización que está teniendo lugar en la Universidad Central de Venezuela desde el momento que ya se realizó la elección de los egresados y no ha tenido lugar su incorporación plena al Consejo Universitario. Eso no ayuda, y por lo tanto, yo rechazo que se esté retrasando innecesariamente la incorporación de los representantes de los egresados ante el Consejo Universitario porque, salvo la Facultad de Humanidades, en todos los demás Consejos de Facultad los representantes de los egresados se han incorporado y están ejerciendo sus funciones representativas
—Usted propone acuerdos en materia de sueldos para universitarios, la recuperación del Hospital Universitario de Caracas, convenios de posgrados y muchos otros acuerdos que son la exigencia de la comunidad estudiantil, gremial y sindical. En caso de ser electo, ¿qué tan probable o cuán real es que llegue a materializar lo que propone y cómo logrará cumplirlo?
—Casi todas las proposiciones que están planteadas en el Plan de Gestión de los Autonomistas para el período 2023-2027 corresponden a proyectos que, como representante profesoral ante el Consejo Universitario, presenté en el Consejo Universitario desde aproximadamente el año 2012. He presentado una serie de proyectos donde está, inclusive, uno que no aparece, el de transformación del Instituto de Previsión Social del Profesorado, para actualizarlo y hacerlo más dinámico, más ágil en la toma de decisión y reducción del gasto burocrático innecesario. Ese proyecto está desde 2012 pero ha ocurrido que prácticamente desde ese año se ha formado una mayoría constituida por los 11 decanos y las autoridades rectorales que antes eran 4 electas, y desde el año 2020 son 3. Ahí tenemos una situación bien irregular. Lo cierto es que desde el Consejo Universitario, las propuestas que yo he planteado, que casi todas son aprobadas pero no son ejecutadas, son iniciativas que nosotros señalamos que deben continuar en su desarrollo, y tomar las decisiones que traigan los beneficios que en esa propuestas están planteadas.
Yo también he planteado, desde hace mucho tiempo, la necesidad de que se le solicite al gobierno de Maduro la instalación de una mesa de negociaciones con la UCV para resolver problemas que están afectando mucho nuestro desempeño universitario. Por ejemplo, el problema del presupuesto. No puede ser que cada año que pasa la cuota presupuestaria que dirige el gobierno nacional hacia la UCV se reduce de manera considerable, llegando prácticamente a no darse porque se solicita un monto determinado y a penas se aprueba un 1%, un 2% de lo solicitado. Entonces, la universidad no está gestionando su presupuesto.
También es necesario negociar, llegar a acuerdos con el gobierno, en cuanto a que respalden las iniciativas que también he planteado en el Consejo Universitario, en relación con asociarnos con la agenda 2030 de las Naciones Unidas, para el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). La Universidad Central de Venezuela podría recibir financiamiento nacional e internacional, tanto público como privado, si ofrecemos líneas de investigación y de extensión que estén dentro del marco de los 17 ODS, de la Agenda 2030. Esta propuesta de suma a la UCV, a sus profesores y estudiantes. El logro de los ODS lo vengo haciendo desde el año 2018. Prácticamente de manera injustificada, la mayoría rectoral y decanal, que son 14 votos de 25 votos en el Consejo Universitario, paralizan la ejecución de importantes actividades como lo es esta propuesta.
Sobre el Hospital Universitario de Caracas, nosotros como Autonomistas hemos planteado la necesidad de contribuir a superar el colapso del sistema público nacional de salud de Venezuela mediante la creación de redes integradas de servicios de salud prehospitalarios y hospitalarios. Concretamente hemos planteado la creación y activación de la red integrada de servicios de salud prehospitalarios y hospitalarios del suroeste de Caracas asociando esa red al Hospital Universitario para contribuir con un mejor proceso de formación de los estudiantes de Medicina. De manera tal de tener la integración, no solamente de los servicios, sino de los procesos académicos de aprendizaje y de investigación que realizan los estudiantes de Medicina, Odontología y Farmacia. Esta proposición, que la hice en 2019, fue aprobada por unanimidad por el Consejo de la Facultad de Medicina y por el Consejo Universitario en 2020. Sin embargo, no ha podido ejecutarse porque el decano de la Facultad de Medicina decidió no ejecutar esa decisión, que fue unánime.
La otra propuesta de los convenios es replicar en la UCV el convenio que tiene el posgrado de Oftalmología de la Universidad de Los Andes con la Clínica Santa Paula de Caracas a través de la fundación AVAO, que permite que la ULA, junto con la Clínica Oftalmológica de Santa Paula de Caracas atiendan con costos menores a población que no tiene los recursos suficientes para pagar lo que realmente cuesta una operación.
Las propuestas que yo he llevado al Consejo Universitario, en su mayoría, han sido aprobadas por ellos pero no son ejecutadas las decisiones, yo creo, por el temor de algunos factores de poder dentro de la universidad, el temor de que yo me lanzase al rectorado para darle un rumbo académico, un rumbo de democratización y de respeto dentro de los organismos del gobierno de la UCV, donde hay mucha violación de la Ley de Universidades y del reglamento interno de la universidad, y eso está perjudicando a profesores, estudiantes, obreros y empleados. Yo tengo una línea de restitución del estado de derecho.
—¿Estas propuestas que ya fueron aprobadas se podrán desarrollar con la nueva directiva?
—Yo me imagino que sí, porque en la comunidad de la UCV hay un rechazo casi total a lo que ha ocurrido durante la gestión de la profesora García Arocha, en cuanto a que no se cumplen decisiones del Consejo Universitario, se viola la Ley de Universidades, se violan los reglamentos internos. Yo creo que toda la UCV quiere un cambio, no quiere el continuismo de aquellos que tienen unas planchas para estas elecciones, pero que representan el continuismo del actual gobierno universitario. Habrá que someter a votación el cómo ejecutar decisiones que ya están tomadas, entonces, claro que hay, como en toda institución democrática, que consultar, llegar a consensos, llegar a acuerdos, para lograr decisiones que sean beneficiosas para la comunidad universitaria. Recordemos que la universidad en Venezuela tiene un rol político no partidista. La universidad es una institución del Estado, al servicio de todos los venezolanos. Eso es lo que dice la Ley de Universidades en su artículo número 2. Yo sí considero posible que una vez que resultemos electos vamos a lograr los consensos necesarios para que estas ejecuciones paralizadas se lleven a cabo porque los venezolanos esperan eso y los ucevistas, en su casi totalidad, también están esperando que la universidad restituya plenamente su condición de institución del Estado al servicio de toda Venezuela.
