Le apuntan en Argentina, lo quieren detener en Venezuela. Daniel Uzcátegui Specht, uno de los ocho pasajeros del ya legendario vuelo de “Presidencia Argentina” que aterrizó con valijas llenas de dólares en el Aeroparque, el 4 de agosto de 2007, es buscado por el Ministerio Público de Venezuela por el presunto desfalco a las arcas públicas en las tierras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por varios cientos de millones de dólares.
El Ministerio Público venezolano ordenó la captura de Uzcátegui, protagonista clave del “caso Antonini”, tras acusarlo del supuesto desvío de 10 millones de barriles de petróleo de Pdvsa, que debían remitirse a Asia, pero que jamás habrían llegado a destino, según informó la prensa venezolana.
La decisión de los investigadores venezolanos de avanzar contra Uzcátegui se conoció al mismo tiempo que fiscales estadounidenses informaron a una corte federal que buscan firmar un acuerdo de cooperación con el exgerente de Pdvsa Rafael Ernesto Reiter Muñoz para que declare en Texas sobre las tramas de corrupción y lavado de activos que drenaron fortunas de la petrolera estatal venezolana.
Las sospechas de los investigadores venezolanos que lidera el fiscal general de Venezuela, Tarek Wiliam Saab, es que el otrora pasajero del vuelo de 2007 que desató un escándalo hemisférico se habría relacionado durante los últimos años, aunque en las sombras, con la empresa contratista de transporte marítimo que debía trasladar ese petróleo hasta Asia.
El pedido de captura de Uzcátegui, emitido por las autoridades del régimen chavista, ocurrió también en momentos en que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 avanza con un juicio oral contra el capítulo argentino del “caso Antonini”, que incluye al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al entonces titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Ricardo Echegaray, entre los principales acusados.
Los jueces Luis Losada, Ricardo Fornari y Diego García Berro rechazaron los planteos de Echegaray y De Vido para que declararen cerrada la investigación por exceder un plazo razonable y los sobresean o, en su defecto, envíen el expediente a la Justicia electoral, con el argumento de que se trataban de aportes indebidos a la campaña 2007 de la entonces candidata Cristina Fernández de Kirchner.
Durante el juicio, además, las defensas también cuestionaron la ausencia de todos los venezolanos que volaron en ese avión –entre ellos, Daniel Uzcátegui y Guido Alejandro Antonini Wilson, además de tres empleados de Pdvsa-, o que habrían tenido injerencia directa en la trama, como Reiter Muñoz o el entonces gerente general de la petrolera, Diego Uzcátegui Matheus, padre de Daniel.
Transcurridos más de 15 años desde aquel vuelo, el derrotero vital y laboral de todos ellos puede resultar indiciario de sus roles en aquel incidente internacional. Así, por ejemplo, Diego Uzcátegui fue desplazado de su cargo en los primeros días del escándalo, pero el chavismo jamás le soltó la mano. Rechazó todos los pedidos de información o de extradición que envió la Justicia argentina y, con el tiempo, lo reintegró a las filas de Pdvsa.
Un desvío de 750 millones de dólares
Con el ascenso de Maduro al poder, sin embargo, y las subsecuentes peleas entre facciones internas del régimen, los Uzcátegui terminaron en la mira de las nuevas autoridades. Ahora, el Ministerio Público los acusa de desviar y revender millones de barriles de petróleo de Pdvsa en el mercado negro a través de una compañía. De ser así, conllevaría un perjuicio para las arcas oficiales que podría trepar a los $ 750 millones.
Por su parte, Reiter Muñoz fue quien se encargó, en agosto de 2007, de trasladar al menos dos valijas repletas de dólares desde Pdvsa hasta el avión de “Presidencia Argentina” que esperaba en el Aeropuerto de Maiquetía, según confirmaron fuentes venezolanas y argentinas a LA NACION, lo que terminó luego por comprobarse durante el juicio que tramitó ante una Corte Federal en Miami.
Más de 15 años después, Reiter Muñoz debió escaparse de Venezuela y emigró a España, donde lo detuvieron y acusaron de lavado de activos, mientras que pugna por evitar que las autoridades de ese país aprueben su extradición a Estados Unidos, donde también quieren juzgarlo por actos de corrupción y lavado de dinero. Sus abogados negocian por estas horas un acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos que le permita reducir una pena menor -o evitar una condena- a cambio de declarar contra su otrora jefe, el entonces presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, y otros acusados.
Antonini Wilson, por el contrario, se encuentra en libertad y jamás pisó una celda. Nacido en Venezuela pero con pasaporte estadounidense gracias a la ciudadanía de origen de su madre, vive junto a su familia en Key Biscayne, a 20 minutos de Miami. El gobierno de Estados Unidos sí respondió las requisitorias de información de la Justicia argentina, pero siempre rechazó los varios pedidos de extradición.
En Buenos Aires, mientras tanto, el único pasajero de aquel vuelo que está sentado en el banquillo de los acusados es Claudio Uberti, por entonces titular del Órgano Contralor de las Concesiones Viales (Occovi). Era, en la práctica, el embajador paralelo de los negocios argentinos en Venezuela. Los empresarios lo apodaban “el señor de los peajes”.
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