La Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Victimas presentó ante la Asamblea Nacional elegida en 2015 un informe en el que se registró que la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) cometió más de 500 ejecuciones extrajudiciales en 2020.
Entre las víctimas se encuentran 400 identificadas y otras 125 no identificadas, señala el informe, que también detectó un patrón de ejecuciones entre jóvenes varones de escasos recursos debido a la militarización de la seguridad ciudadana.
Estas víctimas de ejecuciones de la FAES en 2020 se suman a las más de 2.500 registradas en el territorio nacional por Michelle Bachelet desde la Oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos.
El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, informó que también se registraron 232 detenciones arbitrarias identificadas y otras 106 víctimas que presuntamente también habrían sido detenidas.
69% de las detenciones en casos de trabajares de la prensa fueron detenciones clandestinas y por tanto posiblemente ilegales o arbitrarias, mientras que solo 31% fueron acompañadas de procesos judiciales.
Prado indicó que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se han visto seriamente violados en 2020 en el contexto de la pandemia.
Al menos 79,3% de la población no tiene suficiente poder adquisitivo para cubrir la canasta básica, 96% de los hogares están en situación de pobreza y 79% en pobreza extrema.
Solo 13% de la población tiene agua potable de forma ininterrumpida y en cuanto a la alimentación, 27% de los venezolanos se encuentra en estado de mendicidad, mientras 42% de los hogares tuvieron que rebuscar alimentos en la calle y 35% afirmaron haber consumido alimentos que preferirían no haber comido.
Además, la canasta básica ronda los 300 dólares, lo cual equivale a 230 salarios mínimo para diciembre de 2020.
Grupos vulnerables
En cuanto a grupos en situación de vulnerabilidad, aseguró que los trabajadores de la salud fueron los más afectados con 297 de ellos fallecidos por covid-19 hasta diciembre de 2020, registrados por Médicos Unidos Venezuela y Provea.
“Es de destacar que Venezuela ostenta la cifra de mortalidad más alta de la región de trabajadores de la salud y la mayoría de los trabajadores son mujeres”, manifestó.
La comisión también documentó un total de 212 femicidios, de los cuales 56 adicionales se reportaron en el extranjero.
En el informe Discriminación estructural y violencia de género en Venezuela hasta agosto del año 2020: Ni una más Venezuela, determinaron que 86,4% de la población reporta que siempre o casi siempre fueron víctimas de acoso sexual.
Al mismo tiempo, cerca de 10 millones de mujeres están afectadas por la reducción de 326 toneladas de anticonceptivos.
La ONG Covite reportó escasez de 78% de los anticonceptivos. “Esto afecta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”, resaltó Prado.
Sobre las personas privadas de libertad, se confirmó que ocurrieron al menos 299 ejecuciones extrajudiciales en 2020 en cárceles nacionales. 61% de las ejecuciones estuvieron asociadas a violencia policial, mientras que 33% a desnutrición y condiciones de salud; solamente 4,4% fueron por otras causas.
En relación con la comunidad LGBTI, la oficina confirmó que hasta 2017 un total de 109 personas habían sido asesinadas debido a su orientación sexual, y para 2020 se confirmó que hay cerca de 6.000 familias LGBTI que requiere protección legal pero no la tienen. Apuntó que permanecen vigentes muchas leyes que promueven la discriminación en contra de este grupo de personas.
Protección de los defensores de los derechos humanos
En relación con las personas defensoras de derechos humanos, la comisión indicó que ocurrieron cerca de 286 ataques en su contra. En ese sentido, Prado aseveró que preparan un borrador de proyecto de ley para la adopción de medidas de protección de las personas defensoras mediante la creación de dependencia y análisis en la Defensoría del Pueblo.
Esa ley será presentada a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional elegida en 2015.
La tasa más alta en ecocidios de la región
Los derechos ambientales también se han visto seriamente perjudicados, reportándose ecocidios masivos. En este aspecto, Venezuela es uno de los países con los números más altos: 2.801.136 hectáreas en los últimos 5 años.
Igualmente, sucedieron 20 derrames de petróleo en el lago de Maracaibo solamente en 2020 y se reportó que los peces circundantes al golfo Triste presentan 350% más de mercurio en el tejido, lo cual afecta a los pobladores, que corren un riesgo más alto de padecer enfermedades cancerígenas.
En cuanto a la institucionalidad democrática, señala que el Parlamento nacional fue duramente asediado.
El documento detalla que la comisión ha buscado promover la ratificación de protocolos y tratados internacionales como el Protocolo de San Salvador y el Protocolo Adicional a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. También se han presentado cuatro solicitudes de medidas cautelares y más de 200 llamados urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe será enviado a los organismos internacionales de protección, especialmente para cumplir la recomendación de la FFM de acelerar el proceso de examen preliminar ante la Corte Penal Internacional y de cumplir la aplicación de la jurisdicción universal respecto de aquellas personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos, así como crímenes de lesa humanidad.