En cuanto a los aportes del resto de representantes profesorales en los consejos de escuela, consejos de facultad y Consejo Universitario, esos aportes son muy escasos. No hubo suficiente responsabilidad por la mayoría de los representantes profesorales en ejercicio en estos consejos. Dejaron pasar muchas arbitrariedades, muchos atropellos, muchos beneficios autootorgados por autoridades rectorales y decanales. Fueron cómplices silenciosos de esa situación. La universidad no puede seguir en el camino en que está y creo que eso se va a lograr, hay que razonar, porque si la universidad se hunde, todos vamos a perder.
—¿Cambiaría, entonces, alguna de las políticas vigentes que considere que no cumplen con ninguna función o que vaya en contra de los principios y la autonomía de la universidad?
—Sí. En el caso de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, la Ley de Universidades establece con mucha claridad y precisión que debe realizar actividades culturales que estén asociadas con la formación de los estudiantes, su formación en cuanto a conocimientos, investigar… Eso se ha perdido porque no se tiene en cuenta lo que dice la Ley de Universidades, igual la Dirección de Deportes, que tiene que desarrollar actividades que favorezcan la formación académica de nuestros estudiantes. Eso, por ejemplo, hay que trabajarlo muy bien, porque sucede que nuestros estudiantes no pueden ingresar a instalaciones de la universidad porque hay unos contratos con clubes privados que no permiten que los estudiantes usen las instalaciones deportivas. Eso no puede continuar.
También debemos favorecer que la investigación y la extensión sean actividades que nutran la docencia, porque docencia sola por sí misma no sirve. Eso no es productivo para una universidad. La docencia tiene que enriquecerse a partir de lo que se produce investigando y a partir de lo que ocurre con las actividades de extensión o las actividades de servicios de la universidad a la población venezolana. Lo que ocurre en la investigación y en la extensión debe ser la fuente para producir los cambios necesarios en los planes de estudios y en las actividades docentes que se realizan con los estudiantes.
—¿Cómo debería ser la relación de la nueva directiva de la universidad con el gobierno?
—Yo soy un político universitario, yo no milito en partidos políticos ni de oposición ni de gobierno porque soy un militante universitario, entonces, la relación tiene que ser como la relación que debe existir entre dos instituciones del Estado. Es decir, la universidad es una institución del Estado, el gobierno nacional es una institución del Estado, la Fuerza Armada Nacional es una institución del Estado, la diferencia con la FAN es que ella no es deliberante, obediente, mientras que la universidad tiene que ser deliberante, crítica para producir conocimiento, renovación del conocimiento humanístico, científico y tecnológico. Es decir, en cierta medida, la universidad tiene que ser irreverente, inclusive con respecto a ella misma para poder avanzar en la renovación del conocimiento humanístico, científico y tecnológico. Ese es el papel de la universidad, por ende, yo no entiendo por qué se permanece en una rencilla permanente injustificada e innecesaria entre gobierno y universidades.
El régimen de la autonomía universitaria permite que haya respeto, lo que hay es que desarrollar la autonomía universitaria y evitar la creencia falsa, equivocada, de que la autonomía universitaria es que la policía no puede ingresar a la universidad. Claro que no puede ingresar a la universidad si no es mediante una orden judicial para evitar que se cometan delitos o porque las autoridades universitarias le dan permiso para ingresar… pero eso no es autonomía universitaria, ese es el principio de la inviolabilidad del recinto universitario, que no puede ser allanado sino con una orden judicial, como cualquier casa de cualquier ciudadano que no puede ser allanada sin una orden judicial.
—¿Y qué es lo que se ha hecho mal en cuanto a la relación que ha mantenido la universidad con el gobierno?
—Bueno, porque hay algunos partidos políticos que han sido o son gobierno y hay unos partidos políticos que han sido o son oposición que consideran que la universidad es partido político al servicio de ellos, y eso no puede continuar, eso es una idea equivocada, es una idea que no beneficia ni siquiera a los partidos políticos, porque nosotros, desde el rectorado, vamos a llamar a los partidos políticos para conversar acerca de cómo logramos los apoyos convenientes de los partidos de oposición y de gobierno que están en la Asamblea Nacional, que estén en el ejercicio de gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, porque tenemos que cooperar con el rol político de la universidad que es el de investigar para el país, proponer soluciones a los problemas de Venezuela y formar los profesionales y los técnicos que Venezuela necesita para su desarrollo y progreso. Esa es la función política de la universidad.
No debemos seguir confundiendo esa función política con la función de poner o quitar gobiernos, porque poner o quitar gobierno no es una función política de la universidad, es una función de los partidos políticos. Entonces, nosotros dediquémonos al rol político de formación de profesionales y técnicos, producción del conocimiento científico, humanístico y tecnológico para la resolución de los problemas de Venezuela.
—Sin embargo, se habla de la representación del gobierno dentro la universidad, porque en las elecciones de cogobierno se habla de división entre las facultades de gobierno y oposición.
—Es que de los dos bandos se habla de la misma manera. Es decir, se dice «la oposición ganó 10 facultades, ganó en la representación de egresados en 10 facultades y perdió en una sola». Ese es también el discurso opositor, que es negativo para la vida universitaria, así como es negativo el discurso gubernamental. Es decir, la universidad no puede ser un partido político, nosotros los Autonomistas no aceptamos eso en la UCV. Y sin embargo, ¿cómo partidos opositores intervienen en procesos electorales estudiantiles, profesorales y de egresados igual que lo hace el gobierno? Eso no debe continuar. La palabra universidad lo dice, es universalidad, es pluralidad, es debate abierto, democrático, pero si usted instala una corriente única de pensamiento dentro de la universidad, liquida la condición de universidad y se convierte en una secta.
