La Dirección General de Contrainteligencia Militar se ha convertido en un cuerpo del horror, denunció este viernes la abogada y activista venezolana Tamara Sujú, que celebró las sanciones anunciadas este viernes por Estados Unidos contra cuatro jefes militares de ese cuerpo de seguridad.

«La Dgcim, en este momento, la división de inteligencia militar, es un cuerpo criminal que mantiene a presos políticos venezolanos maltratados y torturados», señaló Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla, con sede en Praga, República Checa.

Dicho centro, especializado en estudios de América Latina, ha presentado ante la Corte Penal Internacional varios expedientes con hasta 600 casos de torturas atribuidos al régimen de Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes una nueva ronda de sanciones contra el general Rafael Blanco Marrero, actual subdirector de la Dgcim, pero que al parecer fue designado esta semana como nuevo director de ese órgano.

Además, fueron penalizados los coroneles Rafael Antonio Franco, ex director de Investigaciones de la Dgcim, y Hannover Guerrero, actual director de ese departamento, así como el mayor Alexander Granko, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del mismo cuerpo.

“La Dgcim se ha convertido en un cuerpo del horror, en un cuerpo de inteligencia integrado, además, por grupos civiles y por cubanos, oficiales cubanos, que torturan a oficiales, a compañeros, a sus propios compañeros de armas, no importa el grado, porque hay coroneles, hay generales, hay comandantes, los mejores de su promoción», afirmó la activista.

Sujú dijo que en ese organismo se cometen las peores torturas que ha documentado hasta ahora. «Es decir, las más sangrientas, las más crueles y además sádicas, porque en casi todas las (denuncias) documentadas en los últimos 18 meses existe la violencia sexual», afirmó.

«Yo agradezco mucho que el gobierno norteamericano haya sancionado a estos torturadores, a estos criminales, y el tema ahora es llevarlos a la justicia internacional, porque sus víctimas están clamando justicia», apuntó la jurista.

Pero, a su vez, advirtió de que la estructura criminal, en el caso de los crímenes de lesa humanidad, y la tortura, como uno de los crímenes que la Corte Penal Internacional está evaluando, está encabezada por Maduro.

«La tortura en Venezuela tiene nombre y apellido, porque no hay en el alto mando civil ni en el alto mando militar ninguno que desconozca que esto está sucediendo en Venezuela», puntualizó.

Como resultado de las sanciones quedaron congelados todos los bienes que estas personas pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe realizar transacciones financieras con ellas a ciudadanos y entidades de este país.

El pasado 11 julio, el gobierno de Estados Unidos sancionó a la Dgcim por la detención y muerte del militar Rafael Acosta Arévalo, cuyo fallecimiento fue confirmado por el gobierno de Maduro el pasado 29 de junio.

Acosta Arévalo se encontraba bajo custodia de los funcionarios de la Dgcim y había sido arrestado ocho días antes por su supuesta participación en un plan para derrocar a Maduro.

Su defensa y voceros de la oposición aseguraron que Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando se presentó ante un tribunal militar, no podía mantenerse en pie o hablar.

«Creo que la comunidad internacional está muy impresionada de la forma como fue asesinado el capitán Rafael Acosta», agregó Sujú.