Tras casi dos años con las aulas vacías debido a las restricciones por la pandemia, desde octubre pasado los estudiantes venezolanos volvieron progresivamente a las clases presenciales, pero también regresó el acoso escolar.
Así se ha evidenciado en las últimas semanas al hacerse virales las denuncias sobre agresiones en instituciones educativas del país.
En ese sentido, el jueves 12 de mayo el fiscal general Tarek William Saab ofreció un balance en el que confirmó que hasta esa fecha fueron imputados 5 adolescentes por hechos de acoso escolar. Y la cifra ascendía a 74 casos en el año. Aunque deben sumarse nuevas investigaciones y casos que al momento del balance seguían sin imputación.
Críticas por la actuación de Tarek William Saab ante casos de acoso escolar
Sin embargo, no solo los hechos de acoso escolar se hicieron virales, sino también las opiniones sobre la actuación del fiscal general al respecto debido a que publicó detalles de esos casos que involucran a menores de edad, así como videos y fotografías de los episodios de agresión.
Aunque usuarios han expresado su beneplácito por las investigaciones e imputaciones por acoso escolar, activistas y organizaciones han cuestionado que se divulguen detalles de los adolescentes.
Por ello, El Nacional consultó con dos abogados especializados en derechos humanos, quienes coincidieron en que la actuación del fiscal es cuestionable. Destacaron que no solo actúa incorrectamente al divulgar detalles de investigaciones contra adolescentes, sino que la misma crítica es válida cuando se trata de adultos, pues la Fiscalía no debe hacer del dominio público las investigaciones hasta tanto se dicte sentencia.
Se debe resguardar la identidad
El Nacional constató en las redes sociales de Tarek William Saab que en sus anuncios de las aperturas de investigaciones por acoso escolar ha divulgado identidades, ubicaciones, así como material multimedia, que trasgreden el principio de resguardo de la identidad.
Según lo que explicaron los entrevistados, al abrir averiguaciones el fiscal debería limitarse a ofrecer un mensaje informando la apertura de un proceso investigativo por un presunto delito en una entidad determinada. Pero sin mencionar más detalles hasta tanto se hiciera la imputación. Sin embargo, en estos casos que involucran a menores de edad, incluso tras la imputación debe resguardarse la identidad tanto de agresores como de víctimas, de acuerdo con la abogada María Alejandra Poleo, exfiscal del Ministerio Público.
Poleo explicó que, debido al principio de presunción de inocencia, no es correcto que el fiscal informe sobre los casos ni comparta videos o fotografías de las agresiones, aunque ese contenido ya circule por las redes sociales.
«Que el fiscal general divulgue la identidad, incluso de niños y adolescentes, no es una conducta adecuada ni en ese tipo de hechos ni en otros. El fiscal general debe ceñirse a una investigación que debe realizarse previo a la presentación del acto de conclusión por alguno de los representantes fiscales del caso en particular. Menos aún en casos de acoso entre niños o adolescentes, pues debe prevalecer el interés superior del menor, que debe ser garantizado en todo estado y grado del proceso», señaló.
«Tarek William Saab no debe divulgar ningún tipo de información en ninguna de las causas que sean investigadas por el Ministerio Público, ya que deben mantenerse reservadas a terceros. Y, aunque las causas tienen el carácter de actuaciones públicas, las identidades de los involucrados, en todos los estados y grados del proceso deben ser resguardadas», agregó.
Explicó que solamente se puede divulgar información sobre casos judiciales una vez que se haya dictado la sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Pero reiteró que en casos que involucran a menores de edad la identidad debe seguir protegida incluso tras el dictamen.
Ni divulgar nombres ni detalles que permitan saber quiénes son los involucrados en acoso escolar
Con todo ello coincidió el abogado Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, quien señaló que la identidad de los menores de edad que participan en hechos delictivos tiene que ser resguardada, «pero eso también aplica con los mayores de edad porque son presuntamente inocentes hasta que se demuestre la culpabilidad».
Sobre el protección de la identidad, el abogado puntualizó que «se debe procurar que no se sepa quiénes son». Es decir, que no solo se prohíbe revelar los nombres de los presuntos agresores, sino que aunque no se mencione nombre, presentar fotografías, videos u otros datos también trasgrede la garantía de resguardo de la identidad.
