La fiscal general Luisa Ortega Díaz indicó que ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia por su convicción de que corresponde a las instituciones garantizar la estabilidad. “Todas las acciones intentadas por nuestra institución han sido desechadas, inadmitidas, negadas, sin que se produjera un pronunciamiento a fondo del Tribunal Supremo”, afirmó luego de conocerse que la Sala Electoral declaró inadmisible el recurso contencioso electoral que introdujo la funcionaria contra la constituyente.
Ortega Díaz cuestionó las acciones del máximo tribunal: “El TSJ no da solución efectiva a la crisis del país, lo que se encarga es de acelerar la crisis. Es difícil tener acceso al TSJ. ¿Cómo uno ejerce el derecho a la tutela judicial efectiva expresada en el artículo 26 de la Constitución? El TSJ ha sido un obstáculo para la paz del país”.
Ante ello, la fiscal solicitó la desincorporación de los 13 magistrados principales y los 20 suplentes designados por la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015, cuando era controlada por el oficialismo. Con la acción se busca demandar la nulidad de ese acuerdo del Parlamento. Aseguró, en entrevista aUnión Radio, que en su momento cuestionó el nombramiento de los juristas por vicios en el proceso. Argumentó que no denunció las irregularidades antes porque no había tenido acceso a las pruebas.
«No fue fácil para mí acceder a las actas de la designación de magistrados. Ese proceso estaba viciado. Dije: ‘Eso está mal hecho y no voy a firmar’. El proceso se hizo a espaldas mías. He demandado la nulidad del acuerdo emanado de la AN para la designación de los magistrados. Yo creo que la falta de legitimidad de origen de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad”, explicó.
Indicó que no tiene certeza sobre la forma como los magistrados fueron escogidos. “Cuando llegan los expedientes al Consejo Moral Republicano hay que hacer un baremo para determinar si los aspirantes cumplían con los extremos legales. Luego se convoca a una sesión para debatir sobre la elección de cada uno de los expedientes. Esto no se hizo”.
Añadió que los magistrados de 2015 deben inhibirse ante su solicitud, pero de no hacerlo, los recusará de derecho. Señaló que la institucionalidad del país se ha perdido y cuestionó la rapidez con la que el TSJ respondió a su último recurso, 4 días continuos, cuando la respuesta ha sido laxa en otras decisiones importantes para la nación.
Ortega Díaz subrayó: “Yo asumo la responsabilidad de todas las acciones que estoy llevando adelante. Si eso acarrea una responsabilidad, la asumo, porque yo creo que el país necesita personas que asuman su responsabilidad, que digan: ‘Esto ha ocurrido por un hecho, el cual yo ejecuté”, puntualizó la fiscal en referencia, principalmente, a los funcionarios. “¿Hasta cuándo al país se le dice que los responsables son otros y no quien ejecutó la acción?”, indicó.
Ayer la fiscal solicitó, ante la Sala Electoral del TSJ, copia de la decisión del recurso sobre la ANC que interpuso la semana pasada.
Persecución. La funcionaria rechazó las acusaciones que tildan de políticas sus acciones de los últimos días y que le endilguen llamados a la violencia. Denunció que el Ejecutivo persigue a su familia luego de las acciones que ha encausado para garantizar la institucionalidad de la nación.
“Es un tema que tienen que resolver conmigo. No es posible que mi familia sea objeto de amenazas. Hago responsable de cualquier daño a mi familia al gobierno nacional, al Ejecutivo nacional. Los acosan, los persiguen patrullas que parecen ser del Sebin, y el Sebin depende del Ejecutivo”, dijo.
Indicó que las amenazas de funcionarios del gobierno hacia ella han sido públicas y notorias.