Debe ser un voto que favorezca los procesos de consolidación, fortalecimiento de la autonomía universitaria en sus cuatro dimensiones, que están en la Ley de Universidades: autonomía académica, autonomía económica y financiera, autonomía organizativa y autonomía administrativa. Todo eso tiene que ver con que la universidad puede diseñar sus planes de estudio de formación de los estudiantes, planes de investigación, sus planes de extensión, eso es la autonomía académica, pero también necesita la autonomía de poder elegir libremente sin ningún tipo de intervención de factores externos, debe elegir sus autoridades, a sus representantes profesorales, estudiantiles y de egresados, debe elegirlos con libertad propia del universitario, no siguiendo órdenes de partidos políticos. Yo creo en los partidos políticos porque son una institución fundamental para la democracia, lo que no creo es en la intervención inadecuada de los partidos políticos e instituciones que no son para convertirlas en partidos políticos.
—En ese caso, ¿cómo se podrá lograr la autonomía universitaria?
—Aplicando la Ley de Universidades. Ella en sus primeros 5 artículos establece cómo es que debe funcionar la universidad. Debe estar abierta al debate de todas las corrientes del pensamiento universal. Es decir, allí debe debatirse, no convertirse en líneas partidistas, sino debatirse las ideas políticas, las ideas religiosas, económicas, la forma de entender la ciencia, de entender el papel de la universidad hacia un país. Todo eso requiere de autonomía y para tener autonomía plena necesitamos recursos financieros que debemos producir, los que podemos obtener por la cooperación de sectores públicos, privados, los que podemos obtener de la cooperación internacional; entonces, los partidos políticos deben respetar la autonomía universitaria y no participar en actividades que violan la autonomía universitaria y que violan lo que dice el artículo 4, si mal no recuerdo, en la Ley de Universidades. Sus procesos de formación, de nuestros estudiantes, de investigación y de extensión deben responder a criterios democráticos, de libertad plena para pensar, para opinar, entonces no puede ser que unas sectas pretenden convertirse en poder dentro de la universidad. El cómo está en la Ley de Universidades, allí está definida la filosofía universitaria, la doctrina universitaria en lo que se refiere a cómo conducir y cómo funciona una universidad autónoma.
—Acerca de la autonomía financiera que menciona, ¿cuál es la situación actual de la UCV tras estos 15 años de rectoría de la profesora García Arocha, y qué estrategias implementará para lograr que el gobierno asigne los recursos a la universidad?
—Sí. Indudablemente debemos tender hacia la autonomía financiera y económica de la universidad y en todas las universidades del país. El músculo de la autonomía académica y de la autonomía que tiene la universidad para elegir sus autoridades, el músculo que hace posible que haya actividad académica, es lo financiero. Y mientras no tengamos autonomía financiera no vamos a poder avanzar en los necesarios procesos de investigación, de producción, de conocimiento humanístico, científico y tecnológico que Venezuela necesita para su desarrollo y progreso. En ese sentido, estamos proponiendo la transformación del vicerrectorado administrativo.
El vicerrectorado administrativo creado en la reforma de la Ley de Universidades de 1970, se ha dedicado casi exclusivamente al manejo de los recursos presupuestarios del gobierno nacional y a los trámites de incorporación de personal, de incorporación y egreso de personal, de las funciones de la rutina administrativa, siendo que debimos haber desarrollado, y eso es lo que estamos proponiendo actualmente, que el vicerrectorado administrativo tenga otras dos áreas, que permanezca realizando esas actividades de la rutina administrativa y de gestión del escaso presupuesto que envía el gobierno nacional.
Entonces, el vicerrectorado administrativo debe también ocuparse de gestionar los recursos de ingresos propios por actividades que generen ingresos, eso ha venido funcionando hasta ahora de manera muy descentralizada. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la Facultad de Ingeniería, la de Farmacia y la de Ciencia, producen ingresos propios, pero eso no está generalizado hacia toda la universidad. Entonces hay que centralizar un poco las políticas de generación de ingresos propios para que las facultades, las escuelas, los institutos de investigación produzcan actividades que generen ingresos que permitan el sostenimiento financiero de la actividad de investigación, docencia y extensión y las actividades administrativas; pero también, estamos proponiendo que el vicerrectorado se ocupe de un área nueva de la captación y la gestión de recursos provenientes de la cooperación internacional. Esas dos áreas, que no han sido lo suficientemente desarrolladas, nos permitirán tener entonces un músculo financiero de apoyo a la actividad docente de investigación y extensión, la cual fortalecerá la autonomía económica y financiera que es una de las cuatro dimensiones de la autonomía que están contempladas en el artículo 9 de la Ley de Universidades y también en cierta medida en el artículo 109 de la Constitución. El vicerrectorado administrativo se convierte, a partir de julio de este año, en una importante instancia de la gestión universitaria.
—¿De cuánto debería ser la próxima asignación de recursos por parte del gobierno?
—Yo realmente no tengo esa cifra porque es muy difícil tenerla, porque se ha reducido en tal magnitud la actividad universitaria en los últimos años… no solo por la pandemia, sino también porque no se reciben los recursos presupuestarios que deberían recibirse, que de eso habrá que hacer un estudio económico financiero que tienda a generar autonomía financiera. Es decir, eso hay que calcularlo a partir de esa perspectiva financiera, de que la autonomía financiera se convierte en un elemento clave de la gestión universitaria, que no lo ha tenido hasta ahora.
—¿Hubo forma de impedir que la rectora no se extendiera en el cargo por tantos años?
—Esa es una pregunta bastante complicada de responder, pero fíjese, yo se la voy a responder de manera sencilla. La Ley Orgánica de Educación establece que el voto es paritario, es decir, que el voto de un profesor es igual al de un empleado, un obrero, un estudiante y de un egresado. Entonces, el gobierno vendió la idea de que eso era democratizar la vida universitaria haciendo que los votos valieran lo mismo. Y entonces resulta que matemáticamente eso es imposible, eso es una falacia matemática porque si usted tiene 150.000 egresados, que es más o menos la cifra con derecho a voto, y, sumando profesores, empleados y obreros tiene 20.000, entonces 150.000 egresados que no hacen vida permanente en la universidad son los que van a tomar la decisión de quiénes van a ser nuestros patronos dentro de la universidad. El patrono universitario electo por egresados, ¿eso es democrático?, ¿eso es justo? No, no es justo ni es correcto. Entonces, quienes trabajamos en la universidad vamos a ser, según el criterio de la Ley Orgánica de Educación, dirigidos por unas autoridades electas por egresados que tienen corta vida en la universidad, mientras que los profesores, los empleados y los obreros permanecemos por los menos 25 años trabajando dentro de la universidad.
