Los rectores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Raúl López Sayago, y de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci, están cautelosos ante las elecciones con las que la Universidad Central de Venezuela -UCV- renovará sus autoridades el 26 de mayo.
Consideran, en entrevista con el medio larense La Prensa, que la UCV avanza en solitario porque ninguna otra casa de estudio que integra la Asociación de Rectores Universitarios se ha atrevido a convocar a comicios internos por tres razones que consideran clave.
En primer lugar, recordaron que el Tribunal Supremo de Justicia suspendió todas las elecciones autónomas del país en 2012. Segundo, señalaron que las autoridades de las universidades autónomas desconocen la Ley Orgánica de Educación aprobada en 2008 y que, por lo tanto, han exigido su nulidad.
Y, en tercer lugar, indicaron que consideran que permitir que la participación de obreros en el proceso interno viola el artículo 109 de la Constitución, que establece que la autonomía universitaria recae sobre los profesores, estudiantes y egresados.
Vigencia de solo 15 días
Humberto Agrinsano, secretario ejecutivo de la Universidad Central de Venezuela, dijo a La Prensa que el reglamento transitorio solo tendrá una vigencia hasta 15 días después que las autoridades electas asuman sus cargos.
“La sentencia del TSJ que estableció la participación de todos los sectores de la universidad tiene un problema, y es que establece que el voto de estudiantes, obreros y empleados vale lo mismo que el de profesores porque se basa en el principio del 1×1. Eso atenta no solo contra la autonomía universitaria, sino contra la esencia de la universidad”, dijo.
“Es como si para elegir a la directiva del TSJ voten obreros, escoltas, choferes, abogados, asistentes. Eso no puede ser, pasa igual con las universidades. Creemos que la participación de los sectores es importante, pero no en las mismas proporciones. Por eso creamos una fórmula para la participación de todos los sectores en la elección”, añadió.
“Las universidades se han resistido”
Bonucci manifestó en un comunicado, publicado a comienzos de febrero, que las universidades se han resistido a participar en unas elecciones con las condiciones que pretende imponer el TSJ porque consideran que serían cómplices de la violación a la Constitución. “Pero, más aún, ha habido universidades que han intentado hacer elecciones de esa forma a las que también se les han suspendido los procesos”, recordó.
“Me sorprenden las elecciones en la UCV porque en 2022 el Consejo Nacional de Universidades nombró dos comisiones dentro de su seno para abordar una nueva Ley de Educación Superior y tratar el tema de elecciones en universidades; evidentemente esos dos temas tendrían que estar vinculados. Un reglamento electoral tiene que estar relacionado con lo que se discutió en el CNU. La gran pregunta es: si a algún miembro de la UCV se le ocurre impugnar esas elecciones porque no hay igualdad de participación, ¿cuál sería la respuesta que dará el TSJ? No sabemos”, cuestionó López.
Cercadas por el TSJ
El máximo tribunal, considerado como un apéndice del gobierno, suspendió en 2011 las elecciones en las universidades autónomas mediante una sentencia en la que se exige que la votación se produzca en proporción igualitaria para profesores, estudiantes, empleados administrativos, egresados y obreros. Los magistrados se basaron en la Ley Orgánica de Educación, contraponiéndose así a la Ley de Universidades, que contempla que cada Consejo Universitario debe diseñar sus propios reglamentos.
Después de ocho años, la Corte atentó nuevamente contra la autonomía en 2019, cuando la Sala Constitucional emitió la sentencia N° 0324, en la cual quedaron suspendidos de forma cautelar los artículos 31, 32 y 65 de la norma que rige el funcionamiento de las instituciones autónomas, en los que se establecen los procesos para las elecciones de las autoridades universitarias hasta tanto se dicte una sentencia definitiva para este caso.
El Consejo Universitario aprobó el 18 de enero el Reglamento transitorio para la elección de rector, vicerrectores, secretario, decanos y representantes profesorales de la Universidad Central de Venezuela, que señala que, considerando la estrecha relación que mantiene la comunidad académica con las personas que laboran en la universidad, se establece mayor flexibilidad para permitir la participación de los cinco sectores en los sistemas electorales internos, preservando la autonomía y la esencia académica.
“Nuestra comunidad así lo quiere”
Se estableció asimismo la integración del registro electoral según cada sector que, en criterio de la Sala Constitucional, conforman la comunidad universitaria. Además, en la norma se indica cómo será la validez de la elección y la proclamación de los candidatos electos, los procedimientos relacionados con la elección de las autoridades y otros aspectos importantes antes, durante y después del proceso.
“Discutimos y elaboramos un reglamento transitorio que representara e incluyera a nuestra comunidad universitaria con las ponderaciones legales que representan a nuestra comunidad académica contemplada en la Ley de Universidades. Aprobamos tener un proceso electoral porque nuestra comunidad así lo quiere, conforme además con una sentencia”, explicó en días recientes Cecilia García, rectora de la UCV, a El Nacional.
García dijo que para las megaelecciones -que, aseguró, ya se califican como las de mayor expresión de democracia, libertad y pluralidad en Venezuela- no se solicitará el apoyo del Consejo Nacional Electoral, sino que se decidió el uso de 20 equipos propiedad de la UCV, evaluados por técnicos privados y a los que se le deben hacer ajustes por la discontinuidad tecnológica, y otras máquinas que serán alquiladas.