En un documento de 18 páginas, conocido por EL TIEMPO, la justicia de Estados Unidos pidió a una Corte federal del Distrito Sur de Nueva York que el general venezolano Clíver Alcalá, antigua mano derecha de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y quien terminó distanciado del régimen de Caracas, sea condenado a 30 años de prisión por narcotráfico y entrega de armas a las desaparecidas FARC, en concreto a «Iván Márquez», ahora jefe de la disidencia ‘Segunda Marquetalia’.Su defensa le pidió a la corte una condena de seis años de cárcel.
Para la tarde de este 18 de enero está citada una audiencia en la cual se conocerá la condena que le impondrá Estados Unidos al exgeneral chavista Clíver Alcalá Cordones, quien ante una corte de Nueva York aceptó dos cargos.
Según el fiscal del caso, Alcalá era un «poderoso general de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela que, por años, dio apoyo a las FARC», a las que califica como una «violenta organización responsable de la producción y distribución de la mayor parte de la cocaína que llegaba a los Estados Unidos».
El documento conocido por EL TIEMPO agrega que, como jefe de «miles de militares armados», Alcalá protegió a las FARC y a sus socios de la interferencia de las fuerzas militares y de la justicia venezolana, y que entregó a esa guerrilla material militar; también, que conspiró para lograr que la droga de las FARC no tuviera interferencia alguna para salir de Maiquetía, «el más grande aeropuerto de Venezuela». «A cambio, Alcalá recibió millones de dólares en sobornos», dice la solicitud.
El exmilitar fue extraditado a Estados Unidos desde Colombia en 2020 y el 29 de junio del año pasado se declaró culpable de “proporcionar, ayudar e instigar la provisión de apoyo material o recursos” a las Farc, y de “recibir y transferir armas de fuego y municiones, sabiendo y teniendo motivos razonables para creer que dichas armas de fuego y municiones se utilizarían para cometer el delito federal de terrorismo”.
En junio de 2023, en una audiencia ante el juez Alvin Hellerstein, el procesado admitió que brindó armas y apoyo a las FARC, guerrilla a la que además dejó transitar libremente por Venezuela, según él mismo.
Según su confesión escrita, que leyó él mismo en la audiencia, desde 2006, mientras se desempeñó como general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, brindó apoyo a las FARC.
El juez le preguntó si él “impidió que miembros de las Farc y sus asociados fueran arrestados por agentes del orden venezolanos”. Alcalá dijo que sí, y añadió que también evitó el contacto entre la Fuerza Armada venezolana y las Farc, para que la guerrilla no fuera perseguida.
Así mismo, Alcalá aseguró que él entregó armas a las Farc, incluyendo 20 granadas y 3.5 lanzagranadas, y dijo que “la mitad (fueron) para el señor Luciano Marín Arango, y la otra mitad para el señor Londoño, Timochenko”, quienes para la época eran “el número uno y número dos de las Farc en el territorio que me correspondía en Venezuela”
Los coletazos de este caso
La dura condena que pide el Departamento de Justicia -que depende directamente de la Casa Blanca- representa un campanazo de alerta para el régimen de Maduro, el presidente venezolano que está también procesado en este caso y sobre el que el gobierno de Estados Unidos mantiene una millonaria recompensa a pesar de la relativa distensión diplomática de los últimos meses entre Washington y Caracas.
El Departamento de Justicia dice que Alcalá recibía sobornos de 150.000 dólares por cada cargamento que salía de su área de control, especialmente en el estado de Valencia.
El documento reitera que el llamado «cartel de los soles», como se conoce a la organización criminal liderada por militares y altas fichas del régimen, «fue liderado por el desaparecido presidente Hugo Chávez» y que el coronel fue reemplazado en esa posición por Nicolás Maduro Moros.
Esos negocios, dice Estados Unidos, se originaron en plenas negociaciones del Caguán, cuando las Farc y Chávez acordaron mover campamentos y ‘cocinas’ del narcotráfico hacia territorio venezolano para operar desde allí sin restricciones «e inundar de coca» el norte del continente.
El escrito documenta cómo Clíver Alcalá habría llamado en 2008 directamente a un jefe de la Guardia Nacional venezolana para que dejara mover a lo largo del territorio de ese país un convoy que llevaba al menos una tonelada de droga de las Farc y que fue detenido en un puesto de control.
Estados Unidos dice que Alcalá recibió al menos entre dos y tres millones de dólares de sobornos en efectivo. También, que Alcalá fue detenido por la Policía venezolana en una operación en la que fueron descubiertas 35 toneladas de cocaína en siete camiones militares en el estado Falcón. «Cerca de los camiones, los policías hallaron al acusado, que se identificó como el militar de más alto rango en la región». «Cuando se intentó arrestarlo, el acusado les dijo a los policías que estaban interfiriendo con un asunto de los militares y que tendrían consecuencias».
Después de que hizo algunas llamadas, al lugar arribaron 80 miembros de la Guardia Nacional y un helicóptero, y a los policías les ordenaron borrar todo registro del hecho. Además, sus computadores y radios fueron confiscados».
La defensa pide 6 años
La defensa del general venezolano indicó ante la autoridad que debe concedérsele una rebaja que le quede en seis años de pena debido a cuatro argumentos. Entre ellos que estuvo confinado en prisión preventiva, y que además debía tenérsele en cuenta el tiempo de confinamiento durante el covid-19.
Sobre esto, la justicia indicó que «una sentencia de 72 meses sobre esta base sería totalmente inapropiada, y dramáticamente fuera de línea con la indulgencia otorgada en otros casos con acusados que fueron encarcelados de manera similar durante la pandemia».
Además, que por su edad -62 años- debe considerársele, a lo que le respondieron que él goza de buena salud, por lo que no viene a lugar tal argumento.
«En tercer lugar, el acusado argumenta que una variación a la baja se justifica porque probablemente pasará tiempo detenido por motivos de inmigración hasta que pueda obtener asilo en un país seguro, o ‘en el peor de los casos, encarcelamiento y probablemente tortura y/o muerte después de ser deportado a Venezuela'», se lee en la decisión.
La respuesta fue que como acusado tiene la posibilidad de presentar un caso ante las autoridades de inmigración sobre el asilo correspondiente.
Finalmente, el cuarto argumento tiene que ver con que Alcalá expuso que como tiene familiares y amigos, para su defensa eso constituye un factor a tener en cuenta en la pena a imponer. Sin embargo, para la autoridad esos lazos familiares en su momento «no impidieron que el acusado proporcionara apoyo material a los terroristas, incluidas armas de guerra. Este argumento insta a la Corte a considerar a los familiares y amigos del acusado en lugar de los de las muchas víctimas de las FARC».
En conclusión, la exposición de que debe ser sentenciado a 72 meses de prisión «está completamente fuera de línea con otros casos de apoyo material, y no tiene en cuenta en absoluto la gravedad de la situación del acusado».
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