Ese criterio de confundir a la universidad con la elección para organismos municipales, de gobernación, de alcaldías y presidenciales, eso no tiene sentido, porque es que la universidad es una institución académica que debe ser regida de acuerdo con los méritos que se van logrando. Esas distorsiones de la Ley Orgánica de Educación atentan contra la condición de la universidad como institución académica y eso evitaba la responsabilidad de realizar las elecciones, porque es muy difícil aceptar, académicamente, que el voto es igualitario en una institución meritocrática como es la universidad venezolana, y eso paralizó los procesos electorales hasta que por fin hubo un acuerdo logrado con el gobierno nacional para realizar estas elecciones, pero donde el voto no es igualitario sino que existe el voto proporcional. Los votos de los profesores representan 50%, el voto de los estudiantes 25%, el voto de los empleados 10%, el voto de los obreros 10% y el voto de los egresados 5%. Hay un voto proporcional que no esta contemplado en la Ley Orgánica de Educación ni en las sentencias que dictó el Tribunal Supremo de Justicia, que en buena medida esas sentencias contribuyeron a impedir la elecciones en las universidades.
—¿En qué le beneficiaba al gobierno que el voto fuese paritario y que no se hicieran elecciones?
—Evidentemente hay un ataque a la Academia, hay una igualación por debajo, entonces, sobre nosotros los profesores, en la Ley de Universidades que no lograron aprobar, que fue vetada por Chavez, no se hablaba de profesores sino de trabajadores docentes y de trabajadores administrativos y de trabajadores obreros. Realmente había un irrespeto hacia una figura importante como es la de un empleado y como es la de un obrero, pero que también es importante la figura del maestro, del profesor. En Venezuela siempre se respetó al maestro, al profesor, así como deben ser respetados el empleado y el obrero. A nosotros se nos atacó duramente desde el gobierno nacional y pretenden igualar por debajo. Hay personas que dicen que por qué un profesor instructor gana menos que un profesor titular, que tiene al menos 20 años en la universidad con título de doctor y líneas de investigación. Claro que tiene que haber diferencias porque eso es mérito. El gobierno ha pretendido acabar con todo eso, supongo yo que para acabar con el modelo de la universidad democrática y autónoma. Supongo yo que es por eso.
—¿Qué piensa de no usar la asistencia técnica del CNE para estas elecciones?
—Me parece un error, porque los cálculos que hemos recibido en el propio Consejo Universitario es que el costo de estas elecciones está alrededor de los 70.000 dólares, y la universidad no tiene ese dinero. La a ayuda técnica del Consejo Nacional Electoral no implica que va a dirigir el procesos electoral de la UCV, porque es la comisión electoral de la UCV, un órgano de la propia universidad, el que organiza, dirige, realiza y procesa los resultados electorales y proclama a los electos. El CNE, prestando el apoyo técnico con sus máquinas de votación, hubiese abaratado los costos de esta elección. Porque uno de los riesgos que tenemos, y que todavía está discutiéndose en el Consejo Universitario, es que la universidad no tiene 70.000 dólares para pagar este proceso electoral y eso pone en riesgo la realización de las elecciones.
—¿Y cómo se supone que van a conseguir esa cantidad?
—Me hace una pregunta muy delicada, porque resulta que el vicerrector administrativo encargado de la UCV, en reuniones recientes del Consejo Universitario, no sabía cómo se iba a conseguir este dinero.
—Pero para este tipo de acontecimientos, que no se usa la asistencia del CNE, ¿no debería la universidad contar con alguna ayuda, no tiene convenios con empresas privadas?
—No. Eso no se previó y dominó una votación universitaria dentro del Consejo Universitario que impidió que usáramos la ayuda técnica del CNE.
—¿Y cuáles fueron los argumentos para no querer esta asistencia?
—Bueno, los mismos argumentos que aparecen en la calle de algunos sectores opositores que prefieren una votación manual y no una votación con máquinas electrónicas. Ese mismo argumento que está en contra de la gestión del CNE en los procesos electorales del país.
—¿Es una desconfianza hacia la credibilidad de las máquinas o del resultado que pueda salir de allí?
—Bueno, por una parte hay algo de eso. Es decir, están trasladando a la UCV lo que es un problema externo. Entonces es como seguir en la campaña en contra del CNE pero ahora desde la UCV, a sabiendas de que en la UCV el CNE no interviene directamente en la organización, realización de los procesos electorales. Equivocadamente se ha trasladado una cuestión que nada tiene que ver con procesos electorales nacionales ni regionales con el proceso electoral de la UCV, lo cual es un error total.
—¿Más allá de eso, cuál es su consideración positiva a la asistencia técnica del CNE?
—Lo que yo le veo positivo a la asistencia técnica del CNE es que, en primer lugar, es más confiable que cualquier otra forma de votación, porque si vamos a volver entonces a los años 50 con la votación de tarjetas de colores, no lo entiendo. Yo confío en que las máquinas electrónicas no alteran ningún proceso electoral en Venezuela, el fraude se comete antes de la votación y se comente durante el proceso de votación, no porque las máquinas son intervenidas, sino porque los partidos políticos no se organizan adecuadamente, no llenan de testigos las mesas de votación y ahí puede ocurrir cualquier cosa, que no tienen que ver con las máquinas. Lo representa el ventajismo del gobierno al hacer uso de los recursos del Estado con fines electorales, eso tampoco es culpa de las máquinas, ellas no tienen nada que ver con eso, de manera tal que se ha creado una matriz de opinión que no tiene soporte técnico.
