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El grupo Politólogos por Carabobo emitió un documento dirigido a la opinión pública. En el texto instó a la Contraloría General de la República a suspender la inhabilitación que tienen ciertos precandidatos a las elecciones presidenciales de 2024. Además pidió abstenerse de realizar otros procesos similares.

En el comunicado, el grupo también expresó su preocupación por la persistencia de dichas inhabilitaciones de cara al proceso electoral.

Los profesionales de la ciencia política explicaron que una inhabilitación: «Es, conforme a la legislación venezolana, una pena accesoria a la condena mediante sentencia definitivamente firme por delitos contra el patrimonio público». Por lo tanto, siguió el grupo, las inhabilitaciones contra Henrique Capriles, Freddy Superlano y María Corina Machado constituyen actos nulos. «Esto por no derivarse de la aplicación ni de las leyes, ni de la Constitución Nacional vigente», señaló.

Además, el comunicado puntualizó que si las inhabilitaciones son motivadas por política, entonces, implican una severa violación de los derechos civiles y políticos de los candidatos y los electores. «Lesionan el derecho a elegir y ser electo reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás tratados sobre la materia suscritos y ratificados por la república», agregó el grupo de Politólogos de Carabobo.

«¿Los venezolanos eligen al presidente?»

El derecho al voto de los venezolanos, siguió el documento, es universal, secreto y directo. De tal forma que inhabilitar candidatos condiciona las opciones disponibles. Así, expresó, deja ver un dilema ético trascendental y de gran importancia.

«¿Son los venezolanos los que eligen al presidente de la república o es el presidente de la república actual quién elige a su sucesor? Responder a este cuestionamiento es urgente dado que podríamos estar en presencia de la legitimación de un inaceptable enclave autoritario para la tutela de la voluntad popular», alertaron los expertos.

Asimismo, señalaron que las elecciones deben ser el reflejo del escrutinio de la voluntad de los venezolanos. Además, todos los ciudadanos, autoridades, poderes públicos y las Fuerzas Armadas deben respetar la decisión tomada, sea cual sea. Sobre los militares aclararon que deben obediencia y subordinación a la Constitución Nacional y al conjunto de la ciudadanía.

«Si el Estado venezolano persiste en tales acciones se impedirá el cese de las sanciones internacionales y la normalización de las relaciones diplomáticas del país con el resto del mundo democrático», advirtieron.

Los siguientes politólogos firmaron el documento: Albany Colmenares, Alejandro Sanz Ortega; Andrea García, Ángel Velásquez, Carmen Herrera; Enderson Sequera, Eva Sabariego, Jesús Acosta Medina, Johanna Rojas, José Manuel Hernández; Juan Tortolero, Julio Castellanos; Manuel Eduardo Jiménez y Víctor Pulido.


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