La Red Sindical Venezolana denunció este martes los «hechos de violencia e intimidación» que sufrieron dirigentes sindicales y trabajadores de la administración pública que se sumaron a las protestas de las últimas dos semanas para exigir mejores salarios y condiciones laborales dignas.
«Desde el pasado jueves, 19 de enero de 2023, organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado, así como colectivos armados, han intimidado y agredido a los trabajadores que protestan pacíficamente por sus reivindicaciones laborales», aseguró la red en un comunicado.
La entidad responsabilizó al Ejecutivo nacional de estas agresiones que tildó de «ataques», y detalló al menos tres eventos que tuvieron lugar en los últimos seis días y que representan «hechos de violencia e intimidación».
Destacó la «agresión verbal y física» que vivieron varios trabajadores y jubilados el pasado jueves, en el oeste de Caracas, por parte de un grupo de personas identificadas con el chavismo que estaban «visiblemente armadas».
Asimismo, informó que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) asediaron, en días distintos, las residencias del presidente del Colegio de Enfermería del estado Carabobo, Julio García, y del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas del estado Falcón, Starling Bracho.
«Estos hechos, que no son aislados, atentan contra la libertad sindical, el derecho a la protesta y la libre asociación. Responsabilizamos al Ejecutivo Nacional de estos ataques que poco contribuyen a la resolución de los problemas laborales», subrayó.
Pese a las agresiones, el grupo llamó a los trabajadores a mantener las protestas hasta lograr «un salario suficiente que permita vivir con dignidad y cuya referencia sea el costo de la canasta básica».
En marzo de 2022, el Ejecutivo fijó el salario mínimo en 130 bolívares, que equivalían entonces a unos 30 dólares, y que, debido a la inflación, se han visto reducidos a poco más de 6 dólares.
En contraste, una familia venezolana de cinco personas necesitó, el pasado diciembre, 63,24 salarios mínimos para costear la canasta básica, según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros (Cendas-FVM) difundidas la semana pasada.