6 sindicalistas
Protesta de la sociedad civil ante el PNUD | Foto @GomezMarcos

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, aseguró que la condena de 16 años de cárcel en contra de 6 sindicalistas es una demostración por parte del gobierno nacional de que pretende imponer castigos ejemplarizantes para desmovilizar a la sociedad venezolana en la intención de exigir mejoras salariales.

«Esto es el anuncio de una ofensiva contra la sociedad independiente, contra los gremios, en momentos en que nos preparamos para una contienda electoral. El gobierno está anunciando el inicio de un proceso de hostigamiento en un contexto preelectoral», dijo Uzcátegui.

Señaló que la sentencia de 16 años en contra de los 6 sindicalistas es un exabrupto.

«Rechazamos los señalamientos de que ellos no son activistas sindicales. En el caso de Gabriel Blanco, por ejemplo, es un trabajador humanitario, miembro de organizaciones sindicales con amplia trayectoria. Y por acompañar las demandas de los trabajadores por un salario justo recibe este castigo». Así lo dijo durante una protesta el lunes ante la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para exigir la liberación de los activistas.

Y añadió: «Esto busca ser un castigo ejemplarizante para toda la sociedad venezolana que está movilizandose para lograr alcanzar mejores condiciones de vida».

Insistió en que la medida busca criminalizar a los activistas y organizaciones de la sociedad civil.

Condena de 16 años de cárcel para 6 sindicalistas

Los seis sindicalistas a los que se les dictó condena de 16 años de prisión son Alcides Bracho, Emilio Antonio Negrín, Gabriel José Blanco, Reinaldo Cortéz, Alonzo Valentín Meléndez y Néstor Astudillo. El gobierno de Nicolás Maduro los acusa de los supuestos delitos de conspiración y asociación para delinquir. Fueron detenidos luego de participar en manifestaciones para exigir derechos laborales en julio de 2022, y el miércoles pasado les dictaron la sentencia.

El día siguiente, 3 de agosto, Tarek William Saab, fiscal general de la República, ratificó que a los activistas y sindicalistas los procesaron por presuntamente conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro y no por pedir mejoras salariales.

“Estos sujetos no fueron procesados por solicitar mejoras salariales, sino que estaban siendo juzgados por realizar actos conspirativos contra del Estado. Quien transgrede la ley y como psicópata rompe las reglas, se investiga y finalmente se le condena”, dijo Saab en rueda de prensa.

Saab declaró que los seis hombres pertenecían a una supuesta organización subversiva y conspirativa llamada Unidad de Resistencia Popular. Y afirmó que la Fiscalía obtuvo evidencia concluyente de que planificaron acciones contra el Estado.

Siempre según las declaraciones del fiscal, el grupo de sindicalista planeaba asaltar en 2022 un conscripto de alistamiento militar del estado Mérida para robar el parque de armas, que constaba de 120 fusiles FAL.

Con ese material, añadió Saab, los sindicalistas planificaban sabotear las actividades del 5 de julio del año pasado, en las que estarían presentes Nicolás Maduro y el alto mando militar.

“Los condenados actuaron como miembros de esa estructura delictiva en la ejecución de acciones en distintos estados como Zulia, La Guaira, Falcón y el Distrito Capital. Al momento de la aprehensión, realizada entre el 4 y el 9 de julio de 2022, a los seis se les incautaron evidencias de interés criminalístico que los vinculan a este grupo subversivo”, dijo Saab. Añadió que presuntamente recibieron apoyo desde Colombia.


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