El régimen de Nicolás Maduro consignó ante la Corte Penal Internacional (CPI) el informe de la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los DD HH de la ONU, como parte de su denuncia contra EE UU por esas sanciones, informó este martes el canciller del chavismo Jorge Arreaza.
El ministro de Relaciones Exteriores indicó en su cuenta de Twitter que la consignación la hizo la semana pasada ante la Fiscalía de la CPI para «actualizar la fundamentación de la Remisión que presentó la República Bolivariana de Venezuela ante la Corte Penal Internacional en febrero de 2020».
En aquella ocasión, el régimen denunció a Estados Unidos ante la CPI por las sanciones contra su economía. Además, reclamó a la fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda, que abra una investigación contra Washington por «crímenes de lesa humanidad».
Arreaza aseguró entonces que las medidas de Estados Unidos tienen como víctima fundamental a la «población civil venezolana que ha muerto, que ha sufrido enfermedad y obstáculos para su alimentación».
«Efectos devastadores»
El informe publicado por la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, fue publicado el pasado 12 de febrero. Afirma que estas sanciones han tenido «efectos devastadores» sobre la vida de los ciudadanos.
«Las sanciones unilaterales impuestas, cada vez en mayor medida, por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países han exacerbado las calamidades en Venezuela», dice Douhan, quien mencionó que el país hoy percibe menos de 1% del ingreso que tenía antes de que comenzaran las medidas coercitivas.
Además de ese documento, el régimen de Maduro presentó otro informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de Estados Unidos, que subraya que las sanciones contribuyeron a empeorar el deterioro de la economía de Venezuela.
En la carta que acompaña la consignación, que fue hecha pública por Arreaza en Twitter, el régimen sostiene que la documentación «confirma que existen motivos razonables para creer que las denominadas ‘sanciones’ adoptadas por las autoridades de Estados Unidos de América contra Venezuela constituyen un crimen de lesa humanidad».
«Se trata del pronunciamiento de una agencia responsable de evaluar el desempeño de la administración de EE UU que, por una parte, admite expresamente los elementos subjetivos del crimen y, por la otra, reconoce el impacto negativo generado por las medidas coercitivas unilaterales», afirma la misiva acerca del informe de la GAO.
Sobre el informe de la ONU, la carta afirma que «se trata del análisis realizado en el terreno por un mecanismo especializado de la ONU que ha podido constatar directamente las consecuencias devastadoras de las medidas coercitivas unilaterales sobre la vida y otros derechos humanos de la población civil venezolana».