—¿Cuál es el origen de los paros universitario y su propuesta para que no ocurran?
—Yo vengo de ser directivo dos veces de la Asociación de Profesores de la UCV y creo que ha habido un gravísimo error desde hace algún tiempo en la manera en cómo se plantean las luchas por reivindicaciones económicas, laborales y de la seguridad social de la comunidad universitaria y en concreto, del profesorado, que es un área en la cual yo me muevo. La lucha yo la he caracterizado desde hace muchos años como un giro en 360 grados. Comienzas un día con movilizaciones de calle, paralizas las universidades de forma parcial o de forma total y terminas volviendo al punto de origen en peores condiciones.
El año pasado nosotros logramos un aumento salarial importante e inmediatamente el gobierno aplicó el llamado instructivo Onapre y aquel aumento se convirtió en nada y nos ubicó en una situación peor. Eso tiene que ver con una desviación errada que suele ocurrir en las luchas sindicales. Los dirigentes gremiales y los dirigentes sindicales suelen manejarse desde una perspectiva economicista en la cual, en el caso de la universidad, teniendo usted un potencial académico bastante importante, como la que tiene la UCV para producir conocimiento y soluciones a los problemas del país, del sector público, del sector privado e inclusive en el ámbito internacional, podríamos aprovecharlo. Sin embargo, a la hora de negociar con el gobierno nacional, no se le dice al gobierno lo que se puede hacer y que para ello necesitamos recursos, sueldos, salarios y condiciones de trabajo y de seguridad social adecuadas para que la universidad pueda producir el conocimiento que la empresa privada necesita, que el gobierno nacional necesita y que inclusive factores internacionales también necesitan. Entonces, no se tiene en cuenta eso, se va al planteamiento exclusivamente salarial, dame más salarios, págame esto, lo otro, el gobierno te lo paga y después de lo quita, porque tú no has utilizado la fuerza académica, el argumento de que somos una institución académica y que los gremios universitarios, especialmente la asociación de profesores de la UCV y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, la FAPUC, los dirigentes de esas asociaciones deben entender que están dirigiendo gremios académicos que tienen una fuerza académica para negociar condiciones adecuadas de trabajo, pero no utilizan esa fuerza académica, el potencial académico que tiene la universidad para lograr sueldos y salarios, seguridad social en beneficios de los trabajadores universitarios y de los estudiantes, que también deben ser atendidos en cuanto a sus becas, las preparadurías, el comedor, el transporte. Los estudiantes necesitan también mucho apoyo para poder continuar sus estudios.
—¿Los aumentos de sueldo que les otorgaron el año pasado fue lo solicitado por el Consejo Universitario?
—Eso era antes de la reforma que realizó el gobierno del presidente Caldera en 1970. Los Consejos Universitarios, las facultades universitarias de cada universidad tenían autonomía para negociar con sus sindicatos y con sus gremios y, de acuerdo con las características particulares de la región donde estaba ubicada cada universidad, las autoridades universitarias negociaban con los sindicatos y los gremios todo lo que tenía que ver con política salarial y otros beneficios. Luego, a partir de 1970, los gobiernos tendieron a fijar el monto de los salarios, muchas veces sin considerar la realidad de la situación universitaria, y eso causó muchos daños hasta llegar a la situación actual en la cual el gobierno de 1999 creó su propia federación sindical, que ha tenido distintos nombres. Son estructuras sindicales controladas por el gobierno y apartando a los gremios y sindicatos electos por los universitarios.
Tenemos lo que se llama sindicato patronal, son sindicatos al servicio de lo que diga el patrono gobierno. El gobierno negocia con sus propios sindicatos, montan ese show de que están negociando con los trabajadores y no es así, están negociando son sus propios sindicatos. Allí ocurre cualquier cosa, por eso el año pasado esa Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, que es un sindicato patronal, nada dijo acerca de la situación creada con el instructivo Onapre que echó por tierra el aumento de sueldos y de salarios que se había alcanzado a comienzos del 2022.
—¿Ese aumento sí era significativo? ¿Correspondía con la realidad de un sueldo que debería pagarse en una universidad?
—Yo, que fui profesor titular con doctorado y que dirijo líneas de investigación del área demográfica y epidemiológica en la UCV, digamos que no era lo que aspiraba. Lo que aspiramos los profesores en la medida en que vamos progresando en nuestra carrera académica desde la categoría inicial, que es la de profesor instructor, hasta la categoría máxima, que es la de profesor titular, es no menos de 5.000 dólares mensuales siguiendo el ejemplo de otras universidades del mundo y de América Latina. El aumento que hubo, en alguna medida, sirvió para algo pero no era suficiente y con el instructivo Onapre todo eso se acabó. A nosotros no nos pagan las prestaciones sociales, yo me jubilé en 2018 y al día de hoy yo no he cobrado ni un bolívar después de 37 años en la universidad.
—¿A qué le atribuye usted el deterioro de la universidad?
—Indudablemente que la universidad no ha estado recibiendo los recursos presupuestarios en la cantidad adecuada para mantener la infraestructura. No los está recibiendo, no los está manejando y usted observa, por ejemplo, al gobierno atropellando a la propia universidad. Realiza obras de infraestructuras pero con una intención en cierta medida de convertir en vasalla a la universidad. Eso es una responsabilidad del gobierno, cooperar con el mantenimiento de la infraestructura. No venía dando los recursos a la universidad y casi todo el presupuesto universitario se va en el pago de la nómina de personal docente, administrativo y de los obreros, y muy poco queda para el mantenimiento de la infraestructura a pesar de ser un Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, no recibe los recursos ese patrimonio.
—El gobierno justifica la intervención de las 9 facultades, en referencia a la Comisión de Recuperación, en que no hicieron buen uso de los recursos y asignación presupuestaria. ¿Usted qué opina?
—Sí, es cierto. Nosotros como autonomistas estamos reclamando que haya transparencia en el manejo de los recursos financieros, que haya rendición de cuentas, por lo menos anualmente, acerca del manejo de los recursos financieros de la universidad. Entonces, el gobierno se aprovecha del manejo no adecuado de los recursos financieros de la universidad, pero en lugar de buscar un acuerdo pretende asumir funciones de gestión que corresponden a la universidad. La manera como el gobierno justifica su intervención actual en los procesos de recuperación de la infraestructura no puede ser. Ahora bien, yo en el Consejo Universitario propuse unos lineamientos para evitar que ocurriera lo que está ocurriendo, donde la Comisión Presidencial se toma atribuciones que no le corresponden, que son propias de la universidad.
