En medio de una crisis social, política y humanitaria sin precedentes, el pasado viernes el Ejecutivo nacional ordenó otra prórroga del Estado de Excepción y Emergencia Económica, que tenía como objetivo -en enero de 2016- la recuperación de la economía del país. Luego de 16 prórrogas, la crisis aún no se ha solventado.
José Vicente Haro, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que la vigencia del Estado de Excepción y Emergencia Económica, que concentra todo el poder político y económico en el Ejecutivo nacional, se convierte en responsable de la crisis que atraviesa el país. A esto se suma la actuación de la asamblea nacional constituyente.
“El Estado de Excepción ha sido utilizado como un mecanismo perverso para subvertir el orden constitucional y para concentrar todo el poder político y económico en Miraflores”, dijo Haro en entrevista exclusiva para El Nacional Web.
Explicó que a partir de la acumulación de funciones en el Ejecutivo parten las recientes reformas económicas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro para “recuperar” la economía del país. Estas medidas incluyen el aumento de salario a 1.800 bolívares y la reconversión monetaria, que le quitó cinco ceros a la moneda.
“Estas medidas han agravado la economía del país”, aseveró el abogado.
Desde la implementación del decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica se han presentado y aprobado dos presupuestos de la nación en la asamblea nacional constituyente, un hecho ilegal porque solo la Asamblea Nacional es el órgano con competencias para aprobar esta propuesta. Haro señala que el presupuesto anual se ve estrechamente afectado por los decretos de Estado de Excepción.
El decreto genera, a juicio de Haro, preocupación en acreedores y mercados internacionales o en quienes prestan dinero a Venezuela para que cumpla con sus responsabilidades económicas.
“Todos empiezan a preocuparse, hacen una valoración y evalúan que los créditos que han dado a Venezuela son de alto riesgo, eso al final afecta mucho al presupuesto nacional y genera una carga en este”, aseguró.
Ante la aprobación del presupuesto por un ente vinculado al Estado, los recuros se utilizan para cubrir otros gastos que no tienen relación con las necesidades sociales como la compra de alimentos, fortalecimiento de la atención hospitalaria, seguridad, vialidad y servicios públicos.
“Esos decretos son gravísimos porque el Ejecutivo asume funciones que son de la Asamblea Nacional como la aprobación de contratos de interés nacional, aprobación de la Ley de Presupuesto, lo relacionado a la Ley de Endeudamiento. Todas estas materias, según el artículo 187 de la Constitución, deben presentarse como presupuesto ante la Asamblea y ésta lo aprueba o no”.
Ilegal 16 veces
La Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia son las únicas instituciones con potestad de aprobar un decreto de Estado de Excepción, de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República. En enero de 2016, nueve días después de la instalación del Parlamento, de mayoría opositora, el Ejecutivo presentó el decreto y pese al rechazo del poder Legislativo, el TSJ que, alejado de lo que dice la Carta Magna, declaró su constitucionalidad.
La Carta Magna también señala que la AN aprobará la prórrogas del Estado de Excepción y Emergencia Económica, las cuales, según lo que refiere el artículo 338 de la Constitución, el decreto tienen una duración de 60 días prorrogables hasta 60 días más.
El abogado constitucionalista señaló que la prórroga debió terminar el 13 de mayo de 2016. “Con estos decretos reiterados lo que se está dando es la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional”, aseguró el abogado.
Haro resalta que El Estado de Excepción y Emergencia económica tiene la finalidad única de resolver la crisis que atraviesa el país y destaca su inconstitucionalidad e ineficacia para cumplir lo prometido hace más de dos años por el presidente Nicolás Maduro.