El viernes el régimen de Nicolás Maduro decreto estado de alarma nacional para combatir el coronavirus. Esta modalidad entra en el marco de estado de excepción que contempla el artículo 338 de la Constitución.
Se puede aplicar en caso de catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan en peligro la seguridad de la nación.
El estado de alarma otorga facultades al Poder Ejecutivo de limitar o suspender ciertos derechos constitucionales.
«Hay derechos que no pueden ser restringidos»
La carta magna establece en su artículo 337 que no pueden ser limitados el derecho a la vida, al debido proceso y a la información.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli indicó, en conversación con El Nacional, que una vez decretado el estado de alarma debe aplicarse el régimen legalmente establecido en la Ley Orgánica de Estados de Excepción.
«Hay una serie de derechos, de un orden demasiado importante, que no pueden, en ningún caso, ser limitados o restringidos ni siquiera bajo una situación excepcional», resaltó.
Estos derechos son, según el artículo 7 de la normal legal, el derecho a la personalidad jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley y la nacionalidad. Además, del derecho a la libertad personal y de pensamiento, y la prohibición de la práctica de desaparición forzada de personas, entre otros.
Explicó que, en este escenario, se aplican aspectos específicos que logran controlar la situación que ha generado la alarma.
«Normalmente, se afectan son la libertad de tránsito, de comercio y, hasta cierto punto, la libertad de expresión para evitar que se propaguen rumores o informaciones que causen zozobra», señaló.
Agregó, también, que se puede ver afectado el derecho a la propiedad. En caso, por ejemplo, de personas que se hagan con una gran cantidad de implementos indispensables para manejar la emergencia.
«Entiendo que había clínicas privadas que tenían kits para despistajes y el Estado las asumió. Ese tipo de medidas son las que pueden ocurrir en un Estado de alarma y conmoción interna», subrayó.
La cuarentena
El jueves, 12 de marzo, el régimen de Nicolás Maduro anunció la suspensión de las actividades laborales. A esto, se le sumó este domingo la suspensión de las actividades laborales, a excepción de servicios de alimentos, salud, transporte y seguridad.
Todo esto, como parte de una cuarentena que empieza a aplicarse a partir de este lunes en Caracas, Miranda, Vargas, Zulia, Apure, Táchira y Cojedes.
«Vemos un estado de prevención ante la existencia del virus en una fase en donde se está tratando, a toda costa, de evitar la propagación», mencionó Rafalli.
A su juicio, esto demuestra la consciencia que tiene la cúpula gobernante de las imitaciones del sistema de salud para enfrentar está pandemia.
«La incapacidad del sistema de salud pareciera que ellos la tienen muy clara, por eso están apostando todo a que no haya propagación sino que se mantenga dentro del límite manejable», mencionó el jurista.
No es toque de queda
Aclaró que hasta el momento se han dictado solo simples restricciones y no un toque de queda. «Seguimos con una vigencia plena de la Constitución, pero con limitaciones o restricciones puntuales y específicas. Esas medidas tienen justificación en lo que es un estado de alarma», precisó.
Este decreto de alarma nacional, recordó, tiene una vigencia de 30 días que puede ser prorrogable por 30 días más. «No debería ser una situación que se prolongue demasiado en el tiempo porque se presume que como todo estado de excepción debe ser temporal», recalcó.
Aunque mencionó que no debería prorrogarse inconstitucionalmente como se ha hecho con el estado de excepción por emergencia económica decretado que en 2016, resaltó que de no controlarse la situación deben extenderse las medidas dictadas.
«Si llega ese día número 60 y la situación del virus continúa, yo creo que nos tenemos que mover dentro de una interpretación amplia y regresiva de la Constitución. Debemos entender que lo que se está tratando es de proteger la salud pública y los derechos de las personas infectadas», expresó.
Las medidas deben tomarse con racionalidad y prudencia
Rafalli destacó que las medidas extraordinarias deben ser tomadas con racionalidad, prudecia y proporcionalidad.
«No deben ser tomadas de manera desproporcionada ni produciendo una afectación que no se justifica en comparación con el objetivo que se trate de lograr», dijo. En este caso, el objetivo a lograr es prevenir que se propague el coronavirus.
Resaltó, además, que aunque la ejecución de estas medidas pueden estar en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no debe ser decretadas por el organismo castrense.
«Aquí no se le puede ocurrir a la FANB hacer o no hacer cualquier tipo de cosas bajo su criterio», enfatizó.