En ese sentido, cabe destacar que en sus redes sociales Saab arremetió en contra del rector del Colegio Loyola Gumilla, en el estado Bolívar, quien reclamó que exponer el video de un hecho de violencia trasgrede tanto al agresor como a la víctima. Tras lo cual, el fiscal general justificó que ese video ya circulaba en «cientos de cuentas de redes sociales».
Divulgación de información es causa de recusación
Poleo advirtió que el hecho de que el fiscal general divulgue información de investigaciones antes de que se dicte sentencia conforma una de las causales de recusación. Es decir, cualquiera de las partes del proceso pudiera solicitar la inhibición de la investigación argumentando falta de imparcialidad.
Además, explicó que en los casos de menores de edad también se puede recusar la investigación argumentando posibles secuelas futuras para agresores y víctimas por haber hecho publica la información.
«Le gusta la pantalla»
Nieto Palma consideró: «El fiscal definitivamente hace cosas que no debería. Le gusta mucho la pantalla a la hora de dar declaraciones. Toma casos que se convierten en virales y abre investigaciones sin ni siquiera saber bien de qué se tratan, solo por el hecho de que es el tema del que se está hablando en las redes sociales».
El abogado aclaró que no desestima las actuaciones fiscales pertinentes. «El hecho de que el agresor sea menor de edad no significa que no pueda ser imputado. Pero el fiscal, en lugar de andar publicando cosas en redes sociales, debe actuar apropiadamente para investigar al agresor y resarcir al agredido», dijo.
De la misma manera, Poleo lamentó que el fiscal general de la República deje ver sus opiniones: «Que el fiscal general por un tema de ‘boga’ salga dando declaraciones a favor o en contra de determinado caso habla muy mal de la administración. Es algo que me duele mucho porque fui fiscal del Ministerio Público y veo que la institucionalidad se ha perdido en ese aspecto».
¿Qué dice la Lopnna?
La Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) contiene un artículo sobre las actuaciones ante hechos delictivos que involucran -como agresor o como víctima- a menores de edad.
El artículo 65 establece, por una parte, el derecho al honor y la reputación de los menores de edad. Lo que conlleva dos parágrafos que prohíben divulgar información que lesionen estos principios y que permitan identificar, directa o indirectamente, a los menores de edad que se hayan visto involucrados en actos punibles.
A continuación, el artículo 65 de la Loppna en su integridad:
Artículo 65. Derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al honor, reputación y propia imagen. Asimismo tienen derecho a la vida privada e intimidad de la vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.
Parágrafo Primero. Se prohíbe exponer o divulgar, a través de cualquier medio, la imagen de los niños, niñas y adolescentes contra su voluntad o la de su padre, madre, representantes o responsables. Asimismo, se prohíbe exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones, a través de cualquier medio, que lesionen el honor o la reputación de los niños, niñas y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.
Parágrafo Segundo. Está prohibido exponer o divulgar, por cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad u orden público.
¿Una oleada de acoso escolar en Venezuela?
Desde el 29 de abril y hasta este 16 de mayo, El Nacional contó siete casos virales de acoso escolar que han sido replicados en las redes sociales de Saab, lo que abre la interrogante de si Venezuela enfrenta una oleada del llamado bullying.
Al respecto, Nieto Palma opinó que las agresiones entre estudiantes se hacen más visibles que en años anteriores porque se trata de un flagelo que está normalizado.
«Creo que siempre ha existido lo que antes llamábamos el ‘chalequeo’ en los planteles escolares, tanto en primaria como en secundaria. Lo que sucede es que antes este tipo de casos no se hacían tan visibles, no había un conocimiento por parte de la población de que el ‘chalequeo’ es bullying, es acoso escolar. No creo que haya una oleada de acoso en Venezuela, lo que creo es que antes se les prestaba menos atención por desconocimiento», explicó.
En adelante, se explicarán las transgresiones cometidas en cada uno de los casos.
