La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red-CLH) informó este miércoles, 20 de abril, que remitió 36 nuevos casos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
50 casos remitidos a la CPI
«Con ello se eleva a 50 el número de expedientes de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad, que han sido enviados por esta iniciativa al tribunal internacional», indicó la organización.
La Red-CLH está integrada por el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza. Cuenta con un equipo de expertos dedicados a identificar y entrevistar a las víctimas, analizar los casos y elaborar las actas que recogen la información y documentan los crímenes.
En febrero, la red informó que ya reposaban 14 casos en la Fiscalía de la CPI y que planeaban remitir otros 33 casos. Sin embargo, finalmente se enviaron 3 casos más de lo que se tenía planeado.
«Para construir los casos se recurrió directamente a fuentes primarias. Estos testimonios fueron recabados tras una campaña desarrollada en los países donde hay mayor presencia de venezolanos migrantes. La cual contó con difusión en medios de comunicación locales, así como en las redes sociales donde se invitaba a las víctimas a contactar a la Red-CLH para documentar sus casos», explicó la organización.
Y aclaró que esta metodología obedece a que muchas de las víctimas se vieron forzadas a emigrar.
«También se realizó un proceso de identificación de víctimas a las que se contactó directamente para obtener su testimonio», añadió.
Víctimas
De acuerdo con la Red-CLH, las personas entrevistadas declararon que fueron víctimas de asfixias con bombas lacrimógenas; sometimiento a posiciones de estrés; golpes en diversas partes del cuerpo; maltratos psicológicos; condiciones de detención extremadamente precarias; privación de alimentos y agua; incomunicación; amenazas a sus familiares; ataques contra sus propiedades y persecución, entre otros métodos de tortura.
«En estos casos se evidenció una absoluta inacción por parte del Estado venezolano, pues los hechos en contra de las víctimas no han sido investigados a pesar de ser del conocimiento directo de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, fiscales del Ministerio Público, jueces, órganos de policía, entre otros, a los cuales las víctimas acudieron para denunciar lo sucedido sin obtener respuesta. En la mayoría de los casos ni siquiera se dejó constancia en actas de lo manifestado por ellas», señaló.
Y recalcó que los testimonios evidencian patrones que coinciden con los señalados por el Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe de 2018, así como por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de ONU.
«En el informe de esta segunda remisión se incluyen algunos casos de testigos para que sean conocidos por la Fiscalía de la CPI, pues sirven para ejemplificar la falta de investigación y sanción a los máximos responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela», añadió.