Foto: Archivo

La audiencia del miércoles pasado, cuando la intervención del general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández Da Costa fue aplaudida de los asistentes, así como la ira de la juez Hennit Carolina López y la suspensión del juicio hasta el 5 de febrero, trajo consecuencias. Los detenidos fueron castigados y así lo denunciaron en el tribunal.

Con la presencia de funcionarios de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la revisión de los asistentes fue más cautelosa. Hasta el punto de impedir la entrada de celulares, relojes y cualquier objeto que le resultara sospechosa.

Los detenidos por el caso de los drones, como se conoce al intento de magnicidio de Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, fueron mantenidos en el pasillo del tribunal, con cinturones negros a los que tenían atadas las manos con correas. caras Y la cara contra la pared.

La secretaria del tribunal les fue indicando a los abogados donde sentarse porque no se les permitió hacerlo libremente. Afuera, los detenidos esperaron maniatados. Los revisaron y les ordenaron entrar a la sala, con la indicación de dónde debía sentarse cada uno.

El juicio no fue público

Presuntamente era un juicio público y por tanto el ingreso debía ser permitido a los familiares, pero la orden de la juez fue no permitir la entrada, excepto de los imputados y sus defensores.

Yoel García, abogado del diputado Juan Requesens, pidió la palabra, pero la juez se negaba a dársela. Él insistió en «un punto de orden», y Hennit Carolina López finalmente le permitió hacerlo. El defensor denunció que no se cumplía con el principio de publicidadm que permite la entrada del público.

García también denunció la requisa a la que fueron sometidos los abogados, lo cual corroboraron los demás defensores.

La juez dijo que se vio obligada a tomar medidas extremas, «por el grado de violencia ocurrido en la anterior audiencia». Para asombro de todos, señaló que había dispositivos que se podían colocar en lentes y relojes.

La funcionaria anunció que no permitiría la entrada de los familiares. El Ministerio Público pidió que a la familia se le autorizara entrar a la sala, pero la juez, en tono altanero, le respondió: «Bueno, doctor, ¿y usted se percató de que ya decidí ese punto?».

Una juez sin criterio

Gabriela Alas fue la primera testigo, una de las funcionarias de la DGCIM señalada de torturar a los detenidos. Tal como fue nombrada por uno de ellos en el juicio.

El imputado dijo que lo había torturado. Esta aplicaba electricidad en las partes íntimas de los hombres. La respuesta de la juez fue que la tortura no es su competencia porque eso no es lo que se está dirimiendo en su tribunal.

Alas, que aparece en varias de las actas que ese cuerpo de inteligencia, elabora y a veces fabrica para involucrar a personas consideradas no afectas al régimen. Cree que está por encima de la ley, reseñó la periodista Sebastiana Barráez, del portal de noticias infobae.

Dgcim

La funcionaria de la DGCIM dijo ante ese tribunal que ese organismo tiene la potestad de intervenir cualquier teléfono para oír las llamadas. Manifestó que «podía vigilar los teléfonos de quienes se encontraban en la sala y que para ello no necesitaba autorización de la juez».

Se aseguró de dejar claro que su trabajo, como funcionaria de la policía secreta, le permite averiguar y hacer seguimiento a las personas que considere.

Durante su declaración, la agente se negó a responder todas las preguntas que le hacían los abogados defensores. Argumentó que firmó un contrato de confidencialidad en la DGCIM que le impide dar información acerca de lo que esté investigando, dice el portal.

El castigo del general Hernández Da Costa

La mayoría de los detenidos, menos los generales, el coronel Zambrano y el diputado Juan Requesens, dijeron en el tribunal que fueron golpeados como consecuencia del aplauso al general y los gritos de «abajo la dictadura. Viva la libertad». Las mujeres también fueron blanco de golpes.

Al general Hernández Da Costa le han negado, desde aquel discurso tener acceso a agua potable. Tampoco le han dado alimentos, poniendo su vida en peligro. El oficial tuvo tres operaciones en corto tiempo antes de ser detenido en 2018, lo cual amerita que reciba dieta especial.

Además, dijo en el tribunal, le quitaron el ventilador que tenía en la celda. También le sacaron los útiles de aseo personal, y por eso llegaba desaliñado a la audiencia, sin permitirle cambiarse de ropa.

Durante cinco horas permanecieron los militares, Requesens y los demás civiles imputados por el caso de los drones, esposados, con arnés para impedir que aplaudieran. No les permitieron alimentos, bebidas, ni usar el baño.


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