1. Acoso escolar en el Colegio Loyola Gumilla
El primer anuncio de Saab sobre la apertura de una investigación por acoso escolar involucró al Colegio Loyola Gumilla, en el estado Bolívar.
«Designado fiscal 9° del estado Bolívar para iniciar una investigación relacionada a los hechos de violencia escolar en el Colegio Loyola, Puerto Ordaz, en donde un menor de edad fue objeto de lesiones físicas y daños psicológicos. El Ministerio Público bajo nuestra gestión sancionará ejemplarmente los sucesos de acoso escolar que generan traumas psicológicos y deserción escolar», señaló Saab el 29 de abril.
Aunque en ese momento no se divulgaron los nombres de los jóvenes involucrados, el fiscal replicó el video de la agresión, una fotografía, así como el nombre de la institución y su ubicación.
Además, posteriormente, el 3 de mayo, Saab divulgó el nombre completo del agresor, tras ser imputado por el delito de lesiones personales.
Tres días después, el fiscal informó que la directora del colegio también fue imputada.
«Imputada Sara Alexandra De Freites, directora del Colegio Loyola, responsable como autoridad de dicha institución del delito de omisión», señaló el 6 de mayo.
En esta ocasión, además, también publicó las iniciales del nombre de la víctima y su edad. Los abogados entrevistados por El Nacional indicaron que esta práctica trasgrede el principio de «procurar que no se sepa quiénes son».
2. El Paraíso
El 4 de mayo se informó sobre la apertura de un procedimiento por hechos ocurridos en el Colegio Teresiano de El Paraíso, Caracas.
Aunque en esa ocasión el fiscal no divulgó el nombre de los involucrados, publicó el video de los hechos, además de detallar la ubicación.
El 10 de mayo, el adolescente fue imputado por lesiones. No se reveló la identidad, aunque se mostró una fotografía en la que se ve al acusado de espaldas.
3. Maracaibo
En otro caso de acoso escolar, Saab ordenó abrir una investigación por hechos ocurridos en el Colegio Los Angelitos, en Maracaibo, estado Zulia.
“Designada la fiscalía 31° con competencia en responsabilidad penal adolescente para sancionar los hechos en donde fue víctima una adolescente por acoso y maltrato escolar. Hechos ocurridos en el Colegio Los Angelitos ubicado en Maracaibo. El agravante es que la niña acosada y maltratada padece de una enfermedad que le da como persona y estudiante una condición especial que amerita respeto y consideración”.
En esta ocasión se divulgó la ubicación, el video del momento de los actos violentos y la condición de salud de la víctima.
Asimismo, al informar sobre la imputación, Saab utilizó la iniciales de sus nombres para identificar a tres adolescentes.
4. Liceo La Coromoto del estado Bolívar
El 6 de mayo, el fiscal general informó sobre la imputación de una adolescente por lesiones personales en el Liceo La Coromoto de Bolívar. La identificó con las iniciales de su nombre, además de detallar la ubicación de los hechos y compartir el video.
5. Charallave
Un día después, Saab informó de la imputación de tres adolescentes por acoso escolar en una unidad educativa de Charallave, estado Miranda. Los identificó por sus iniciales, además de compartir el video y la ubicación.
#Imputados por la #Fiscalía Décima Séptima de Miranda los adolescentes:
-Y.D.C.V.
-R.E.N.I.
-N.Y.S.N.
Por el #delito de #Lesiones Personales art 413 CP, en razón de los hechos relacionados con #Acoso y #Violencia en la Unidad Educativa Carmen Ruiz en Charallave #NoAlAcosoEscolar pic.twitter.com/VwIVqOnyD2— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 8, 2022
6 y 7. La Guaira
Posteriormente, el fiscal dio a conocer la apertura de una investigación por otro caso de acoso escolar en La Guaira.
Al informar sobre el inicio de las averiguaciones, compartió un video con distorsión sobre los hechos. Dos días después confirmó la imputación y dio los detalles de ubicación del plantel e identificó al agresor por sus iniciales, además de compartir una fotografía donde se le ve de espaldas.
Finalmente, este lunes, 16 de mayo, Saab anunció un proceso de investigación por otro caso de acoso escolar en La Guaira. Compartió el video de los hechos.
