Roland Carreño, El Nacional-por Carreño
El periodista Roland Carreño. Foto: Archivo

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) rechazó el jueves que el juicio contra el periodista Roland Carreño «siga envuelto en el retardo procesal y en decisiones que menoscaban su derecho a la defensa, tal como lo establecen las leyes venezolanas».

A dos años del arresto de Carreño, la organización denunció que tras cinco meses de audiencias y cuando se estaba en la etapa culminante del proceso, el juez que llevaba el caso del periodista pidió su baja alegando motivos médicos. De esa forma el juicio deberá reiniciarse por completo.

«RSF condena este hecho, que forma parte de una estrategia de dilación para mantener a Carreño detenido. Todo parece apuntar que sobre Carreño pesa una sanción para castigarle por su cercanía con el dirigente político opositor Leopoldo López, una vez que este huyó a España», señaló la organización en Twitter.

Reporteros Sin Fronteras también reiteró su exigencia para que Roland Carreño sea puesto en libertad y cuente con garantías del debido proceso en caso de que se prosiga su juicio.

El periodista fue detenido el 26 de octubre de 2020 y se le imputan los delitos de financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, conspiración contra la forma política, legitimación de capitales y tráfico ilícito de armas de guerra.

Sus abogados han advertido en varias ocasiones que el proceso judicial contra Carreño ha estado plagado de irregularidades.

Durante una rueda de prensa el pasado 26 de octubre, el abogado Joel García indicó que hasta el momento no se tiene una fecha de reinicio del juicio de Roland Carreño y que esta situación afecta los avances que había logrado la defensa.

«Si bien es cierto que en el mes de mayo pasado iniciamos las audiencias del juicio oral y público, ahora les informo que el juicio fue interrumpido, el juicio se propone nuevamente desde cero, es decir, lo que hicimos durante estos cinco meses ya no existe», dijo García.

Señaló que solo faltaban las declaraciones de un experto y un testigo para terminar el juicio, por lo que calificó este retraso como una retaliación política.


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