—Anteriormente me decía que el deterioro de la infraestructura se debe a que los recursos que otorga el gobierno se asignaban prácticamente al pago de profesores y de personal, pero ahora reconoce que hubo un mal uso de los recursos. ¿Cuando dice que no se usaron bien es porque se invirtieron en cosas que quizás no debieron o se refiere a desviación de recursos?
—Yo nunca he acusado a las autoridades actuales de desviar los recursos o de sustraer recursos para su provecho personal o grupal, no lo he dicho porque no tengo evidencias y no puedo hablar de lo que no conozco. Sin embargo, sí llama la atención que cuando exigimos que rindan cuentas, no rinden cuentas. Yo les digo: señores, ustedes tienen que rendir cuentas de los recursos que obtuvieron y de la forma cómo los manejaron. Mientras no rindan cuentas están en una situación de sospecha. Y el gobierno aprovecha esas falencias en la universidad para generalizar y actuar en contra de toda la universidad y en de toda la comunidad. En el caso de nosotros los profesores, estamos reclamando que la rectora debe rendir cuentas acerca de 41 millones de dólares que le entregaron la Asociación de Profesores y el Consejo de Profesores Jubilados de la UCV como resultado de la liquidación del fondo de jubilaciones. En 2008 se llevaron 20 millones de dólares del Instituto de Previsión del Profesorado para Panamá y en 2016 le fueron entregados los otros 21 millones de dólares. Nosotros estamos exigiendo que la rectora presente cuentas de ese dinero. Yo no estoy diciendo que se los robó, si no que presente cuentas, porque si no las presenta el gobierno toma esa situación para generalizar y tiene argumentos para no entregar recursos financieros.
—¿Qué se debió hacer con ese dinero?
—Los 21 millones de dólares del fondo de jubilaciones debieron ser transferidos por la rectora al Instituto de Previsión del Profesorado. Al inmediatamente ella haber recibido ese dinero, debió transferirlos al Sistema de Seguridad Social de los profesores de la UCV, y no fue transferido. Y se hicieron unas compras de unas clínicas. El vicerrector renunciante en el año 2020, Bernardo Méndez, explicó que uno de los motivos por los cuales renunció fue que no hubo un manejo transparente.
—Es decir, ¿los profesores jubilados se quedaron sin ese dinero?
—Ese dinero no es solamente de los profesores jubilados, porque los profesores jubilados y activos contribuíamos mensualmente con 4% de nuestro sueldo mensual para ir creando ese fondo para el pago de jubilaciones por parte de la universidad. Es decir, eran recursos para pagar las jubilaciones; sin embargo, el gobierno nacional pagaba esas jubilaciones y por eso se decidió liquidar el fondo de jubilaciones y sus activos, sus recursos financieros pasarlos al sistema de seguridad social de los profesores de la UCV, lo que se llama el Instituto de Previsión del Profesorado. Ese dinero lo maneja la rectora y nosotros lo que estamos pidiendo es que presente cuentas.
—¿El trabajo de recuperación de la universidad que hizo el gobierno fue según las necesidades del campus o fue algo superficial?
—Supongamos que estamos muy contentos con esa recuperación de la infraestructura, ¿qué hace usted con una bonita infraestructura si los profesores no tienen cómo llegar a la universidad a dar las clases, no tienen dinero para su alimentación ni de su grupo familiar, para la atención de sus problemas de salud? Igual los empleados y los obreros y los estudiantes que no reciben un buen servicio de transporte de comedor, becas, preparadurías. Es decir, pura fachada, universidad de fachada. Eso no es una universidad. La semana pasada estuve conversando con profesores de la Facultad de Odontología y me dijeron que el trabajo de recuperación de la infraestructura de Odontología había dejado muchas fallas, sobre todo el trabajo de las salas donde se atienden a venezolanos de escasos recursos económicos, y que la Facultad de Odontología necesita agua en cantidades suficientes para mantener sus actividades odontológicas. Y no tiene. Se evidencia allí que el trabajo de infraestructura no fue el mejor.
—¿Cuál es su opinión sobre de la gestión de Cecilia García Arocha en el rectorado?
—Bueno, le puede hablar una persona que es testigo importante de lo que allí ocurrió, porque yo respaldé la fórmula electoral presentada por la rectora en el año 2008. Trabajé para que tuviera los votos necesarios para llegar al rectorado e iniciamos una etapa. Yo le dije: ‘Profesora, aquí hay que ingresar una actividad que permita que los profesores no se vayan, no se jubilen, no renuncien, se mantengan dentro de la universidad’. Y empezamos un buen trabajo, especialmente en lo que se refiere al fondo de jubilaciones, a su liquidación y al uso de sus recursos financieros para fortalecer el Instituto de Previsión del Profesorado, inclusive llegamos a tener coincidencias con la rectora acerca de cómo transformar ese instituto, para hacerlo un ente más eficiente, que atendiera mejor a los profesores y a su grupo familiar y que redujera el gasto burocrático innecesario.
Hasta 2014, más o menos, tuvimos una buena relación de trabajo con la rectora. A partir de 2014 en adelante las cosas cambiaron y ya no había interés en procurar favorecer las condiciones de trabajo de los profesores, empleados, obreros y los recursos que van para el apoyo a los estudiantes, las cosas comenzaron a cambiar. Yo realmente no tengo conocimientos de cuáles fueron las causas que produjeron ese cambio, pero eso se evidenció sobre todo en el año 2020, cuando en enero renunció el vicerrector administrativo Bernardo Méndez, en desacuerdo con la gestión rectoral para la cual él fue electo porque formaba parte de la plancha que estructuró la profesora García Arocha. Él era el candidato vicerrector administrativo promovido por la rectora y, sin embargo, él renuncia con un informe que no pudimos discutir con toda libertad en el Consejo Universitario, el cual habrá que retomar para hacer correcciones en la universidad.
