Un grupo de funcionarios de la Asamblea Nacional despedidos en 2021 exigió, nuevamente, a la Fiscalía General de la República ocuparse de cumplir con la orden de reenganche emitida por la Inspectoría del Trabajo a principios de marzo de este año 2022 en favor de más de 200 trabajadores.
Este jueves, una representación de los afectados, pertenecientes al Sindicato Nacional de Funcionarios Legislativos de Trabajadores de la Asamblea Nacional (Sinfucan) acudió a la sede del Ministerio Público a exigir el reenganche ordenado por la entidad pública. En esta oportunidad recibió a los líderes del grupo el abogado adjunto a la dirección General de protección de los Derechos Humanos, César Álvarez.
“Estamos acompañando a más de 200 trabajadores quienes están amparados ante la Inspectoría del Trabajo de Caracas. Con una decisión del exministro José Ramón Rivero en donde se ordena el retorno de los despedidos. Son padres y madres de familia, sustento de sus hogares, despedidos injustificadamente”, informó Juan Carlos García, integrante de la directiva de Sinfucan. También destacó el apoyo institucional en esa lucha de la Central de Trabajadores ASI Venezuela.
Trabajadores exigen reenganche
“Hay compañeros con muchos años al servicio de la Asamblea Nacional, hay adultos mayores y mujeres quienes estaban embarazas al momento del despido que sufren los rigores del desempleo en esta situación de crisis económica», dijo el dirigente sindical.
Asimismo, señaló que «hacemos un llamado al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para que ordene el ejecútese de la orden de la Inspectoría. Así como del exministro Rivero».
Los manifestantes consignaron en el Ministerio Público una serie de documentos en donde los trabajadores piden la celeridad la ejecución del reenganche sin más dilaciones.
Carta de denuncia
Además, entregaron una carta de denuncia de cada uno de los amparados por la Inspectoría del Trabajo. Así como el formulario identificando el número de expediente que cursa en la referida instancia judicial.
“No les importó el decreto de inamovilidad laboral, ni los derechos contractuales consagrados en el Estatuto del Funcionario de la AN y en la Ley Orgánica del Trabajo que se vulneraron», señaló.
Finalmente, García añadió que seguirán en la calle reclamando sus derechos como trabajadores. «César Álvarez, ofreció una respuesta a esta situación irregular a más tardar para el martes 25 de octubre, seguiremos en pie de lucha», dijo.