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Rafael Veloz, integrante de la Subcomisión de Justicia de la Asamblea Nacional, denunció este miércoles el colapso y la corrupción del sistema de justicia nacional.

“Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project por la corrupción. Más de 70% de los jueces no son de carrera sino que son puestos directamente a dedo y 40% tienen una vinculación o una simpatía con el partido de poder”, indicó.

El parlamentario explicó que estos jueces son ubicados por el régimen en las áreas de competencia contencioso administrativo, “porque ahí van todos los juicios contra el Estado”, y de competencia penal.

Afirmó que uno de los primeros pasos a ejecutarse para reinstitucionalizar el país, es la sustitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados en diciembre de 2015 por la AN presidida por Diosdado Cabello; la revisión de todo el poder judicial y de los jueces en todas las instancias.

“Con la designación exprés se profundizó la crisis del sistema judicial. El régimen actúa en primer lugar en la administración de justicia porque es lugar de antídoto, donde se inmuniza la democracia”, alegó.

Fallas en el sistema

Durante una reunión de la Subcomisión de Justicia, en la que participaron representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales, de la Asociación de Jubilados del Poder Judicial y de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho, Veloz aseguró que la crítica situación de los servicios públicos en el país han impactado en el sistema judicial.

“Tenemos un sistema de justicia que no funciona a cabalidad. Ayer comenzó un programa para la fe de vida de los jueces jubilados, no había sistema y el proceso lo estaban realizando a mano. El Palacio de Justicia del estado Bolívar no funciona porque no hay agua, porque no hay los servicios públicos básicos”, mencionó.

A su juicio, todo el colapso de servicios públicos “va a tener un cese, que será posible cuando nos pongamos absolutamente de acuerdo y sumemos las capacidades para poder provocar, en conjunto con el Parlamento y el presidente Juan Guaidó, el cese de la usurpación”.

En resguardo de los trabajadores

El legislador afirmó que desde la instancia parlamentaria están elaborando acuerdos estatales con jueces y abogados, activos y jubilados, estudiantes de Derecho y el Frente Amplio de Profesionales, con la finalidad de profundizar en el desarrollo y promoción de la Ley de garantías constitucionales para trabajadores del sector públicos, sancionada en abril.

“Necesitamos establecer una base de recepción de denuncias, ante un sistema administrativo de justicia que está profundamente corroído y tarifado”, subrayó.

Afirmó que en la nación el sistema judicial opera para la persecución de los disidentes del chavismo. Un ejemplo, mencionó, es el caso de los trabajadores del sector que fueron despedidos por protestar el 26 de septiembre, en 14 estados del país.

“Fueron a la calle a protestar, no solo por el elemento reivindicativo, porque lo que ganan no alcanza para llegar a sus sitios de trabajo, sino también porque la justicia está profundamente corrupta. Ahora todos los activos del sector público justicia que protestaron están perseguidos”, señaló.

Veloz indicó que desde el Parlamento continuarán trabajando para resguardar los derechos humanos y laborales de todos los ciudadanos. “Cada uno de los venezolanos tiene que acompañar en este trabajo por el cese de la usurpación, así como la comunidad internacional acompaña al presidente Juan Guaidó en la restitución de la Constitución de 1999”, enfatizó.