Hugo Chávez acumuló 11 presos políticos durante sus casi 15 años de gestión. Los primeros, en 2002 tras el golpe de Estado, cuando fue arrestado el comisario Iván Simonovis y los cinco policías metropolitanos. Los demás detenidos resultaron de los eventos de 2004 luego del referéndum presidencial, en 2007 con el referéndum constitucional –propuesta rechazada por los ciudadanos- y por las manifestaciones por el cierre de Rctv.
Pero el gobierno de Nicolás Maduro encendió la máquina de prisioneros y sobrepasó con creces a Chávez. La cifra alcanza ya los 645 privados de libertad, que formalmente, según el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, son presos políticos de este gobierno.
Desde las manifestaciones de 2014 a lo que va de 2017, Himiob indica que han sido arrestadas 11.000 personas por motivos políticos. De esos, 5.334 fueron detenidos desde abril hasta el 22 de agosto en protestas. “Esta situación de persecución y arrestos nunca se vio con tanta gravedad como hasta ahora. Eso lo que demuestra es que definitivamente el sistema judicial penal es un arma de persecución, generalizado y sistemático. Es un esquema de encarcelamiento por alzar la voz”, explica Himiob.
Agrega que 705 personas han sido presentadas ante tribunales militares, de los cuales 408 quedaron privadas de libertad. “Es evidente que el poder no tiene las instituciones articuladas para lo que se supone deberían ser. Cuando se tiene un sistema penal integrado por cárceles, tribunales, debería estar orientado a disminuir la inseguridad y a acabar con el fenómeno delictivo. Pero se dedica a la persecución política, lo que convierte a esas personas en criminales de lesa humanidad”, sostiene.
Exilios y asilos
En enero de 2016 diferentes ONG promovieron y debatieron la propuesta de Ley de Amnistía entregada a la Asamblea Nacional. En un foro en la Universidad Simón Bolívar, la directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, Theresly Malavé, afirmó: “En Venezuela existen 30.151 casos que develan una persecución política a los venezolanos, cuyo único delito, al parecer, es expresar una opinión en contra del gobierno”. El proyecto abarcaría hechos desde el 1 de enero de 1999 hasta su entrada en vigencia, beneficiando a 23.234 perseguidos, 20 prisioneros políticos, 4.367 procesados o acusados y a 2.530 asilados.
Venezuela se encuentra entre los 10 países que más solicitan asilo en Estados Unidos y España. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense indicó que entre 2003 y 2014 habían otorgado 8.882 asilos a venezolanos. Mientras que el primer trimestre del año pasado fueron presentadas 3.507 aplicaciones.
Dada la persecución política, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Brasil, Michel Temer, ofrecieron asilo político a la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien tuvo que salir del país por mar luego de una orden de detención en contra de su esposo, Germán Ferrer, el allanamiento de su vivienda y su destitución como fiscal general por parte de la asamblea constituyente que no cumple ni siquiera un mes de haberse instalado. Este ha sido un mecanismo al que también han recurrido los magistrados juramentados por la Asamblea Nacional desde julio. A dos días de ese acto, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el magistrado Ángel Zerpa Aponte, quien continúa tras las rejas.
El 22 de agosto Chile decidió otorgar el asilo político a 5 magistrados –Elenis del Valle Rodríguez Martínez, Luis Manuel Del Valle Marcano Salazar, José Fernando Núñez Sifontes, Beatriz Josefina Ruiz y Zulema Del Valle– que se encuentran en su embajada en Venezuela desde el 21 de julio cuando el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la detención por “usurpación de funciones”. En la misión diplomática de Panamá en Venezuela, se encuentran Gustavo Sosa Izaguirre y Manuel Antonio Espinoza bajo asilo político.
Transparencia Venezuela publicó el 10 de agosto que Pedro José Troconis se encuentra en Colombia, así como también, Rafael Ortega, Gonzalo Oliveros, Rubén Castillo y Gonzalo Álvarez. Mientras que Alejandro Jesús Rebolledo está en Estados Unidos. Se desconoce el paradero del resto de los magistrados.
Personalidades como Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular, Diego Arria, ex gobernador de Caracas, entres muchos otros, viven en el exilio desde hace varios años.