Cógido de Procedimiento Civil
Foto: @MaikelMorenoVEN

Un grupo de profesores universitarios y abogados señalaron que la reforma del Código de Procedimiento Civil debe ser fruto de la discusión y el debate, convocando a todos los sectores para que participen, sin exclusión.

En un comunicado indicaron que el proyecto del denominado Código Orgánico Procesal Civil, al cual no han tenido acceso, fue entregada el pasado 24 de febrero de 2021 a la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento chavista por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen, Maikel Moreno.

«No discutimos la necesidad de una reforma del proceso civil, que materialice la modernización del sistema de justicia, con fundamentos actualizados e implantación de la tecnología. Pero esto debe ser producto de la discusión pública y serena reflexión, y para ello debe convocarse a todos los interesados, sin exclusiones», manifestaron.

«Como miembros del sistema de justicia exigimos se haga público el proyecto que fue presentado para su discusión ante la Asamblea Nacional y se convoque especialmente a las academias, colegios de abogados, Federación de Colegio de Abogados y  universidades, para que se discuta y se hagan propuestas que optimicen tan trascendente documento», agregaron.

Debatir la reforma del Código de Procedimiento Civil

«En Venezuela ya tenemos la experiencia positiva de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que fue discutida con amplitud y transparencia. En esa oportunidad no operó una conducta excluyente y de opacidad sino la consulta abierta y democrática. Los patrocinadores de la reforma expusieron sus planteamientos y lo discutieron vigorosamente con los miembros de la comunidad jurídica. En ese sentido recordamos el trabajo participativo y sin descanso de los magistrados Omar Mora, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena», subrayaron.

Advirtieron que no es la primera vez que se anuncia una reforma del Código de Procedimiento Civil. «En el primer semestre del año 2016 una mesa técnica, integrada por profesores universitarios, abogados y conformantes de todos los sectores políticos y profesionales, elaboró un proyecto de código procesal en la Asamblea Nacional, pero, desafortunadamente, no fue discutido. Allí se encuentra un valioso trabajo, el cual siempre será perfectible y  ante la nueva realidad requiere su actualización», explicaron.

Señalaron asimismo que se hace necesario señalar que antes de la reforma de los códigos y las leyes hay que mejorar la situación del Poder Judicial. «Nada se logra con un buen texto legal si los funcionarios que deben interpretarlo y aplicarlo están sometidos a trabajar en sedes físicas deficientes, carecen de la información y preparación adecuada, tienen bajos sueldos, precisan de estabilidad laboral y tampoco cuentan con el indispensable apoyo tecnológico tanto en equipos físicos como en capacitación para utilizarlos, y así poder acometer los retos de la justicia digital. Una reforma procesal sin estos cambios previos estaría destinada al fracaso», subrayaron.

Cambio digital

«Asimismo, consideramos que se estaría perdiendo la gran oportunidad de asumir la verdadera reforma procesal, al no plantearse la consolidación constitucional de un código modelo procesal común a todas las competencias que incluya la transformación digital del proceso judicial, lo cual estamos conscientes requiere el aporte de los recursos correspondientes», indicaron.

«Es necesario discutir el tema y entender que el método utilizado actualmente, bajo la emergencia del covid-19 no es confiable, ya que depende de un sistema de correo electrónico que opera una empresa extranjera y no cuenta con una plataforma digital apropiada que proporcione condiciones de calidad, confiabilidad, seguridad y transparencia, que nos conduzca a la completa y absoluta instalación y operación de los tribunales virtuales en nuestro país», agregaron.

Procedimiento civil

Los docentes universitarios y abogados explicaron que su interés es colaborar en la optimización de un proyecto de reforma del procedimiento civil que actualice nuestro sistema y, a la vez, reconocer nuestras limitaciones en materia de infraestructura física y tecnológica. «Tampoco hay que descuidar el fundamental derecho a la defensa de cada ciudadano como garantía constitucional y la igualdad de las partes e, incluso, la indispensable imparcialidad del juez, así como la necesidad de adecuar los procedimientos con el avance técnico y tecnológico y la inserción del país en la comunidad internacional», manifestaron.

«Es fundamental una justicia eficaz e imparcial para todos, como los venezolanos aspiran y demandan. No es tarea fácil, pero hay que acometer el reto», afirmaron.

El comunicado está firmado por:

  1. ABOU-HASSAN, ALFREDO
  2. ANGRISANO SILVA, HUMBERTO
  3. BADELL MADRID, ALVARO
  4. BADELL MADRID, RAFAEL
  5. BALLESTEROS OMAÑA, PATRICIA
  6. BENAIM AZAGURI, SALVADOR
  7. BRICEÑO LABORÍ, JOSÉ ANTONIO
  8. CAMERO CAMERO, CARLOS
  9. COTTIN, LEÓN HENRIQUE
  10. DUQUE CORREDOR, ROMÁN JOSÉ
  11. ESCOVAR LEÓN, RAMÓN
  12. GORRÍN FALCÓN, GUILLERMO
  13. GUERRERO QUINTERO, GILBERTO
  14. GUTIERREZ CARRERO, MARÍA AUXILIADORA
  15. HUNG CAVALIERI, ROBERTO
  16. LOVERA DE SOLA, IRMA
  17. MELO LÓPEZ, LUIS EMILIO
  18. MORALES VERA, PEDRO ADOLFO
  19. NÚÑEZ ALCÁNTARA, EDGAR DARÍO
  20. OCHOA MUÑOZ, JAVIER
  21. RENGEL NÚÑEZ, PEDRO
  22. RIERA LIZARDO, RAYDA
  23. RIVERA MORALES, RODRIGO
  24. RODRÍGUEZ CARRERA, LUIS ERNESTO
  25. RONDÓN HAAZ, PEDRO RAFAEL
  26. ROSELL SENHENN, JORGE
  27. ROVERSI THOMAS, RAFAEL ERNESTO
  28. RUEDA, ANÍBAL JOSÉ
  29. SALAVERRÍA LANDER, JOSÉ GETULIO
  30. SÁNCHEZ NOGUERA, ABDÓN
  31. SARMIENTO SOSA, CARLOS
  32. VADELL GRATEROL, JUAN VICENTE
  33. VILLALBA RODRÍGUEZ, VLADIMIR
  34. YANNUZZI RODRÍGUEZ, SALVADOR
  35. ZERPA APONTE, ÁNGEL

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