A partir de 2020 se instaló una forma de gobierno en la UCV, un gobierno autoritario por parte de las propias autoridades universitarias y decanales que condujo al funcionamiento no adecuado del Consejo Universitario, porque se estructuró una votación cerrada, hermética, formada por 11 votos decanales y 3 votos de autoridades rectorales que impidieron e impiden el debate democrático, respetuoso dentro de Consejo Universitario, y eso es lo que queremos cambiar y que no continúe un estilo autoritario y de irrespeto hacia los miembros del Consejo Universitario, que no somos ni autoridades decanales ni autoridades rectorales.
—¿Qué piensa hacer con el tema de la inseguridad?
—Para mejorar el trabajo del personal de seguridad y custodia de la universidad, para que sea eficiente, eficaz y útil, hay que pagar lo que hay que pagar por esos servicios. Usted no puede tener unos trabajadores pagándoles 10, 20 dólares mensuales porque ese trabajador no va a hacer su trabajo como debe ser. La universidad hoy prácticamente queda sola cuando cesan las actividades de los estudiantes, profesores, empleados y obreros. Prácticamente no hay servicios de seguridad y custodia propiamente de la universidad por los bajos sueldos. ¿Y por qué antes sí teníamos un buen sistema de vigilancia aceptable, que permanecía todo el tiempo allí? Uno pasaba los domingos y estaban los vigilantes trabajando y en las puertas de acceso. Ahora se ha dificultado eso, pero es porque hay una situación económica que es intolerable, no es aceptable que seres humanos, como lo son nuestros vigilantes, estén en condición tan deteriorada, ellos y su grupo familiar.
—¿Qué expectativas tiene ante esta nueva etapa de la universidad luego de tantos años sin elecciones?
—Yo realmente estoy observando un interés de los ucevistas para fortalecer la actividad universitaria, para fortalecer la autonomía financiera de la universidad. Nos lo dicen a cada momento cuando hacemos los recorridos de la precampaña, nos dicen que están de acuerdo con los planes que estamos presentando para generar más ingresos propios, para generar la obtención de recursos de la cooperación internacional del sector privado. Hay mucho interés de los ucevistas por fortalecer la investigación y la extensión como dos actividades que son fundamentales para la actividad docente.
A mí me preguntaban en estos días en un programa de radio que cuál era la universidad que yo soñaba. Yo le decía que yo ya no la sueño porque está ocurriendo un despertar entre los ucevistas para recuperar la universidad, para recuperar la democracia universitaria, para fortalecer la autonomía universitaria. Es decir, no le estoy mintiendo, le estoy diciendo algo que he observado directamente, mucho interés por recuperar la universidad. Tal vez eso no se exprese electoralmente, porque la gente tiene problemas para trasladarse a la universidad, o tal vez esté decepcionada, pero la gente espera un cambio y al producirse ese cambio, ¿cómo lo vamos a realizar? La universidad va a recuperar el ánimo, va a recuperar las esperanza y vamos a tener a los universitarios trabajando para mejorar las cosas dentro de la universidad. Esperamos que el gobierno nacional entienda ese mensaje que estamos dando los ucevistas.
—¿Cuál es la realidad de la universidad hoy?
—La realidad es que hay mucha decepción, hay mucho desánimo, nos va tocar trabajar muy duro. La universidad va a tener que entrar en un período de transición donde tendrá que acordar con el gobierno nacional, con el sector privado nacional y con organismos internacionales, recursos financieros que permitan estimular y favorecer las condiciones gerenciales; favorecer las condiciones de vida de nuestros empleados, obreros y estudiantes porque sin el recurso financiero, sin el recurso económico, sin buenos sueldos, sin buenas becas, sin buenos comedores, sin seguridad social, un buen sistema de salud para los profesores, empleados y obreros, sin eso, la universidad no va a poder recuperarse. Por eso insistimos que el vicerrectorado administrativo transformado va a ser una pieza fundamental en la recuperación de la universidad. Pero hoy la universidad está con expectativas buenas, pero desanimadas.
—¿Qué conocimiento tiene sobre el éxodo de profesores? ¿Cómo lo ha afrontado la UCV?
—Se han ido muchos profesores jóvenes, no está ingresando personal de relevo, pero gracias a Dios todavía permanecen profesores que tienen entre 15 y 30 años en la universidad y quienes mantienen el espíritu con mucho sacrificio tanto de ellos como de su grupo familiar, mantienen el interés en el desarrollo de las actividades de la universidad. La cifra es elevada, no la hemos tenido, pero la vamos a ver en las elecciones, porque el registro electoral que nos dio a conocer la comisión electoral tiene fallas porque hay mucho profesor que no está en Venezuela o que falleció y todavía aparece en el registro electoral, a pesar de que se están realizando las impugnaciones.
Esperamos que una vez finalizadas esas impugnaciones sepamos exactamente cuántos profesores tenemos. En octubre del año pasado hubo una elección de junta directiva de la asociación de profesores, había más de 6.000 profesores con derecho a votar en la elección de la junta directiva de la Asociación de Profesores de la UCV, pero solamente votaron como unos 1.500. Es decir, la cuarta parte, 25%, y en ese registro de los 6.000 se incluía activos y jubilados.
Va ser necesario tratar de estimular la reincorporación de personal jubilado, del que lo desee, a las actividades de la universidad, porque la universidad va tener que abrir sus puertas con condiciones aceptables de trabajo y de sueldos a personas jóvenes, quienes necesitan ser entrenadas para la docencia, la investigación, la extensión y la propia actividad administrativa universitaria. Tenemos un personal jubilado que va ser muy importante para entrenar a esa nueva generación de docentes que ingresará a la UCV, porque los otros se están jubilando y alcanzaron edades correspondientes a lo que llamamos adulto mayor.
Yo, que estudio los procesos de envejecimiento demográfico en Venezuela, le puedo decir que la población profesoral de la UCV está más envejecida que la población venezolana, porque, claro, cuando se incorpora como profesor universitario teniendo entre 20 y 25 años de edad, esa población ha ido aumentando su tamaño, que tiene ahora 60 o más de 60 años de edad. No hay ingreso de personal de relevo, pero eso va cambiar.
