«Rechazamos la decisión del gobierno de Maduro de expulsar a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de DD HH de la ONU en Venezuela», dijo la organización no gubernamental Provea.
Las declaraciones de la ONG se dieron luego de que el gobierno de Nicolás Maduro anunció este jueves su decisión de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela.
«Esta medida aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos, e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en el país», advierte Provea.
Rechazamos la decisión del gobierno de Maduro de expulsar a los representantes de la @OACNUDH en Venezuela.
Esta medida aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos, e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves…
— PROVEA (@_Provea) February 15, 2024
Similar fue la posición de la dirigente Delsa Solórzano, quien sostuvo: «La dictadura en Venezuela no quiere supervisión de organismos internacionales que verifiquen la violación de derechos humanos que ocurre en nuestra nación».
«La medida de expulsión del país de la Oficina del Alto Comisionado es de suma gravedad y pone de manifiesto el estado de indefensión en el que nos encontramos los venezolanos ante un régimen acusado de cometer crímenes de lesa humanidad y de violar de forma sistemática los derechos humanos de sus ciudadanos. Por ello hacemos un llamado de alerta internacional al mundo democrático», agregó Solórzano.
La dictadura en Venezuela no quiere supervisión de organismos internacionales que verifiquen la violación de DDHH que ocurre en nuestra nación.
La medida de expulsión del país de la @OACNUDH @UNHumanRights es de suma gravedad y pone de manifiesto el estado de indefensión en el… pic.twitter.com/9pEa3B6wA2
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 15, 2024
La decisión del gobierno de Maduro se da luego de que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresó preocupación por la desaparición forzada de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
«Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país», opinó en rueda de prensa el canciller Yván Gil.