El partido antichavista Primero Justicia (PJ) pidió este miércoles incluir la defensa de Citgo, filial de la petrolera venezolana Pdvsa, en el proceso de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, para construir una estrategia común con carácter de política de Estado.
«Consideramos que, en razón del carácter y relevancia estratégica de Citgo para nuestro país, debe ser prioridad y causa de interés nacional su recuperación. Esto nos convoca y obliga a todos los venezolanos a una estrategia común en la negociación en México, dándole su carácter de política de Estado», indicó la formación en un comunicado publicado en Twitter.
Exhortó a retomar, sin excusa alguna, el proceso de negociación en México, suspendido desde noviembre pasado, «para que en el marco de este espacio se asuma y se construya un acuerdo nacional para la defensa de este importante activo».
«Seguimos insistiendo ante la comunidad internacional y especialmente hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos para que extienda y restaure su política de larga data para proteger los activos de Venezuela ubicados en su territorio», añadió.
Asimismo, rechazó que se pretenda usar la crisis que atraviesa la filial petrolera como «una herramienta de persecución política».
El presidente del Parlamento de Venezuela, el oficialista Jorge Rodríguez, acusó el martes a PJ de robar recursos del país en el exterior para financiar la campaña de su candidato, Henrique Capriles, a las primarias, que celebrará el antichavismo el 22 de octubre, de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Rodríguez señaló que el opositor va a financiar su campaña con el dinero que, aseguró, «se está robando» la exdiputada Dinorah Figuera, dirigente de PJ y líder de un sector del antichavismo conformado por exparlamentarios del período 2016-2021, a quien «los gringos le acaban de regalar 365 millones de dólares» de Venezuela.
Nicolás Maduro afirmó el lunes que la ultraderecha del país es la responsable de que Estados Unidos esté robando Citgo, y aseguró que Venezuela ha dejado de percibir más de 900 millones de dólares mensuales por el despojo de este activo.