—¿Cuál es su posición acerca de que el gobierno controle el ingreso a las universidades mediante la Oficina de Planificación del Sector Universitario?
—Desfavorable, porque nosotros, los que damos las clases, los que hacemos las investigaciones, los que estamos en contacto directo con los estudiantes, sabemos cuál es la cantidad de estudiantes que podemos formar con calidad académica. Yo siempre me quejé de que me asignaran entre 35 y 40 estudiantes en una materia teórico práctica como las que yo daba, donde tenía que dar contenidos de epidemiologías, estadísticas, metodología de la investigación. El gobierno empezó a llenar las universidades sin criterios técnicos de estudiantes, había que hacer algunas reformas importantes dentro de la estructura universitaria y crear otras universidades para abrir nuevas oportunidades de ingreso a los estudiantes. Entonces, la OPSU no ha hecho un buen trabajo, no se maneja con criterios académicos científicos, educativos, pedagógicos, sino que es una imposición. Yo estoy en desacuerdo con eso.
—Usted ha criticado cómo se ha conducido el Consejo Universitario de la UCV, ¿de qué forma ha sido conducido?
—Ha sido conducido con una tendencia creciente hacia las prácticas autoritarias, hacia el hermetismo, cajas negras impenetrables, inclusive hacia nosotros mismos por parte del Consejo Universitario, a quienes se nos hostiga, se nos persigue, se nos bloquean proyectos una vez aprobados. Eso no puede continuar, tenemos que democratizar el Consejo Universitario, los Consejos de Facultad y los Consejos de Escuelas. No puede ser que algunos representantes profesorales de los Consejos de Facultad hayan sido convertidos en funcionarios decanales con goce de prima de cargo y de responsabilidad. Es decir, dejaron de ser representantes profesorales aunque se mantienen como representantes profesorales, pero no defienden los intereses de los profesores sino que responden a los intereses de los decanos, que muchas veces no son intereses académicos.
—También ha dicho que hay candidatos que evaden hablar de asuntos prioritarios para la próxima gestión como restablecer el estado de derecho y garantizar la transparencia administrativa y financiera. ¿Por qué cree que estos candidatos no hablan de estos temas?
—Porque ellos no quieren ser calificados como conflictivos. Yo soy descalificado de manera injusta y arbitraria, soy calificado por mi permanente condición de crítico de lo que no debe ser y soy calificado como un individuo conflictivo. Y resulta que yo soy el representante profesoral que más proyectos ha presentado en el Consejo Universitario, en relación con el Hospital Universitario de Caracas, sistema público nacional de salud, asociar la universidad con las Naciones Unidas en lo que se refiere a la agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la agenda social de la UCV; todo eso lo he presentado yo, y lo he comunicado a través de 482 boletines desde el Consejo Universitario.
Soy el único representante profesoral que mantiene una línea de información permanente acerca de lo que sucede, lo que se decide, lo bueno y lo malo en el Consejo Universitario y, sin embargo, soy calificado como conflictivo porque hay otros que prefieren pasar agachados, no meterse en líos, pero aspiran a cargos.
Ellos no quieren asumir responsablemente la conducción de la universidad para responder problemas, yo no ando buscando primas, ni jerarquías de cargo ni de nada de eso. Yo me conformaría con que mi sueldo fuese igual que el de los profesores que tienen los mismas méritos académicos que yo, porque a mí nadie me está poniendo una pistola en el pecho para que me lance para rector. ¿Por qué voy a tener unos beneficios diferentes al de otros profesores que tienen mi rango académico ? Eso no se justifica.
En abril de 2009 las autoridades rectorales y decanales que fueron electas en 2008, pretendieron autootorgarse un bono millonario de 10 millones de bolívares para las autoridades rectorales y de 8 millones de bolívares para los decanos. Yo me opuse y tenía a 15 autoridades universitarias en mi contra. Logré que echaran para atrás esa decisión porque era desconsiderada en relación con una inmensa cantidad de profesores que no estaban gozando de buenos sueldos. A partir de allí comenzó una política de vamos a cercar a Rómulo Orta, vamos a impedirle sus actividades de representante profesoral, vamos a sacarlo de la jefatura de la cátedra que tiene en la Escuela de Medicina Luis Razetti. Hicieron de todo para hostigarme, descalificarme de manera ilegal e injusta.
—Dijo que exigirá al gobierno la devolución de la nómina de personal y docente y su salida del sistema Patria. ¿Qué ha significado que el gobierno tenga esta nómina y que estén en el sistema Patria?
—La incorporación de las nóminas de las universidades al sistema Patria nos ha perjudicado a los profesores, obreros, empleados. Es un sentimiento generalizado de incomodidad y rechazo, pero que son de detalle. Uno no sabe por fin cuánto es que va a cobrar ni cuándo va a cobrar. La universidad no paga nómina, paga es el gobierno a través del sistema Patria y nunca sabemos cuánto es lo que ganamos, de repente en un mes inventan un bono de tal cosa, ¿y cuál es por fin mi ingreso? ¿y por qué tiene que ser un ingreso que tiende a la bonificación, que no tiene impacto sobre otros beneficios como es el de las prestaciones sociales, como es el de los bonos vacacionales y de aguinaldos? Eso no puede continuar.
—Si se logran salir del sistema Patria, ¿cómo se haría cargo la universidad del pago de la nómina? ¿No sería el mismo gobierno el que la paga igualmente?
—No, porque el gobierno asigna la cuota presupuestaria que por ley debe asignarle a la universidad. Lo que pasa es que el gobierno ha venido violando lo que siempre funcionó. Antes la universidad elaboraba un proyecto de presupuesto para cada facultad, lo enviaba al gobierno, los discutían, y se llegaban a acuerdos que muchas veces no satisfacían la necesidad presupuestaria financiera de la universidad, pero discutían. Ahora en el Consejo Universitario no discutimos eso y resulta que eso es una responsabilidad del Consejo Universitario, el cual tiene la atribución legal de determinar el monto y la distribución del presupuesto. Eso se acabó.