Trabajadores públicos marcharon este 15 de septiembre desde la esquina de Salas hasta el Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, para entregar documentos y exigir el respeto de sus derechos laborales.
Entre consignas, familiares de los trabajadores presos asistidos por abogados pidieron amparo constitucional en contra de las sentencias que presentó la Sala Político Administrativa.
En el documento de cinco puntos dirigido al presidente y magistrados de la Sala Constitucional figuran la docente Yorbelys Oropeza, Eduardo José Torres Muñoz (abogado), Belkis Bolívar (abogada y docente jubilada) y Jim Rainer Albornoz (abogado). Estos solicitaron el amparo constitucional contra las decisiones judiciales.
Exigen respeto a trabajadores públicos
«Todos y cada uno de los prenombrados actuando en nuestro propio nombre y en defensa de nuestros legítimos derechos e interés como empleados o trabajadores activos y/o personal jubilado de Universidades, Unidades Educativas o dependencias oficiales. La primera asistida judicialmente por los abogados ya identificados. Con el debido respeto, pero con la convicción y dignidad que dimana de nuestra condición de ciudadanos venezolanos, acudimos ante esa sala a fines de interponer «Acción de Amparo Constitucional contra Decisiones Judiciales», cita el texto.
Las decisiones se emitieron, según el documento, el 11 de agosto por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo.
El documento continúa enumerando las sentencias, que se inician con la N° 444 en «demanda de nulidad y amparo cautelar incoado por Josefa María Camargo Rincón, actuando en su nombre y como apoderada judicial de la ciudadana Martha Soledad Torres, en contra del denominado instructivo Onapre.
La sentencia N° 445, «en demanda de nulidad y amparo cautelar incoado por la Universidad Central de Venezuela y otras universidades, en contra del denominado instructivo Onapre».
Y por última la sentencia N° 446, «en demanda de nulidad y amparo cautelar incoado por la Universidad de Los Andes en contra del denominado instructivo Onapre».
Violación de derechos
El documento expresa seguidamente que en los casos prevalece una violación de derechos y garantías constitucionales, así como una grave amenaza de restricción del derecho a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia por las decisiones y magistrados firmantes.
De igual forma expresan que la Sala Político Administrativa actuó fuera de sus competencias. Ante esto señalan: «Las declaraciones de inadmisibilidad de las referidas demandas de nulidad fueron redactadas en similares términos».
«La Sala Político Administrativa actuó rebasando y fuera de su competencia al declarar inadmisibles las demandas y la inexistencia del acto impugnado. Pues esto es una cuestión de mérito que solo podía declararse después de un proceso debidamente tramitado. Las mismas decisiones y su pronunciamiento sobre la supuesta inexistencia del instructivo que nos afecta impediría nuevas acciones contra el mismo. A pesar de que los ministerios involucrados lo aplican y no han negado en juicio su existencia, violándose directamente nuestro derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Así solicitamos se declare», expresan en el documento.
Decisiones infundadas
«Las decisiones de forma infundada, inmotivada, ilegal e inconstitucional imponen sanciones y contiene amenazas para los accionantes. Y para quienes pretendan ejercer futuras acciones contra actos u omisiones de la administración», indican en otra parte del texto.
Sobre esta decisión, manifiestan: «La imposición de multas a los accionantes y la amenaza con otras responsabilidades no solo violan los derechos constitucionales de aquellos. Sino que implican un precedente judicial que se constituye en amenaza de violación e impedimento para libremente acceder a los órganos de justicia y ejercer nuestros derechos, por encontramos en similar condición de estar siendo afectados en nuestros derechos laborales por las actuaciones y omisiones de los órganos del gobierno involucrados en el pago de nuestros salarios, pensiones y demás beneficios».
Decisiones infundadas contra trabajadores públicos
En cuanto a las decisiones infundadas con amenazas para los abogados y personas naturales que representan a entes jurídicos actuantes, indican: «Nuevamente patentizan una clara amenaza a cualquier abogado, dirigente sindical o gremial, o persona natural que represente y actúe en futuras demandas».
«Las identificadas decisiones judiciales han violado o, sirviendo como precedente judicial, amenazan con violar los derechos y garantías constitucionales de acceso a la justicia; el debido proceso; el principio de que no se sacrifique la justicia por formalidades no esenciales; los derechos laborales (libertad sindical, salario digno y progresividad y no renunciabilidad de los derechos de los trabajadores); el ejercicio de la profesión de abogados; la libertad personal; y el trabajo, consagrados en los artículos 26, 49, 257, 89, 91, 95, 44 y 87, respectivamente, de la Constitución», argumentaron.
Los solicitantes del amparo esperan que cesen la persecución y la violación de sus derechos laborales, acciones calificadas de ilegales e infundadas.