Luego que fueran liberados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo (FARC-EP) los ocho soldados venezolanos que estaban en poder de esa organización subversiva, a quienes el Ministerio de la Defensa de Venezuela calificó como secuestrados mientras que el comunicado de las FARC a la Cruz Roja Internacional los señaló como prisioneros de guerra, se debe proceder a la libertad plena de los civiles secuestrados judicialmente por el régimen de Nicolás Maduro, por orden del tribunal militar de Guasdualito, expresó el presidente de la Fundación El Amparo, Director del Comité Internacional contra la impunidad en Venezuela y defensor de los derechos humanos Walter Márquez.
Indicó Walter Márquez que la detención de estos ciudadanos ha estado plagada de irregularidades. “El juez militar 14 de Control de Guasdualito, Coronel Benigno Antonio Medina Valero, ordenó la detención preventiva contra 34 civiles que fueron apresados a partir del 21 de marzo del presente año dentro del conflicto armado en el Alto Apure, especialmente en la parroquia Urdaneta del municipio Páez, cuando, de acuerdo a investigaciones que hemos adelantado, dentro de ese grupo de detenidos no hay ni un solo guerrillero; la mayoría son obreros agrícolas, campesinos, docentes y otros trabajadores en la ciudad, de La Victoria de Apure, gente que se dedica a la producción de quesos, mecánicos, la mayoría fueron detenidos en sus casas, en sus lugares de trabajo y en alcabalas. Ninguno de ellos se conocían entre si, pero luego los juntaron y los acusaron de traición a la patria, rebelión militar, espionaje y ataque al centinela, fabricándoles un expediente en el que incluyeron como pruebas unas báculas de fabricación casera, armas que son de uso frecuente en el campo; también les colocaron municiones que no corresponden a ese tipo de armamento, así como uniformes militares que tenían algunos campesinos quienes habían sido soldados y aún conservaban los uniformes en sus casas”.
Simulación de un Hecho Punible
De acuerdo a esta investigación –aclaró Walter Márquez – hubo una simulación de hecho punible por parte de las autoridades militares. De los 34 detenidos 28 fueron trasladados a Santa Ana del Táchira al pabellón de Procesados Militares (PROCEMIL), al momento del acto conclusivo fueron liberados 3 de ellos: Lino García, Evelio Acuña y Arnol Cermeño contra quienes ni siquiera hubo formulación de cargos, pero aun así, en lugar de darles libertad plena les dieron una libertad condicional sujeta a no salir del país y a presentación periódica ante el tribunal militar de Guasdualito, mientras que el fiscal militar les formuló cargos a los 27 restantes.
Detalló el defensor de los derechos humanos que con esta decisión de juzgar a civiles en tribunales militares se violó el Artículo 49, Numeral 4 de la Constitución de la República que garantiza el derecho al juez natural, y también se violó el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre tribunales independientes e imparciales, y en el caso, la jurisprudencia internacional estable claramente que los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares, pues solo a militares que cometan delitos militares pueden ser juzgados por la jurisdicción castrense.
Recordemos –dijo Walter Márquez – que los jueces y fiscales militares son funcionarios del gobierno, del poder ejecutivo, sometidos a subordinación jerárquica y a una disciplina militar, por lo tanto la justicia penal militar no es autónoma ya que depende de una estructura jerárquica que le da las órdenes, razón por la cual el fiscal militar presentó cargos contra 24 de los detenidos y el defensor público militar no asumió plenamente la defensa de ellos.
Audiencia Preliminar
Ante la proximidad de la audiencia preliminar de estos civiles detenidos en el Centro de Procesados Militares en Santa Ana del Táchira, la cual se realizara los días lunes 07 y martes 08 de la semana próxima, en las instalaciones del Tribunal Militar de San Cristóbal, con la presencia del Juez Militar 14° de Control, el Fiscal Militar, el defensor público de presos militares de Guasdualito y algunos defensores privados, en la que se debe acordar la libertad o el pase a juicio de los ciudadanos: Carlos García, Jhoan Hernández Sierra, Ubaldo Hernández Sierra, Jorge Ávila, Edgar Hernández, Daniel Tovar, Jesús Manosalva, Víctor Mercado, Adolfo Mercado, Rafael Gómez Peralta, Roberto Rosendo, Jairo Moreno Matus, Francisco Filot, Elvis Guerrero, Franklin Castillo Nieves, Franmer Castillo Nieves, Edicson Quintero y Mónica Triana.
La Fundación El Amparo exige que sea acordada la libertad plena de esos detenidos, “en primer lugar porque no hay un solo guerrillero entre los presos del Alto Apure, en segundo lugar porque las pruebas fueron fabricadas, y en tercer lugar porque los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares, de acuerdo a doctrinas y jurisprudencias nacionales e internacionales, por lo tanto solicitamos públicamente su libertad plena o por lo menos que les otorguen medidas cautelares sustitutivas, es decir libertad condicional”, indicó Márquez.
Desde la Fundación El Amparo y el equipo de abogados que se ha sumado a esta causa –manifestó finalmente- seguiremos vigilantes para que no se sigan cometiendo estos actos de injusticia, porque la situación de los detenidos se agravaría en el supuesto de un pase a juicio, pues tribunal de control está en Guasdualito, el Tribunal de Juicio en San Cristóbal, el Tribunal de Ejecución en San Juan de los Morros y la Corte de Apelaciones en Caracas, lo cual restringe el derecho a la defensa, a la asistencia jurídica y el acceso a la justicia. Nuestra lucha será agotar las instancias nacionales e internacionales para que se determine la libertad plena de estos secuestrados judiciales por el régimen de Nicolás Maduro y se acuerden reparaciones e indemnizaciones por los daños materiales y espirituales causados por estas detenciones arbitrarias.
Con información de Nota de Prensa.